Sed de justicia

Día 34. Los ojos de Miguel siguen fijos en el pequeño charco que las lluvias de los recientes días dejaron afuera de su casa. Mira el agua como si esperara que de ahí saliera una respuesta.

“¿Qué vamos a hacer ahora?”, pregunta un poco para él mismo y un poco para quien lo escucha.

El hombre es uno de los miles de rancheros que están sufriendo aún los efectos que dejó el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido en el río Sonora.

Ha vivido en el Ejido de Baviácora desde hace tanto que no se acuerda. Y hasta hace poco su problema más grande era no saber si llovería o no.

Desde hace cuatro años está con esa angustia a causa de falta de agua. En el 2011, la Conagua declaró zona de desastre natural por “sequía severa” a 11 municipios de Sonora. El año siguiente, el estado registró las peores captaciones pluviales en los últimos 30 años.

Pero de eso ya llovió. Llovió como hace mucho no llovía. Llovió tanto que a principios de septiembre de este año el Sistema Nacional de Protección Civil y el gobierno de Sonora activaron alerta amarilla y verde por la llegada del huracán “Norbert”.

Y eso hubiera sido una buena noticia, si un mes antes la minera Buenavista –filial de Grupo México- no hubiera derramado un químico que contaminó el agua de la región.

Pero no solo don Miguel tiene problemas con el agua a causa de ese desastre ecológico. Hay otro señor, Padrés, Guillermo Padrés que también enfrenta su propia tormenta a causa del vital líquido.

Es el gobernador de Sonora, quien fue acusado de acaparar en una presa privada que se ubica en el rancho ‘El Pozo Nuevo’ -propiedad de su familia- cerca de 10 millones de metros cúbicos de agua.

Con esa cantidad, se podría abastecer durante dos meses y medio a Hermosillo. Con esa cantidad, Miguel podría haberle dado agua a sus vacas y sus vacas no se habrían muerto.

Y es que Miguel no sabe qué fue lo que echaron al río Sonora. Lo único que sabe es que el agua se pintó de naranja y mató a 8 de sus reses. Él no sabía que no podían beber del río. Ahora lo sabe. Pero ahora ya es tarde. Ahora que no tiene sus vacas, Miguel siente que no tiene nada.

Pero el problema no es solo de Miguel o del gobernador. El problema de la falta de agua va más allá. Más allá incluso de las fronteras del país.

México debe a Estados Unidos 468 mil 723 millones 105 mil 010 litros del líquido. Se los debe, porque en 1945 ambos países firmaron un tratado en el que se comprometieron a proporcionar más de 431 mil millones de litros de agua cada año, pero México no ha cumplido con su obligación.

Y no por que no quiera.

Según Ignacio Peña Treviño, responsable de la sección México de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, el país ha enfrentado una sequía prolongada desde 1994 hasta ahora.

“Ha sido difícil para México dar esta agua”, dijo.

Como ha sido difícil para Miguel decidir qué hacer. Lleva días acomodando en cajas sus pocas cosas. Haciéndose a la idea de que se tiene que ir, y resistiéndose también a esa idea.

Empaca y desempaca.

Mete sus tiliches en el día y para cuando se pone el sol ya están de nuevo acomodados en su lugar. Porque no quiere irse, pero no sabe a qué quedarse.

Los de las casas cercanas le dicen que ya el gobierno va a resolver el asunto. Que les van a dar dinero para que compren más vacas y para que vuelvan a empezar. Pero a este viejo de casi 70 años, el gobierno no le da confianza.

Ha escuchado muchas cosas. Como las historias de los Yaquis y su resistencia a la construcción del Acueducto Independencia.

Ese que se le ocurrió precisamente a Padrés, el gobernador del estado. Ese para el que, dicen los de la tribu, nadie les consultó y por lo que se han mantenido el pie de guerra en contra de que avance.

Así que Miguel no le cree mucho al gobierno.

“De verdad no sé qué hacer”, replica mientras moja su huarache en ese charco lodoso que permanece afuera de su casa.

