El Juez dio vista al Ministerio Público Federal de esta violación, que implica tanto a Ávila Hernández, como a su inspector municipal, Roberto Renovato Martínez, quien encabezó la diligencia de clausura.
Enrique Ávila Hernández, secretario de Desarrollo Sustentable del Municipio de San Pedro, está en capilla.
El funcionario sampetrino ha agotado sus medios de defensa que interpuso contra la denuncia que pesa sobre él por la violación del amparo que gozaba el proyecto El Alear.
Pero el delito federal sigue fundado y con posibles consecuencias para el secretario municipal.
La suerte de Ávila Hernández está en este momento en el Ministerio Público federal, instancia que decidirá en los próximos días si ejecuta una orden de aprehensión en contra del funcionario municipal.
El conflicto legal en el que está involucrado Ávila Hernández exigirá al alcalde Ugo Ruiz analizar la permanencia de el funcionario como secretario de Desarrollo Sustentable de San Pedro.
Ávila Hernández no sería el primer funcionario de esta administración en caer por el tema del desarrollo urbano.
Hace cuatro meses la batalla legal que libra el Municipio de San Pedro contra El Alear tumbó a un funcionario sampetrino.
En abril pasado Alejandro Castañeda, entonces director jurídico de San Pedro, fue despedido por haber ordenado presuntamente la suspensión de las obras de El Alear, a pesar de que los dueños tenían una suspensión de amparo.
Castañeda ordenó la clausura de obras, pero quien ejecutó la suspensión fue personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de San Pedro, a cargo de Enrique Ávila Hernández.
El 23 de mayo la dependencia municipal colocó sellos de suspensión en las obras de construcción del polémico desarrollo habitacional El Alear, ubicado en la avenida Roberto Garza Sada.
Esto como parte del procedimiento administrativo que inició el Cabildo sampetrino para demoler 3 mil 486 metros cuadrados que se construyeron fuera del permiso original otorgado en la pasada administración de Mauricio Fernández Garza.
El 8 de marzo pasado el Cabildo de San Pedro rechazó regularizar el proyecto, uno de los más lujosos en la zona y que es impulsado por un fideicomiso representado por Scotiabank Inverlat.
Pero tres semanas después, el juez Javier Rubén Lozano Martínez ordenó retirar los sellos que impuso el Ayuntamiento sampetrino, argumentando que existía una suspensión judicial que protegía las obras desde el 15 de marzo.
Miguel Zárate, representante legal de El Alear, interpuso un incidente de violación a la suspensión provisional que el juez federal declaró fundado el pasado 15 de mayo.
El Juez dio vista al Ministerio Público Federal de esta violación, que implica tanto a Ávila Hernández, como a su inspector municipal, Roberto Renovato Martínez, quien encabezó la diligencia de clausura.
Ávila Hernández interpuso contra esta resolución judicial un recurso de queja ante el Tercer Tribunal Colegiado Administrativo, que fue admitida el 7 de junio bajo el número 65/2013.
Pero el 17 de julio este Tribunal Colegiado desechó por improcedente el recurso de queja promovido por Ávila Hernández.
La resolución estuvo a cargo del magistrado Jesús R. Sandoval Pinzón.
El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado reanudó este mes el juicio de amparo suspendido por el recurso de queja que interpuso Ávila Hernández y fijó para el 13 de septiembre la audiencia incidental del juicio de amparo 536/2013.
El conflicto legal que enfrenta Ávila Hernández se suma a la denuncia penal que presentó la administración de San Pedro en contra de Aldo Decanini, exsecretario de Control Urbano en la pasada administración.
A Decanini se le investiga por el uso de unos presuntos sellos falsos que utilizó para autorizar el desarrollo Fuentes, que se edifica en la colonia Fuentes del Valle.
La semana pasada el alcalde Ugo Ruiz anunció la creación de una comisión ciudadana denominada la Mesa de la Justicia del Desarrollo Urbano, que será responsable de regularizar los inmuebles que se autorizaron en la pasada administración.
El plan de Ruiz es que los urbanizadores que construyeron ilegalmente sus edificios cumplan con una reparación del daño, a través de obras de beneficio social entre los sampetrinos.
Esta semana esta iniciativa será presentada en el Cabildo de San Pedro.