Los protocolos para la atención contra la violencia, acoso y hostigamiento sexual en el Gobierno federal, tienen que dar seguimiento a los casos y aplicar castigos con la Secretaría de la Función Pública (SFP), sugiere Samantha Páez, directora de Análisis de la violencia de género del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla.
“Se tendría que seguir este protocolo y, como lo plantea el mismo documento, dar cabida a las investigaciones e informar muy puntualmente a la Secretaría de la Función Pública para que se tomen acciones con respecto a estos delitos”, explica la especialista.
La sanción contra el victimario debe ser de acuerdo con el grado de la agresión, y realizarse desde un apercibimiento, un acta administrativa, la baja definitiva o incluso sanciones penales.
“Se puede incluso recurrir a una separación del cargo, y desde luego que todas estas acciones administrativas no son las únicas que se pueden emprender, la víctima (denunciante) podría acudir al ámbito penal y, desde ahí, solicitar otro tipo de sanciones”, expone.
Los propios protocolos marcan que se tienen que realizar al interior de las dependencias federales campañas internas sobre los procedimientos para llevar a cabo estas denuncias.
“Muchas de las instituciones solo cambiaban de área a las víctimas pero el violentador seguía en las instituciones, y lo único que provocaba es que otras mujeres fueran susceptibles a este tipo de violencia. Creo que sí tiene que haber un compromiso muy claro de las instituciones de respetar la ley y actuar desde la vía administrativa. En primer lugar, elaborar su protocolo, generar su unidad de género y que tengan muy claras las sanciones que se van a establecer y que se dé aviso, como bien lo menciona el protocolo, a la Secretaría de la Función Pública para que también a su vez se realicen las investigaciones”, expone.
Menciona que aunque la gran mayoría de las denuncias son de mujeres, reconoce que también hay casos de hombres acosados por otros hombres e incluso por mujeres, pero el contexto cultural los limita a tramitar la denuncia.
“Por no querer verse débiles con el resto de los compañeros, por sentir que deben minimizar las propuestas sexuales sobre el acoso, porque son hombres no denuncian”, menciona.
