La tajada naranja

Enrique Alfaro Ramírez y los alcaldes que lidera desde Guadalajara, intentaron que el Gobierno de Jalisco les cediera el control sobre el 30 por ciento de todo el gasto en seguridad que se hace a nivel estatal, una tajada que podría superar los 2 mil 126 millones de pesos (MDP).

La exigencia se dio durante las negociaciones de 2016 para iniciar con la Policía Metropolitana que quería Alfaro Ramírez y, por tanto, sus munícipes, sin embargo, el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) advertiría que ningún estudio avalaba el tamaño de la bolsa solicitada.

Si bien los alcaldes del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) nunca lo hicieron público, su interés por hacerse de ese fondo del gobierno del priista Aristóteles Sandoval Díaz quedó plasmada en las minutas de las mesas de trabajo entre el Estado y municipios, para aterrizar esa Policía o Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS).

La AMS fue una promesa de campaña de Alfaro Ramírez que buscaba fusionar en un nuevo Organismo a las nueve Policías municipales citadinas, con todos sus bienes muebles e inmuebles, presupuestos y fondos federales, y la cual homologaría el salario de sus oficiales.

Las minutas evidencian también, empero, que la homologación salarial no era, en realidad, una prioridad para la AMS, o al menos, que esa nivelación no se tenía prevista para su comienzo.

Y revelan dos aspectos más sobre la AMS impulsada por Alfaro Ramírez: primero, que despertaba dudas no solo en el gobierno estatal del PRI, sino entre los propios municipios bajo su control político, como Zapopan; y que tenía grandes huecos en su diseño, pues carecía de previsiones sólidas sobre su impacto financiero.

Ante tales deficiencias, finalmente el 17 de octubre de 2016 se decidiría que la AMS no fuera más que una mera instancia de estrategia y planeación, sin fusionar Policías ni tener mando sobre estas, pues se reactivaría la Fuerza Única Metropolitana que creó el Ejecutivo.

La arista millonaria

Las minutas de las mesas de trabajo del 23 de septiembre de 2016, obtenidas por Reporte Indigo, muestran que la Subsecretaría de Finanzas del Estado cuestionó la bolsa que se le estaba requiriendo ceder a la AMS.

“No se cuenta con un detalle específico de planes y proyectos de la AMS para determinar el análisis de disponibilidad de recursos y análisis costo-beneficio de la inversión”, y lo más importante.

“El convenio establece una aportación por parte del Gobierno del Estado del 30 por ciento de los recursos que actualmente destina a la función de seguridad, sin embargo, no se define cómo se determinó ese porcentaje”.

Además “no se tiene conocimiento de la inversión que los municipios hacen en materia de seguridad, y en consecuencia, las necesidades que cada uno tiene”.

En esa mesa la voz de Alfaro Ramírez fue abanderada por su Imeplan que, aun sin autonomía y estar bajo su total dominio, le advirtió esto a Finanzas del Estado:

“Respecto a la aportación estatal, mencionar que este porcentaje es una estimación para contemplar nivelación salarial y aprovisionamiento de una fuerza policial metropolitana. No hay un estudio que justifique por qué el 30 por ciento”, aceptó.

En el Presupuesto 2017 de Jalisco, en su Sector Central que compete solo al Ejecutivo, el rubro de seguridad categorizado como “Estado de Derecho” se previó con 7 mil 089.5 MDP, lo que dimensiona la pretensión de los alcaldes naranjas.

Esta arista millonaria de la pugna política entre Alfaro Ramírez y Sandoval Díaz alrededor de la AMS, empero, nunca fue difundida por estos.

Finanzas insistiría en el mal diseño prospectivo de la AMS: “Es indispensable especificar en un proyecto financiero cuál es la cantidad de recurso que se tiene ahora por parte de los municipios, y cuáles son las necesidades a futuro que tiene la constitución de la AMS, para valorar la necesidad de recursos y el impacto financiero para municipios y el Estado”.

El Imeplan respondería: “los municipios hasta ahora solo tienen una estimación de sus gastos”.

Los salarios

Fue por una intervención del gobierno de Tonalá en esa mesa, gobernado por el PRI y no por el mayoritario PMC, que se evidenció que la homologación del salario policial no estaba prevista para efectuarse desde el arranque de la AMS.

En la metrópoli aún hay oficiales que perciben 5 mil 504 pesos, como en Juanacatlán, y no obstante, revela la minuta:

“Tonalá expone sus dudas derivadas del convenio, respecto a ¿quién cubre la nivelación salarial para homologar salarios? y ¿cómo se realizarán las transferencias de las obligaciones patronales? (IMSS, pensiones, etc.)”.

Respondió el lado alfarista: “En cuanto a homologación de salarios, el representante del Imeplan comenta que cada municipio deberá aportar los recursos que actualmente destina a la función de seguridad. En un principio NO (sic) se homologa el salario, hasta que se desarrolle el modelo financiero correspondiente”.

Y añadió “que los municipios permanecen con las obligaciones patronales”.

En las nueve Policías de la urbe hay 4 mil 392 agentes que ganan por debajo de uno de Zapopan, el mejor pagado, con 17 mil 12 pesos; su igualación requería que los Ayuntamientos aumentaran su gasto anual en 208.1 MDP, de acuerdo a lo que publicó Reporte Indigo en “Policía de tintero”, en octubre de 2016.

Estira y afloja

Mientras transcurría la pugna política PRIPMC por la Agencia Metropolitana de Seguridad, Jalisco alcanzaba estos índices:

1,152 homicidios en el estado durante el 2016

13 por ciento crímenes más que en 2015 (mil 17)

27 por ciento más que 2014 (904), en un descenso de violencia