El hombre tiene los ojos grises, pero jura que cuando era joven estaban azules. Los surcos en su cara son la prueba viviente de que, aunque estos días han sido de lluvia, aquí todo es seco como las promesas.

“Pasamos años sin que caiga una gota de agua, y ahora que se vino una buena temporada, resulta que no podemos usar esa agua porque toda valió madre con los químicos esos que la pinche minera tiró al río”, reclama el hombre con una voz más fuerte que el aguacero que cayó apenas anoche.

Entonces recuerda a sus vacas otra vez.

Y ese aguacero se le atora en el pescuezo y le sube de alguna forma hasta llegar a sus ojos grises, que antes fueron azules.

“¿Qué vamos a hacer ahora?”, vuelve a preguntar, ahora sí solo para él.

La resistencia de los Yaquis

La mañana del jueves 11 de septiembre, el vocero del pueblo Yaqui, Mario Luna Romero, fue detenido en Ciudad Obregón, por hombres armados vestidos de civil.

El procurador de Justicia del Estado de Sonora, Carlos Navarro Saguich, informó que Luna Romero está acusado de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo.

Alberto Solís Castro, miembro de la Misión Civil de Observación por la Consulta de la Tribu Yaqui dijo a SinEmbargo que la detención del vocero yaqui en el conflicto del Acueducto Independencia y el gobierno de Sonora, forma parte de la naturaleza persecutoria que el mandatario Guillermo Padrés emprendió en contra de sus opositores.

“Parece que todo está relacionado: la expulsión de los delegados federales de la Conagua y ambientales, y ahora la detención del principal vocero de la Tribu Yaqui, esto con el objetivo de reventar todas las vías de negociación en el proceso de diálogo de la tribu con el Gobierno Federal. Padrés se está yendo contra todos sus opositores”, dijo el activista de derechos humanos y coordinador de Procesos de Transformación Positiva de Conflictos de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

Desde hace más de 4 años, los Yaquis enfrentan una batalla en contra de la construcción y operación del Acueducto Independencia, un megaproyecto encabezado por el Gobierno del Estado de Sonora.

La obra, con un costo de 3 mil 860 millones de pesos, pretende llevar -a través de 172 kilómetros de tubería de acero- 75 millones de metros cúbicos de agua anuales del Río Yaqui, en la presa El Novillo, hasta la ciudad de Hermosillo.

El gobernador del estado propuso la construcción de ese acueducto, pero a los Yaquis nadie los consultó.

El párrafo IX del artículo 2 de la Constitución señala que se obliga a “consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”.

Solís Castro señaló que la detención de Luna Romero es la consumación de la criminalización de la protesta en Sonora y una señal alarmante de la crisis de derechos humanos por el agua que se vive en la entidad.

“No hay indicios de que el Gobernador quiera resolver por la vía legal los problemas por el agua y hace esta detención en medio del escándalo por la contaminación del Río Sonora, donde no ha hecho nada en contra de la minera que contaminó el río y donde además él tiene una presa privada”, detalló al portal.

La tribu se mantiene firme en la lucha para defender lo que por decreto les corresponde, pues en 1940 el presidente Lázaro Cárdenas les otorgó expresamente el derecho al 50 por ciento del agua existente en el caudal del Río Yaqui.

Además, en diciembre de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las autoridades de Sonora violaron el derecho de los indígenas a manifestar su parecer sobre el proyecto y ordenó suspender todos los trabajos relacionados con el Acueducto Independencia, hasta que la consulta al pueblo yaqui fuera concretada.

Luna Romero acusó al gobierno de Padrés de alentar el encono hacia la tribu yaqui a través de una campaña de desinformación.

“Se difunden mensajes falsos, engañosos y de mala fe, cuyo objetivo es crear un ánimo hostil de los pobladores de Hermosillo hacia nuestro pueblo”, dijo a Proceso el 8 de agosto.

Mientras la consulta fuera realizada, el Acueducto debería permanecer cerrado. Sin embargo, eso no pasó.

