Secretario y usurero

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene bajo investigación al secretario de Desarrollo Rural de Jalisco, Héctor Padilla Gutiérrez, tras descubrir múltiples anomalías en una de sus empresas y en otra firma con la que está ligado, ambas receptoras de fondos millonarios del erario.

Ese miembro del gabinete del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz es uno de los propietarios de Fircampo, S.A. de C.V. Sofom, E.N.R., que en 2015 concedió diversos préstamos con dinero federal plagados de irregularidades, según la ASF.

18.1
Millones de pesos de fondos federales ha recibido la empresa Cultivo Protegido
“El grupo auditor visitó las instalaciones de Cultivo Protegido y constató un proyecto abandonado”
ReporteDe la Auditoría Superior de la Federación
Fircampo es un intermediario del ente del Gobierno federal para otorgar créditos a los productores del campo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene bajo investigación al secretario de Desarrollo Rural de Jalisco, Héctor Padilla Gutiérrez, tras descubrir múltiples anomalías en una de sus empresas y en otra firma con la que está ligado, ambas receptoras de fondos millonarios del erario.

Ese miembro del gabinete del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz es uno de los propietarios de Fircampo, S.A. de C.V. Sofom, E.N.R., que en 2015 concedió diversos préstamos con dinero federal plagados de irregularidades, según la ASF.

Fircampo es un intermediario de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), el ente del Gobierno federal para otorgar créditos a los productores del campo, y tiene el 13 por ciento de sus acciones en manos del secretario de Jalisco, según lo reconoce éste en su declaración 3de3.

Tan solo en el 2015 la empresa del secretario recibió recursos de la FND por 170 millones 022 mil 300 pesos en créditos, para que aquella, a su vez, financiara a terceros. Sin embargo, cuando la ASF visitó a Fircampo en 2016 y examinó una decena de los préstamos que otorgó, se topó con precios inflados, propaganda partidista, domicilios y firmas que no cuadran y triangulaciones entre sus beneficiarios.

Detalla la ASF: “La póliza de aseguramiento 3531500002086, con folio 3150150197063, amparó un tractor por 807 mil 500 pesos, cuando el valor del tractor es por 230 mil pesos”, se infló un 251 por ciento. 

También “identificó una operación triangulada entre dos acreditados, en la que uno de ellos obtiene por parte del intermediario (Fircampo) un crédito para la adquisición de un tractor por 300 mil pesos, y a su vez emite una cotización del tractor a otro acreditado, quien pagó la compra por transferencia”.

Procedimiento sancionatorio

El desorden en la empresa del secretario es grave pues hay “expedientes de los acreditados finales sin control, ni orden en su integración” y  “los estados financieros integrados en los expedientes sin firmas”.

En los reportes ni siquiera coinciden las direcciones de los supuestos proyectos que financió Fircampo con sus préstamos, además de otras irregularidades.

“Se observó en las instalaciones del intermediario la imagen política de un exdiputado”; la ASF halló dos créditos por 6.5 millones de pesos (MDP) que carecen de la comprobación de los bienes de inversión, y un pagaré por 2 millones 150 mil pesos que “no contó con fecha de vigencia”.

La Auditoría pidió a la Financiera Nacional (FND) un procedimiento sancionatorio contra los servidores públicos de su sede Jalisco -la Agencia de Crédito Rural Guadalajara- pues “no supervisaron las operaciones del intermediario financiero rural Fircampo, S.A. de C.V., Sofom, E.N.R.” .

Cultivos fantasma

Además de Fircampo, la ASF vinculó al secretario de Jalisco con la empresa Cultivo Protegido o Agricultura Protegida Siglo XXI, S.A.P.I. de C.V.

Ésta ha recibido 18.1 MDP de fondos federales, en parte para proyectos que, aunque deberían estar en marcha, fueron descubiertos en abandono.  

La ASF señala que Cultivo Protegido inició su relación con la FND en 2012, la cual le entregó 1.3 MDP el 6 de noviembre de 2014 para construir y equipar una planta de empaque y un pozo de agua para invernadero de pimiento morrón, y 3.5 MDP más el 17 de abril de 2015 para siembra y cultivo en invernadero del mismo producto en 6.6 hectáreas. 

“El grupo auditor visitó las instalaciones de Cultivo Protegido y constató un proyecto abandonado, con cuatro invernaderos sin cultivo y uno de éstos con las cubiertas rotas y en mal estado, sin personal operativo, ni administrativo, situación que restó transparencia a las operaciones del acreditado y a lo reportado por la FND”.

Esa firma que la ASF liga con el secretario ya había sido beneficiada antes: el 17 de octubre de 2013 obtuvo de Firco 840 mil pesos para construir una planta de empaque para pimiento morrón en Zacoalco de Torres; y otros 12 millones 546 mil 900 pesos del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir) en junio de 2012, mayo de 2013 y junio de 2014, para construir un agroparque con invernaderos para el mismo producto.

La ASF evidencia un trato especial para esa empresa pues la FND le autorizó el fondo de 1.3 MDP de 2014 aunque eran “conceptos que fueron apoyados por Firco en 2013”. Por ello pidió otro procedimiento contra la Agencia de Crédito Rural Guadalajara.

“Que en su gestión supervisaron al acreditado Agricultura Protegida Siglo XXI y no reportaron en su momento que éste no presentaba operaciones”, y tampoco la improcedencia del apoyo de 2014 para la planta, pese a que “tuvieron conocimiento de los recursos otorgados por Firco” para ese mismo plan.

Conflicto de interés

El secretario Héctor Padilla Gutiérrez, no obstante de ser propietario de Fircampo, ha establecido convenios de Seder con esa empresa sin excusarse de dichos actos.

El 16 de mayo de 2014 firmó un convenio de coordinación con Fircampo para operar el Programa de Seder “Seguro por Siniestro Agrícola para Resiembra y a la Inversión con Ajuste a Rendimiento y/o Daño Directo”, avalado también por el exsecretario de Planeación, Administración y Finanzas, Ricardo Villanueva Lomelí.

El proceder del titular de Seder contraviene los artículos 9 y 10 de las Directrices para la Prevención de Conflictos de Interés que emitió el Gobierno de Jalisco en febrero, y cuya inobservancia implica responsabilidad administrativa.

Su vigilancia está a cargo de la Contraloría y su Unidad Especializada en Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés.

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