Familiares y abogados de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos desde hace 13 años, confían en que la búsqueda que emprenden para encontrarlos tenga avances luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió su caso y determinará la responsabilidad de la Sedena y la entonces PGR.
El 25 de mayo de 2007 en Oaxaca se perdió todo rastro de los luchadores sociales luego de ser detenidos por militares y policías.
Es por ello que el máximo tribunal de justicia tendrá en sus manos determinar si la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR), hoy FGR, fueron responsables de la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo.
La resolución del caso de los dos eperristas también podría sentar un precedente para otras desapariciones forzadas, en el que las instituciones imputadas de cometer esos crímenes sean obligadas a rendir cuentas sobre el paradero de las víctimas
El abogado Sandino Rivero expresó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó remitir a la SCJN el caso de un amparo promovido por familiares de los desaparecidos, y cuyo fallo fue impugnado por la Sedena y la entonces PGR.
“En 2013 presentamos un juicio de amparo que se resolvió apenas el año pasado, ahí se reconoció la violación a derechos humanos en contra de los dos luchadores y sus familiares, ahí se ordena a la Fiscalía seguir investigando porque no hay una investigación seria, efectiva e imparcial como lo dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, se debe de hacer pública la investigación en su página de internet con nombres de los responsables”, explicó Rivero.
De acuerdo con el abogado, la parte que le corresponde acatar a la Sedena es permitir la entrada a los cuarteles militares y que los mandos que estuvieron en funciones durante mayo de 2007 en Oaxaca comparezcan ante las autoridades; sin embargo, tanto la Defensa Nacional como la FGR se inconformaron e interpusieron recursos para evitarlo.
Al preguntarle a Sandino la importancia de que participe la SCJN en este caso, el abogado expuso que jurídicamente implementaría nuevos criterios sobre el delito de desaparición forzada así como del Artículo 15 de Ley de Amparo que puede interponer cualquier persona que haya sido víctima directa o indirecta de desaparición forzada.
“La Suprema Corte puede interpretar en este caso el derecho a la reparación integral del daño, esto puede ser benéfico no solo para los dos luchadores en cuestión sino también para futuros casos del mismo delito”, dijo.
Por su parte, Santiago Corcuera, integrante de la comisión civil de seguimiento y búsqueda del caso, destacó que la SCJN tiene la oportunidad de plantear un precedente con características suficientes para que en otros casos que deban ser resueltos por otros tribunales federales o locales, se tome en cuenta el criterio que ésta dé.
Aquí se hace un grito fuerte de la exigencia de justicia, esta es una dorada oportunidad de detener y enfrentar la opacidad que las autoridades castrenses y la ahora Fiscalía quieren mantener
Para Corcuera, la importancia de este caso es trascendental ya que es una muestra de cómo en estos días se sigue presentando la persecución política y la falta de justicia como se vivió en la Guerra Sucia contra quienes protestaban contra el gobierno.
Como muestra de que en estos años no se ha desistido en la búsqueda de los activistas, Nadín Reyes, hija de Edmundo, recordó que en mayo de 2019, el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió el amparo a favor de los desaparecidos así como de sus familiares.
“En dicha sentencia el juzgado ordenó a la Procuraduría tomar la declaración de mandos militares que pudieran estar involucrados y reconocer la conformación y creación de una Comisión Especial de Búsqueda, nosotros la hemos formado pero las autoridades no la reconocen”, comentó.
De acuerdo con Sandino, aunque la Comisión se creó desde el año pasado, no la reconocen las autoridades federales porque argumentan que no había una sentencia definitiva. A pesar de ello, los abogados y familiares tienen esperanza en que en manos de la Suprema Corte la Comisión tenga el debido reconocimiento y así pueda participar en mecanismos de búsqueda.
Indiferencia de la 4T para llamar a Sedena y FGR a cumplir
Aunque los familiares aseguran que se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para pedirle que la Fiscalía y la Sedena acataran la resolución de los juzgados, lamentan que el funcionario no los haya tomado en serio.
“Hubo un acercamiento con Encinas en mayo de 2019, parecía que iba a ser bueno, le comentamos lo de la sentencia y dijo que iba a gestionar una reunión con Sedena y FGR para dialogar pero no nos resolvió nada”, comentó Sandino.
Por su parte, Nadín agregó que el subsecretario había hecho el compromiso de poder gestionar con la Comisión Nacional de Búsqueda un plan específico para el caso y aunque habían aceptado la petición, hasta el momento no se ha llevado a cabo dicha reunión.
“Aparentan tener la voluntad de hacer su trabajo pero lo que vemos es la indiferencia que nos toca como víctimas”, aseveró.
Gilberto López Rivas, quien también integra la comisión lamentó que la actual administración le haya dado más poder al Ejército y sobre todo continúe el proceso de militarización cuando en más de un caso se ha demostrado que las fuerzas armadas han participado en desapariciones forzadas.
Por último, Sandino detalló que de no obtener respuesta favorable de la SCJN, no descartan la posibilidad de acudir a la CIDH ya que el único objetivo en todos estos años de lucha es llegar hasta las últimas consecuencias.
