El procurador Raúl Cervantes, tras una reunión con su homólogo de EU, Jeff Sessions, informó que se acordóque el exgobernador fuera llevado ante la justicia estadounidense
La CONAGO anunció que prepara un Código de Conducta y Ética para los Ejecutivos estatales, a fin de establecer los lineamientos que permitan la transparencia en el manejo de recursos públicos
La PGR ha tenido buenos días a últimas fechas.
Entre las “medallitas” de su trabajo contra la delincuencia organizada se encuentra la colaboración para la detención de los exgobernadores Tomás Yarington, de Tamaulipas; y el veracruzano Javier Duarte. Además, esta semana la captura en la Ciudad de México del hombre que pintaba como sucesor de Joaquín “El Chapo” Guzmán en el Cártel de Sinaloa, Dámaso López, conocido en el mundo del crimen organizado como “El Licenciado”.
En la captura del exgobernador tamaulipeco el 9 de abril, la PGR se atribuyó la colaboración con las autoridades italianas a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, para la localización de Tomás Yarrington en Florencia.
La PGR confirmó oficialmente la detención del exgobernador, y tiempo después el procurador Raúl Cervantes, tras una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Jeff Sessions, informó que se estableció el acuerdo de que el exgobernador mexicano fuera llevado ante la justicia estadounidense. El pacto establece que una vez juzgado allá será entregado a México para que se haga lo mismo.
El pasado 21 de noviembre, la PGR ofreció una recompensa de 15 millones de pesos para dar con datos sobre el paradero de Yarrington.
El exgobernador Javier Duarte llevaba seis meses prófugo y el 15 de abril la Procuraduría escribió en su cuenta de Twitter: “Hemos detenido a Javier Duarte con el apoyo de la República de Guatemala”.
La Procuraduría pudo establecer los mecanismos que el exmandatario estableció para su fuga porque cometió errores fundamentales, entre ellos haber mandado a toda su familia en un vuelo privado para que lo visitaran en una zona de lujo en ese país.
La PGR descartó que se haya pactado una entrega y dijo que una vez hechos los trámites diplomáticos se espera que el exmandatario sea enviado a México para ser juzgado.
Estos dos casos, aunados a otras polémicas acusaciones que han enfrentado los exmandatarios locales, han hecho eco en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que anunció que prepara un Código de Conducta y Ética para los Ejecutivos estatales, a fin de establecer los lineamientos básicos que permitan la transparencia en el manejo de recursos públicos.
El proyecto será presentado en sesión plenaria de la organización el 3 de mayo próximo, aunque, señala el mismo Graco Ramírez, quien encabece temporalmente la CONAGO no prevé sanciones, si acaso unas normas de transparencia.
Más detenciones
Por último, la PGR logró el martes pasado la detención de quien era considerado el sucesor de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Dámaso López “El Licenciado” fue detenido en el edificio Hares en Avenida Ejército Nacional y Bahía de San Hipólito, colonia Nueva Anzures, en la Ciudad de México.
El capo enfrenta en Estados Unidos al menos dos acusaciones por lavado de dinero y conspiración para la distribución de cocaína, por lo que podría seguir el mismo destino que Guzmán Loera con su posible extradición a Estados Unidos.
La captura se la atribuyó la PGR con ayuda del Ejército mexicano y el mismo día la Fiscalía explicó que no se efectuaron disparos en los dos cateos efectuados para dar con el cabecilla del Cártel de Sinaloa, organización que -de acuerdo con la información oficial- buscaba una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de la mano de “El Licenciado”.
Por otra parte, en una acción relacionada en un conjunto habitacional residencial de Santa Fe, la Procuraduría detuvo a Víctor Geovanny González Sepúlveda “El Chómpiras”, a quien se le decomisaron tres armas cortas calibre .38, una máquina contadora, una bolsa con crystal, 14 teléfonos celulares y dos computadoras.
González Sepúlveda es ubicado como operador logístico y financiero, ya que era el encargado del pago de nómina a integrantes de la organización delictiva del Cártel de Sinaloa.
