Ejército, sin marco jurídico

A 10 años de que elementos del Ejército Mexicano –y posteriormente la Marina– abandonaran sus cuarteles para combatir a la delincuencia organizada, aún no existe una legislación que le dé un marco jurídico a su actuación.

Las palabras del Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, pidiendo que se regularice la situación de las Fuerzas Armadas ya no puede ser tomado a la ligera por la clase política.

“O nos dan un marco legal adecuado o nos regresan a los cuarteles”, señaló el titular de la Sedena.

El viernes el presidente Enrique Peña Nieto coincidió con Cienfuegos, en que las Fuerzas Armadas no tienen como misión constitucional la seguridad pública.

“Nuestros soldados y marinos están para cumplir con una misión, para preservar la seguridad interior, para cuidar de nuestra soberanía y no necesarimente para hacerse cargo de tareas que en estricto corresponden a las policías investigdoras y a las distintas procuradurías del país”, señaló Peña Nieto durante el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia.

El mandatario aclaró que los militares seguirán apoyando en el combate al narcotráfico mientras las policías locales no estén preparadas para hacerlo en México.

Estas declaraciones son un llamado a los actores políticos, pero sobre todo, una exigencia al Congreso para que legisle la participación del Ejército en tareas de seguridad.

Pero esta postura no es nueva. Es una inquietud de años, pues ya desde inicios de 2013, Cienfuegos pidió mayor autonomía en tareas de investigación y atención de denuncias para que las Fuerzas Armadas siguieran en tareas de seguridad pública.

“Necesitamos una legislación para poder trabajar y seguir combatiendo al crimen organizado. No tenemos apoyo jurídico para participar”, afirmó el General unas semanas después del arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Nada ha pasado.

En el Congreso de la Unión hay al menos tres iniciativas congeladas en ese sentido. Una del PRI, otra del PAN y una más de Movimiento Ciudadano. Dos fueron presentadas este año y una más está pendiente desde 2015.

La más reciente –la del PRI– fue puesta sobre la mesa apenas en noviembre pasado, y sin embargo, no ha sido considerado un tema prioritario y por lo tanto no tiene fecha ni para su discusión ni para aprobación.

Hace una década los políticos decidieron sacar al Ejército de sus cuarteles para apoyar en la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, los constantes señalamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos parecen haber mermado el entusiasmo de las Fuerzas Armadas por colaborar.

“Nuestros soldados ya se lo están pensando si le entran por riesgo a ser acusados por violar derechos humanos”, admitió el oficial.

Un tema tabú

En 2015, el diputado panista Jorge Ramos presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional. En ella se pretendía reglamentar la intervención del Ejército y la Marina en tareas de seguridad interior.

“Una reforma que le dé certidumbre a todos los actores de este país, certidumbre al Ejército Mexicano, a la Marina, de que sólo podrán ser utilizados por causas expresamente especificadas en una declaratoria de causa de Seguridad Nacional, en la que se especifique temporalidad de la intervención, los recursos materiales y financieros a aplicar, el espacio de aplicación y la territorialidad en la que habrán de intervenir y una justificación de hechos y consideraciones que legitimen la intervención de las Fuerzas Armadas”, detalló el panista, en noviembre de ese año.

Sin embargo, a más de un año de distancia, la iniciativa sigue congelada en la Cámara de Diputados.

“En principio lo que me decían en la Secretaría de Gobernación y algunos diputados ahí en la Cámara es que el tema de regular las Fuerzas Armadas era un tema muy delicado”, señaló Ramos en entrevista para Reporte Indigo.

El actual presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados indicó que, aunque nunca se ha negado la utilidad y la viabilidad de la iniciativa que presentó, el que siga en la congeladora tiene que ver más con un tema de corte partidista, político, que con la agenda de seguridad en el país.

En la iniciativa, el legislador propuso que las Fuerzas Armadas pudieran realizar operaciones de inteligencia y contrainteligencia, además de tener una colaboración más estrecha con el Ministerio Público.

“No han sido capaces por sí mismos los cuerpos de seguridad poder estabilizar la paz en una localidad, se requiere el respaldo de elementos de la Marina y Militares, pero, ¿cómo hacer un acompañamiento en un esquema de coordinación donde la debilidad jurídica es  evidente?.

“Con esta debilidad, no es posible la coordinación que verdaderamente le permita al país restituir la tranquilidad”, remarcó Ramos.

El panista coincidió con la declaración del titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, en el desgaste que viven las Fuerzas Armadas por la debilidad del marco regulatorio y por atender tareas que son responsabilidad de autoridades civiles.

De acuerdo con Ramos, cuando el Ejército intervino por primera ocasión en las labores de seguridad pública tenía un nivel de aprobación del 91 por ciento. Hoy se ubican en un 70 o 71 por ciento.

“Ahora que los secretarios, tanto de la Marina, tanto de la Defensa han hecho pública la inconformidad, la situación no podría ser más manifiesta.

“Ya llegar a plantear públicamente (…) es un hecho sin precedente. Los elementos de las Fuerzas Armadas están ya reconsiderando su intervención, por el nivel de riesgo jurídico”, remarcó.