"Nuestra intención es que esta ley tenga como fundamento el reparar el daño a todas las víctimas que se produjeron”
Tras largas horas de espera e intenso cabildeo, ayer se aprobó el dictamen para modificar la Ley General de Víctimas.
En la tarde de ayer las comisiones de Justicia, Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos sancionaron en lo general el dictamen para modificar la ley que entró en vigor el pasado 8 de febrero.
Ante la presencia de diversos representantes de organizaciones sociales los senadores aprobaron por unanimidad, y sin reserva alguna del PRI y el PRD, el paquete de reformas presentado hace un mes por los activistas Javier Sicilia, Alejandro Martí y María Elena Morera.
El paquete contempla optimizar el marco legal promulgado y establecer una coordinación entre los distintos niveles de gobierno para lograr establecer mecanismos de acceso común a la justicia, asistencia y reparación integral de los afectados.
El gobierno federal será el encargado de garantizar el cumplimiento de la legislación que deberá ser acorde a los instrumentos internacionales aplicables.
La reforma define a las “víctimas indirectas” que son los familiares o aquellas personas que tengan relación directa con la víctima. También define a las “víctimas potenciales”: las personas físicas cuya integridad o derechos peligren por asistir a la víctima y a las que se debe otorgar protección en caso de que su vida y libertad sean amenazadas.
Además se establece el concepto de “hecho victimizante”, los actos u omisiones que dañen, menoscaben o pongan en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona, convirtiéndola en víctima.
Ahora dichos actos podrán ser tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos de acuerdo con las normas previstas en la Constitución Política mexicana y los tratados internacionales.
También se incorporan medidas para eliminar trabas para que las personas que han sufrido privación de libertad puedan acceder a la justicia.
Sin embargo, hubo 21 reservas presentadas en su mayoría por legisladores del Partido Acción Nacional.
Por la mañana, antes de ser aprobado el dictamen, la fracción albiazul presentó una iniciativa para regular diversas disposiciones en materia de atención integral y reparación del daño a víctimas.
Las propuestas suscritas por los senadores Adriana Dávila Fernández y Ernesto Cordero Arroyo contemplaban modificar diversas disposiciones de la actual Ley General de Víctimas como: determinar criterios adicionales para el otorgamiento de medidas asistenciales a víctimas, modificar la integración del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, transformar las facultades de su Comisión Ejecutiva, que la Comisión y las estatales las presida un procurador electo por el Ejecutivo federal y ratificado por el Senado, entre otras.
Los albiazules buscaban incorporar en sus reservas la creación de fondos gubernamentales para que, de este modo, los ejecutivos estatales formen parte de la compensación por el daño a las víctimas.
Para Silvano Cantú, la iniciativa del PAN prueba “una desconfianza que linda en la criminalización de las víctimas, como si se tratara de personas mentirosas que van por los pasillos del gobierno pidiendo limosnas”.
El coautor de la Ley de Víctimas, dice que la iniciativa de “ley de reparaciones” es deplorable porque precariza totalmente el esquema de protección a las víctimas y representa una violación al principio de progresividad del artículo 1o, constitucional.
PRI y PRD, claves en aprobación
Desde el martes estaba clara la postura de los dos partidos clave en la aprobación del dictamen: PRI y PRD.
La senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, reiteró su convicción sobre la pertinencia de la reforma. En el mismo sentido, se pronunció la senadora tricolor Arely Gómez que coincidió en la necesidad de sacar adelante esta ley.
Acción Nacional es el partido que se dividió en el tema. Por un lado, hubo un sector que apoyó la iniciativa impulsada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Especialmente, el que no se identifica con “el calderonismo a ultranza”. Este último sector albiazul es el que ayer presentó diversas reformas a la Ley de Víctimas.
Entre ellos, algunos que los coautores de la ley consideran muy graves.
Horas antes de la aprobación del dictamen, Julio Hernández Barros refirió la propuesta albiazul sobre que la víctima tuviera hasta un año para pedir ayuda o reparación del daño.
Con ello se buscaba que la reparación se diera a partir del sexenio peñanietista. Cuando, recuerda Hernández Barrios, esta ley se origina por el estado de emergencia nacional o estado de crisis humanitaria gestado durante el gobierno de Felipe Calderón.
“Y nosotros tenemos toda la intención de que esta ley tenga como fundamento el reparar el daño a todas las vícitmas que se produjeron durante los últimos seis años, no durante el último año. De forma que no aceptaremos ninguna limitación que no sea la prescripción propia de los delitos de acuerdo con las leyes penales”.
