El debate de la Ley de Seguridad Interior inició este martes de una forma excluyente de las voces que defienden los derechos humanos y podría terminar en una legislación que represente una amenaza para los mismos y el Estado de Derecho.
Organizaciones civiles firmaron un pronunciamiento en el que advierten los focos rojos del debate de un tema que ha afectado al país en los últimos 10 años.
En un comunicado, expresaron que “es latente el peligro de que se apruebe una regulación” que no incentive el fortalecimiento de las policías civiles y que profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad sin contrapesos y rendición de cuentas.
Los firmantes del comunicado son Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Centro de DH Fray Francisco de Vitoria, Centro Prodh, Fundar y México Unido Contra la Delincuencia.
Advierten además, que es “preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó ‘impunidad institucional castrense’”.
La reglamentación del concepto de seguridad interior incumpliría abiertamente la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado, pues la seguridad pública está a cargo de autoridades civiles, “lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció”.
“El concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos”, señalaron, citando a la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
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Las organizaciones exigen un diálogo y debate abierto, pues el anunciado ha sido “precipitado y poco diverso” y socava las bases democráticas de una discusión quedebe tener la máxima publicidad y pluralidad.
“Frente a la posibilidad de que se imponga una Ley de Seguridad Interior de forma apresurada y opaca, llamamos a ampliar el debate incorporando todas las perspectivas”, señalan.
Finalmente, consideran que es posible una política de seguridad compatible con los derechos humanos y el Estado de Derecho adoptando un paradigma que cambie de fondo el que ha imperado en los últimos 10 años.