Entonces, los Yaquis recabaron firmas. Juntaron más de 9 mil y exigieron a las autoridades que suspendieran las actividades del acueducto. Tampoco se suspendió.

El 6 de agosto de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Gobierno Federal una explicación por el incumplimiento de la sentencia de la SCJN.

“Se está ocasionando un daño irreversible a nuestro pueblo, pues están extrayendo el agua que requerimos para nuestra sobrevivencia”, dijo Luna Beltrán a Proceso hace poco más de un mes.

Pero ahora el vocero yaqui está detenido y sobre el tema del Acueducto, aún no hay respuesta.

El tratado incómodo

Dos monumentales águilas en franco abrazo coronan la cortina de la gigantesca presa. Es el símbolo de estrecha relación entre dos buenos vecinos. Se llama Amistad, pero el es epicentro de un conflicto que está lejos de ser amistoso.

Construida entre 1963 y 1969, la presa es el último proyecto del Tratado internacional de Aguas de 1945 y es administrada conjuntamente por México y Estados Unidos.

En ese convenio, el presidente norteamericano Harry S. Truman y su homólogo mexicano, Manuel Ávila Camacho, acordaron proveer agua en los desiertos áridos de la zona fronteriza entre ambas naciones.

Estados Unidos daría a México agua del río Colorado, mientras que México proporcionaría afluentes del Río Grande.

El pacto era proporcionar más de 431 mil millones de litros de agua cada año, pero México no ha cumplido con su obligación.

De acuerdo a The Washington Post, actualmente México le debe a Estados Unidos 468 mil 723 millones 105 mil 010 litros de agua. Esto equivale a más que toda el agua que consumen en un año, los 1.5 millones de residentes del Valle del Río Grande.

Desde 1997, las autoridades mexicanas reconocieron un retraso en los pagos debido a las sequías que afectaron la zona norte del país, pero hicieron mención a una cláusula del tratado que prevé la sequía como un factor para postergar el adeudo al siguiente ciclo.

El tratado estipula que en caso de avería o “sequía extraordinaria”, cualquiera de los dos países podría compensar en el siguiente ciclo de cinco años.

“Hemos tenido una sequía prolongada desde 1994 hasta ahora. Ha sido difícil para México para dar esta agua”, dijo Ignacio Peña Treviño, representante de México en la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

un estudio de la Universidad Texas A & M estimó que el fracaso de México para compartir el agua ha generado una pérdida de cerca de 5 mil puestos de trabajo y 229 millones de dólares a los productores de la región en los ingresos de los cultivos como algodón, maíz, sorgo y cítricos, refirió The Washington Post.

Y de acuerdo a The Wire, la sequía que sufre Texas, considerada una de las más severas de los últimos cinco siglos, está a punto de dejar sin agua corriente a algunas localidades del segundo estado más extenso de Estados Unidos.

“Este tema es de vida o muerte para algunos de nuestros agricultores, su capacidad para mantener a sus familias y ganarse la vida”, dijo al diario el demócrata Eddie Lucio.

El representante estatal de Texas ha estado liderando una campaña para que México entregue la parte de agua que le corresponde.

“Hemos sido buenos vecinos. Solo queremos compartir y compartir por igual”, indicó.

También el gobernador de Texas, Rick Perry, ha entrado a la disputa.

En 1997 envió una carta al entonces presidente George W. Bush en la que le solicitaba emitir “una nota diplomática” a México por incumplir los términos del Tratado.

El año pasado le pidió lo mismo al presidente Barack Obama.

“Esta situación representa una crisis estatal de agua que sólo el gobierno federal puede atender debido a las reglas estipuladas bajo el Tratado”, escribió Perry.

Las autoridades mexicanas argumentan que en tiempo de sequía, la necesidad de beber y regar los cultivos supera al tratado de Truman.

Lo que el río aún arrastra

“No nos abandonen, estamos desesperados por la crisis”, se lee en un cartel.

Es el mensaje los integrantes del Movimiento Pro Defensa del Río Sonora mandan a los demás pobladores del estado.

