Los números rojos

Las cifras de la guerra contra el narcotráfico solamente han quedado a deber. A 10 años de la ofensiva contra los cárteles de la droga destacan los números de la desolación, la impunidad y la falta de investigación y aplicación de inteligencia en el combate contra el crimen organizado en el país.

Son al menos 186 mil muertos, alrededor de 30 mil desaparecidos, 11 mil personas han pisado la cárcel acusadas de vínculos con el crimen organizado y las limpias de personal de la PGR han costado en indemnizaciones y pagos de salarios más de mil 350 millones de pesos.

 Con los datos oficiales disponibles se puede estimar que al año hay alrededor de 460 enfrentamientos entre Fuerzas Federales y la delincuencia organizada.

Los expertos y las organizaciones critican la falta de administración de las cifras para darle dimensión a la llamada guerra contra el narcotráfico. El desorden salta a la vista.

El total de asesinatos en el país en estos 10 años supera los 186 mil muertos. Las cifras del INEGI se tomaron de entre diciembre del 2006 -cuando arrancó el periodo calderonista- y diciembre del 2015 -último año completo del que el INEGI tiene registro oficial-.

El expresidente Felipe Calderón tuvo en su administración 122 mil 462 asesinatos oficialmente; en tanto que Enrique Peña Nieto lleva 63 mil 835 (de 2013 a 2015). No se toman en cuenta los de este año que está por terminar.

La guerra contra el narcotráfico que arrancó Calderón a finales de 2006, y que aún no se ha dado por terminada, ha arrojado la detención de casi 11 mil personas.

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Son 10 mil 934 personas que han sido puestas a disposición ante una autoridad ministerial presuntamente vinculadas con las nueve organizaciones criminales del país que oficialmente reconoce la PGR en estos diez años desde que arrancó este combate en México.

El inicio de la ‘guerra’

A unos días de haber asumido el poder, el 8 de diciembre de 2006 el presidente Felipe Calderón se lanzó a combatir con las Fuerzas Armadas y las corporaciones federales los cárteles de la droga en una lucha en la que, desde el principio, aseguró que habría muertos. Y lo cumplió.

Las estadísticas indican que en los últimos cuatro años del sexenio de Vicente Fox el combate contra los grupos delictivos estaba en segundo término. 

Apenas consiguió la detención de 39 presuntos integrantes de estas bandas. Una vez que llega su correligionario Calderón el número de aprehensiones se incrementó.

En promedio, de acuerdo con estadísticas de la PGR entregadas vía transparencia, en el sexenio de Calderón se aprehendieron a 991 supuestos capos por año, pues en el sexenio se reporta la detención de 5 mil 951 personas vinculadas con estos grupos criminales.

La PGR indica que hay nueve cárteles que operan en el país en los cuales participan estos presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Incluso detalla el supuesto cártel al que pertenecen estos detenidos.

En estos 10 años también hay capturas que no lograron ser acreditadas por la autoridad federal y en las que a los implicados les tuvieron que decir “usted disculpe”.

Tal es el caso de los funcionarios implicados en el caso conocido como El Michoacanazo, en donde 38 servidores o exservidores públicos fueron arraigados e ingresados en penales federales acusados de vínculos con la delincuencia organizada y no se les pudieron sostener los cargos en su contra en las investigaciones.

Objetivos prioritarios

El Gobierno Federal determinó que hay 122 objetivos prioritarios en la lucha antinarco.

Es decir, capos de la delincuencia organizada que tendrían que ser detenidos o asesinados (abatidos, dice la autoridad) en la lucha contra los cárteles de la droga.

Las últimas cifras de la PGR indican que hay al menos 95 detenciones de este listado. 100 si se cuentan las más recientes.

En el listado sólo falta por detener a Ismael “El Mayo” Zambada, cabecilla del Cártel de Sinaloa y Nemesio Oseguera “El Mencho”, ubicado como jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La lista de 25 personas que faltaría por capturar se mantiene con tachaduras de ley.

Presuntos inocentes

En México los presuntos culpables también son presuntos inocentes.

El escritor Édgar Morín plantea que en la investigación oficial hay problemas de coordinación interinstitucional para contabilizar los hechos y presentar las estadísticas.

El Cenapi contabiliza las aprehensiones de todo el esfuerzo federal que en estos 10 años suman casi 11 mil casos, pero eso no garantiza que los detenidos sean narcotraficantes.

