El proyecto hidroeléctrico La Parota sigue provocando daños a las comunidades locales de Guerrero aún cuando éste ya está suspendido.
Dieciséis defensores comunitarios que se han opuesto a los trabajos están en prisión a la espera de la audiencia de juicio oral que se llevará a cabo hoy. En ella se decidirá si obtienen su libertad o son condenados.
Los pobladores encarcelados fueron acusados del delito de homicidio calificado, crimen del que se declaran inocentes. Ellos aseguran que en realidad es en represión al activismo que han mantenido en contra de la hidroeléctrica.
“Actualmente están privados de su libertad en el cerezo de Acapulco desde el 7 de enero del 2018, los acusan de homicidio, delitos que fabricaron porque son defensores de la tierra y del Río Papagayo, en el cual quieren construir una presa eléctrica conocida como La Parota.
“Hace 16 años los pueblos se unieron para oponerse al megaproyecto y hace 16 años empieza la lucha de mi esposo, quien es el vocero del Cecop, una organización que se forma en contra del megaproyecto”, acusa María de Jesús Pérez Hernández, esposa de Marco Antonio Suástegui, una de las personas privadas de su libertad.
María de Jesús acusa que a Marco Antonio, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), lo han criminalizado y en 4 ocasiones ha estado detenido acusado por delitos fabricados como secuestro, robo calificado y la última vez por homicidio.
La presa La Parota fue una de las grandes obras anunciadas durante la administración del expresidente panista Vicente Fox Quesada (2000-2006) y estuvo a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Se contempló en la cuenca del Río Papagayo, en el estado de Guerrero, y fue promocionado como una oportunidad para generar energía eléctrica que además traería desarrollo a una de las entidades con más rezago en México.
La obra forma parte del Plan Puebla Panamá (PPP), el cual fue firmado el 15 de julio y en 2003 arrancó su construcción, al mismo tiempo que el calvario para los habitantes de la zona, pues no hubo una consulta previa, libre e informada.
“El proyecto es a nivel federal, lógicamente con la ayuda y el fomento del gobierno del estado de Guerrero y se ha mantenido porque es un proyecto internacional y así ha sido con Enrique Peña Nieto y los demás presidentes de la República que han tenido el interés de hacer la construcción.
“Los comuneros se han opuesto y han logrado frenar esta situación”, dice Rogelio Félix García, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan, quien los defiende.
De acuerdo con esta organización civil, el desplazamiento de 75 mil habitantes a causa del proyecto provocó que hubiera oposición y fue suspendido en el 2010.
Sin embargo, el 7 de enero del 2018 se registró un enfrentamiento entre policías comunitarios y personas que estaban en un baile en la comunidad La Concepción. En total murieron seis pobladores y dos elementos.
Tras el enfrentamiento policías realizaron un operativo en el que tres campesinos fueron ejecutados, hubo 25 detenciones ilegales y ocho casos de tortura, de acuerdo con la defensa de los pobladores privados de la libertad.
Acusan violación a los derechos humanos
Rogelio Félix García, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan, menciona que entre las irregularidades registradas hubo alteración de la escena del crimen.
“Los hechos suceden a las tres de la mañana del 7 de enero del 2018 y la Policía Ministerial, la encargada de investigar los delitos, llega a las 10 y media de la mañana, después de ocho horas, ya la escena había sido totalmente contaminada, se alteraron datos e indicios que presumieran haber sido incorporados para los compañeros como probables responsables”, explica el abogado.
También hubo violaciones al debido proceso, agrega, ya que ellos fueron detenidos sin contar con una orden de aprehensión y sin registro de la comisión del delito en flagrancia
La tercera anomalía es que algunos fueron sometidos a tortura con la finalidad de obtener o de arrancar una confesión o datos de prueba para poder armar la carpeta de investigación.
Posteriormente fueron totalmente incomunicados y no se les permitió realizar ninguna llamada a su abogado o a familiares. Y hasta nueve horas después fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se les practicó la prueba de rodizonato para determinar si habían realizado un disparo sin que hubiera testigos, señala Félix García.
