La Secretaría de Gobernación (Segob), en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), exhortaron al Congreso de Nuevo León a no aprobar el ‘pin parental’, pues esta medida vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La Segob hizo un llamado para que el Congreso de Nuevo León vele por los derechos de los estudiantes de educación básica y protejan la Constitución.
El Congreso de este estado se prepara para en breve legislar acerca de un permiso escrito con el cual los padres de familia darán o no su autorización para que sus hijos reciban información acerca de sexualidad, reproducción y género.
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Esta iniciativa, que reforma la Ley estatal de Educación, ya fue aprobado por mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge de León.
“En su conjunto, las reformas posibilitan la pérdida de la rectoría del Estado sobre los contenidos educativos al trasladar a las madres y los padres de familia un amplio veto sobre estos. Las reformas contravienen el Interés Superior de la Niñez y el derecho a la educación bajo los principios rectores constitucionales e infringen la competencia federal sobre la materia”, menciona en un comunicado la Segob.
La reforma plantea una modificación al artículo tercero, párrafo noveno, para permitir a madres y padres tener un “derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
También se establece que los padres, madres y tutores tendrán derecho a dar su consentimiento previo sobre el contenido de las clases y actividades, talleres y charlas, “que se impartan en los centros educativos que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas”.
En caso de que estas reformas llegaran a aprobarse, la Segob menciona que podrían ser declaradas inconstitucionales por las autoridades competentes en la materia.
La declaración de inconstitucionalidad se deberá a que esta reforma viola los principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos al restringir el derecho a la educación bajo los ejes rectores que prevé la Constitución y los tratados de los que México es parte.
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“Las reformas extralimitan la competencia del Congreso de Nuevo León para legislar en materia educativa al referirse a los contenidos de planes y programas de estudio. La federación, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tiene competencia exclusiva sobre la definición de estos contenidos, sujetándose a los principios rectores que extensamente establece el artículo tercero constitucional”, menciona la Segob.
La dependencia a cargo de Olga Sánchez Cordero resalta la laicidad de la educación pública en México, la cual permite el respeto a la libertad de todas las creencias religiosas y espirituales.
La Secretaría de Gobernación hace un llamado a los integrantes del Congreso de Nuevo León a velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes, y a proteger la Constitución.https://t.co/Sr5RRn2gzx pic.twitter.com/277nDoQgRK
— Gobernación (@SEGOB_mx) May 28, 2020
