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Durante los últimos tres años del actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto las solicitudes de arraigo han disminuido un promedio de 97 por ciento, según lo indican cifras de la Procuraduría
General de la República (PGR).
Según la dependencia federal en el año 2013 se registraron 627 arraigos contra 25 casos de la medida cautelar en el presente año, mientras que el último mes del año 2012 sólo se presentaron 48 personas arraigadas.
La información en poder de Reporte Indigo indica que del ultimo mes de 2012 a 2016, se dieron en total mil 75 arraigados, de los cuales en 923 casos se trata de hombres y 150 mujeres.
Los delitos por los cuales se procedió a esta medida cautelar en las citadas personas van desde delincuencia organizada, homicidio, traición a la patria, genocidios, delitos contra la salud, corrupción y tráfico de menores de edad, robo en diversas modalidades, entre otros.
Beneficio al erario
Esta reducción en el número de arraigos ha representado una disminución al gasto, pues se han bajado los costos de manutención de las personas que esperan iniciar un proceso judicial en su contra.
De 2012 a la fecha, sumando el gasto en insumos, se ha invertido un total de 36 millones 509 mil 535 pesos, en apartados como alimentos para los custodios y los custodiados, medicinas y productos farmacéuticos, servicios de higiene y lavandería, entre otros.
Durante le primer año de la administración de Enrique Peña Nieto se gastaron 20 millones 166 mil 929 pesos en estos insumos, pasando hasta el millón 673 mil 700 del presente año.
Nuevo sistema
La entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal en todo el país, desde inicio del 2016, cuenta con un una figura jurídica que ayuda a la disminución en el número de medidas cautelares, que es la presunción de inocencia.
Dicha figura estipula que todo imputado en la comisión de un delito, se le debe considerar inocente hasta que no se demuestre lo contrario, privilegiando la libertad de las personas mientras se realiza la recabación de pruebas en su contra o mejor llamado carpeta de investigaciones.
Solo se puede aplicar en la comisión de delitos declarados como graves que son, delincuencia organizada, homicidio, delitos contra a la salud, violación, corrupción de menores, entre otros.