Juicio pospuesto
La audiencia de juicio oral se realizaría originalmente el pasado 22 de mayo, pero la Fiscalía del Estado de Guerrero pidió que se cambiara la fecha porque una de sus peritos tenía un embarazo de alto riesgo y uno de sus testigos presuntamente fue amenazado.
“Nosotros consideramos que esa situación es una estrategia de la Fiscalía para ir dilatando este proceso de los compañeros que ya lleva más de un año.
“Lógicamente trae como consecuencia que no se aclaren los hechos y no obtengan libertad los compañeros”, expone Félix García, quien confía que se dictará una sentencia absolutoria.
Debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en su gobierno serían liberados todos los presos políticos del país, el abogado defensor dice que ya mandaron la petición a la Secretaría de Gobernación para que revise su caso, pero no han obtenido respuesta.
Sin embargo, Marichuy, como también se le conoce a la esposa de Marco Antonio, dice que sí tiene esperanza en que el Gobierno federal cumpla su promesa.
Creemos que en el nuevo gobierno habrá más garantía. El gobierno ha dicho que va por la pacificación del país y que dejará de hostigar a las comunidades y pueblos
No obstante, el abogado afirma que la construcción de la presa La Parota permanece en la lista de asuntos prioritarios.
“Desde hace tiempo se ha estado demandando la cancelación de la presa y nunca se ha podido lograr, solamente se encuentra suspendida, pero los gobiernos la tienen presente ahí. Inclusive destinan presupuesto para la misma a través de proyectos”, acusa Félix García.
Defensa peligrosa
La criminalización por parte de las autoridades estatales que acusan a los pobladores que se oponen al proyecto La Parota, en Guerrero, no es un hecho aislado.
Desde el 7 de enero de 2018, defensores que se han opuesto a la construcción de esta obra están en la cárcel, acusados de homicidio calificado y en espera de una sentencia.
Sin embargo, ellos señalan que es una manera de represión por parte de las autoridades del estado de Guerrero y que el retraso en el proceso del juicio es una estrategia de la Fiscalía para entorpecer los procesos o su liberación.
(Es) el gobierno de Guerrero, ellos suponemos que están en coordinación con los empresarios, quieren sacar a los comuneros que aman sus tierras
Según el informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos ambientales 2018, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Estado mexicano ha sido identificado como uno de los principales agresores en 19 de los 49 ataques observados durante ese año.
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Las autoridades estatales fueron señaladas en primer lugar como fuente de las agresiones en 13 casos, seguidas de las municipales en seis y las federales en cinco. Pero el documento informa que en un mismo ataque se ha reportado la participación de autoridades de distintos niveles.
“El uso indebido del sistema penal sobre personas defensoras del medio ambiente por parte del Estado mexicano desgraciadamente ha sido una constante en el registro de casos llevado a cabo por el Cemda. Desde 2013 hasta diciembre de 2017 se han registrado por lo menos 95 casos de criminalización de personas defensoras ambientales”, explica el informe del Cemda.
En estos casos de criminalización, las policías y el sistema de justicia penal no reaccionan de manera efectiva en contra de determinados grupos que están en una situación de discriminación, pobreza y marginación.
De acuerdo con el documento, muchas de estas agresiones tienen el propósito de debilitar las acciones de promoción y defensa de los derechos ambientales.
El Cemda reveló que el Estado mexicano ha sido identificado como uno de los principales agresores a manifestantes en contra de obras de infraestructura
El informe indica que el homicidio, la criminalización, las amenazas y las agresiones físicas son los principales tipos de ataques que sufren los defensores ambientales en México.
En 2018 fueron asesinadas 21 personas en el país por defender la tierra, el medio ambiente y el territorio. Ese año mantuvo la tendencia letal de 2017, cuando el país fue incluido en el cuarto lugar del mundo donde han privado de la vida a este tipo de activistas, alerta.
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Según el informe, el mayor número de los 49 ataques que se registraron el año pasado tuvieron que ver con proyectos de infraestructura (9), casos de despojo de tierra y territorio (8), proyectos hidroeléctricos (8) y minería (4).
Algunas de las personas opositoras a La Parota privadas de su libertad fueron sometidas a tortura con la finalidad de emitir una confesión o datos de prueba
