Puebla se ha convertido en un lugar inseguro para las mujeres. En los últimos meses, los casos de feminicidios y desaparición, han encendido las alertas en las autoridades. Incluso, a finales de octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a declarar Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en territorio poblano.
De acuerdo con la CNDH, entre enero y septiembre se habrían perpetrado 83 feminicidios en la entidad; así como 279 desapariciones hasta julio, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED).
Derivado de estos hecho de violencia, la Segob envió al Senado de la República un informe donde se destaca la implementación de cinco medidas específicas para contener los feminicidios en el estado de Puebla, en aras de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de las mujeres.
El Senado, al igual que CNDH y diversas organizaciones de la sociedad civil, ya había instado a la Segob para que emitiera la alerta.
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El anuncio de este martes, ocurre luego de que la dependencia, negara emitir la alerta en julio. Sin embargo, ya había realizado recomendaciones a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
El informe entregado hoy la Cámara alta destaca la elaboración de un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, que busque identificar las problemáticas particulares de cada región, para generar acciones específicas de prevención de este flagelo, en coordinación con la Conavim.
Además, diseñar y ejecutar una estrategia para atención y prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público, y crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres que, mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y psicosociales, permita identificar las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad.
Conformar un grupo -unidad especializada en la que se involucren las autoridades de procuración e impartición de justicia- encargada exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de investigación relacionadas con los feminicidios, homicidios y desaparición de mujeres, así como delitos de índole sexual de los últimos ocho años.
Entre las funciones que deberá ejecutar esta unidad se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones, con el propósito de sugerir las diligencias que podrán llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos.
Otra de las acciones es fortalecer (con recursos económicos, materiales y humanos) a las instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres.
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La Secretaría de Gobernación especificó que la implementación de todas estas medidas, es ineludible para atender y combatir la situación de violencia en la entidad, pues tanto el diagnóstico, como el funcionamiento adecuado del Banco de Datos, son fundamentales para observar los factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres.