Y es que el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico al cauce del río ha dejado más que solo químicos a su paso. Los habitantes de la región aseguran que ya nadie quiere comprar sus productos por miedo a que estén contaminados.

“Nadie quiere comprar, nos afecta mucho a nosotros porque ya teníamos nuestras rutas, nuestros clientes que llegaban aquí por los quesos que ahora nadie quiere consumir”, dijo a Excelsior Christian Coker, productor de la región.

Comentó que en un fin de semana normal se vendían en promedio 600 quesos, pero ahora con esta situación únicamente se comercializaron 16 en dos días.

Como él, cientos de productores de la zona aseguran que el desastre generará severas pérdidas económicas.

De acuerdo con Héctor Ortiz, secretario de Agricultura en Sonora, los productores de leche son los más afectados por la contaminación del río Sonora.

“No se trata solo de un municipio, todos los municipios de la zona son una cuenca lechera. Lo que está haciendo el gobierno del estado es dar la seguridad a todos los consumidores de que esa producción está limpia”, indicó el funcionario en entrevista para Radio Fórmula.

A principios de este mes, el titular de la Secretaría de Economía estatal, Moisés Gómez Reyna, anunció la instalación de tres centros de acopio de sus diversos productos -excepto los lácteos y sus derivados- para comercializarlos en tiendas de la capital sonorense.

Por su parte, el Gobierno Federal informó el fin de semana que la minera Grupo México se comprometió a crear  un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para apoyar a los damnificados por el desastre ambiental.

La creación del fideicomiso deriva de la obligación de la empresa de reparar los daños causados al ambiente, explicó el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos.

En conferencia de prensa, el secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, señaló que esperan que este fondo quede constituido con cuatro aportaciones que hará Grupo México, cada una por 500 millones de pesos.

La turbia relación de Padrés y Segob

El día que el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, acusó a los delegados de Profepa, Conagua y Semarnat de negligencia en el caso del derrame de desechos tóxico de Grupo México al río Sonora estaba convencido de que le habían armado una conspiración política.

César Lagarda Lagarda, de Conagua; Jorge Andrés Suilo Orozco, de Semarnat, y Jorge Carlos Flores Monge, de Profepa lo habían acusado de violar la ley al construir un represo en el rancho Pozo Nuevo, en la comunidad de Bacanuchi, municipio de Arizpe. A Padrés eso no le gustó y reviró.

Dijo que todos esos funcionarios sabían de las irregularidades en el manejo de contaminantes en la mina Buenavista del Cobre, desde antes del desastre ambiental y, por “omisión o encubrimiento”, no actuaron para evitar el desastre ecológico en el río Sonora.

No se detuvo ahí.

Decidido, el panista exigió la renuncia del titular federal de la Profepa y expulsó del Comité Estatal de Operación de Emergencias a todos los federativos.

“El gobernador del estado es el presidente de este comité, y estos delegados federales ya no serán bien recibidos”, señaló tajante el mandatario, quien además condicionó el regreso de los delegados a la entrevista que había pactado con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

“No les gustó que alzara la voz, me piden una investigación en mis propiedades, pues yo no tengo ningún problema (…) Ya lo platicaré con el secretario porque aparte de ser gobernador, de ser la autoridad en Sonora electa por los sonorenses, merezco respeto”, dijo determinado.

Pero en política, como en la vida, es prácticamente imposible detener las consecuencias de cada paso que se da.

Quizá ahora Padrés lo tiene claro. 

Quizá la negativa de Osorio Chong para recibirlo le haya enviado una señal de por dónde van esas consecuencias.

“(La reunión no se dará) mientras no existan las condiciones necesarias para un diálogo respetuoso y constructivo”, indicó el secretario de Gobernación, también determinado.

Tras esa declaración, el mandatario sonorense bajó un poco la voz y lamentó mucho que no se dieran las condiciones para poder platicar, pero aseguró que hará todo lo posible para la reunión con Gobernación se realice.