“Por un lado, tienes las limitaciones reales técnicas del Ministerio Público para sostener ciertas acusaciones. Puedes aprehender a un montón de gente y les pueden incluso abrir un proceso. La bronca es que ese proceso, primero, se cae, y habría que ver por qué se está cayendo. Lo que vemos fundamentalmente es que los procesos no están bien hechos. Las acusaciones no están del todo sustentadas.

“Hay otro problema. El costo que esto estaría significando. Estamos hablando de casi 11 mil personas. Un aproximado de casi la mitad de las personas que están sentenciadas o procesadas en estos penales de máximo exterminio tienen que ver con delitos contra la salud. Ahí empieza otro elemento importante”, indica el investigador y autor del libro La Maña, que aborda el fenómeno del narcotráfico en México y algunos de sus personajes.

Morín asegura que las penas impuestas son excesivas para delitos como portación o portación, que muchas veces la realiza gente con dificultades económicas.

“Eso al Estado le cuesta mucho dinero, pero cuando encontramos testimonios, como lo que se ve en el texto de Los Malditos, es que las condiciones del interior convierte a estos lugares en centros de exterminio que se prestan a muy buenos negocios por el presupuesto, fundamentalmente en dos cosas: alimentos y medicamentos”, expone.

Hay cárteles que la PGR menciona, pero que en años pasados ni siquiera existían o no se sabía de su existencia. Asimismo, otros que actualmente se dice que ya no operan… pero siguen contabilizando capturas.

“Algunos de estos grupos son etiquetados pero no necesariamente corresponde a la realidad o igual no estaban configurados en ese momento como tal. Supongo el caso de La Familia o de Los Templarios, por ejemplo, en el sexenio de Fox. A lo mejor hay un problema en el registro, a lo mejor existían, pero no se llamaban de esa manera”, comenta.

El Estado tiene que reconocer que ha habido una cacería de presuntos implicados que han sido mostrados como narcotraficantes, dice el escritor.

“Con la ley como está, en lo relacionado con delitos contra la salud en específico, puedes meter a la cárcel a cualquiera y lo puedes mandar al infierno si quieres también. Ese es un problema real”, detalla.

Los inocentes que son llevados a las prisiones enfrentan serias dificultades para llevar su proceso, entre ellas que los casos se desarrollan en diferentes ciudades del país.

“¿Cómo ligas un proceso de delincuencia organizada cuando tienes a gente de distintos casos en distintas partes del país acusadas de cosas diferentes y no todo concentrado en un proceso?

“Esa es una de las broncas jurídicas que está en el caso de Ayotzinapa, por ejemplo. Este recuento nos puede dar mucha gente que han apresado y refundido en la cárcel. Ahí viene otro problema, cuáles son las condiciones para que la gente tenga el debido proceso”, explicó Morín.

Además, falta coordinación en comunicación.

“Son datos que deberían de estar integrados en su información. No parece haber un concentrado. En términos estadísticos, como de una política de información y comunicación social, tienes un problema grave. Hay un proceso incompleto”, refiere.

Inseguridad ‘color de hormiga’

La falta de coordinación de las autoridades y el desorden al momento de aplicar las estrategias de seguridad ha hecho que en ciudades que eran ejemplo del combate contra el narcotráfico ahora las cosas vuelvan a ponerse “color de hormiga”.

En materia de delitos de alto impacto, Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California, y Monterrey, Nuevo León, han presentado un repunte en sus estadísticas de homicidios dolosos.

“Ciudad Juárez se vuelve un espacio de oportunidad para los delincuentes. Pero lo mismo que en Ciudad Juárez se da en Baja California y Nuevo León. Tanto Baja California como Nuevo León. Si volteas a ver los casos de Tijuana y Monterrey, los dos traen aumentos sustanciales en delitos”, indicó Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

“Tijuana probablemente terminará con el peor año de su historia, no sólo ya regresó a niveles de violencia sino que probablemente superará los peores momentos que había tenido en algún momento en términos de homicidio”.

Rivas lamentó que la estrategia se centre en el desplazamiento de las fuerzas federales, en tanto que se olvidan otros ámbitos de gobierno.

“Por más que nos digan que hay coordinación, ésta no se ve ni siquiera en las instituciones. Si haces una solicitud de transparencia a dos instituciones en una te contestan una cosa y otra en otra.

Rivas señala además la falta de fortalecimiento de las procuradurías.

“(…) todo el tema de la investigación e inteligencia de las procuradurías es fundamental para que se pueda generar buen combate al delito, para que se sancione a los delincuentes”, detalló.

Además, la impunidad crea las condiciones para que los criminales sigan su operación. Los estados deben tener la estructura para detener a las bandas de secuestradores y las demás variantes del crimen organizado.