Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción se mantiene firme ante amenazas de extinción

Seis años después de su creación, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) encara su posible desaparición, luego de que el pasado abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa en la que propuso su extinción de la administración pública junto con otros 17 organismos.

La iniciativa del presidente para este organismo –que puede ser discutida en el próximo periodo de sesiones que se inicia en septiembre– se basa en transferir sus tareas a la Secretaría de la Función Pública con el argumento de que es costosa y duplica funciones.

Roberto Moreno Herrera, designado a cargo de la SESNA en junio de 2022, expone en entrevista con Reporte Índigo los riesgos de la eliminación del organismo que en 2015, mediante una reforma constitucional, adquirió la encomienda histórica de combatir la corrupción como órgano descentralizado y personalidad jurídica propia.

En su despacho de la colonia Escandón de la Ciudad de México, Moreno Herrera sostiene que el organismo a su cargo más bien representa un ahorro en el combate a la corrupción.

“El último presupuesto que tuvo la Secretaría Ejecutiva fue de 130 millones de pesos. Nosotros hicimos un ejercicio de austeridad con el propio órgano de gobierno. De estos 130, eficientemente vamos a llegar un gasto de 118 millones de pesos. Lo que nos ha ayudado es que tenemos todavía ciertos financiamientos internacionales … Que no son malos. Al contrario. Exactamente se traducen en ahorros para el propio erario”, expresa.

Con un historial de varios cargos en el servicio público, incluso la titularidad de la Unidad de Riesgos y Política Pública en la misma SESNA, defiende también que el organismo no duplica funciones.

“La Secretaría de Función Pública solamente tiene la potestad para el Ejecutivo federal. Sus acciones no pueden ser mandatadas para otras contralorías o para otros poderes judiciales, o para los municipios, porque entonces se rompería el pacto federal. La Secretaría Ejecutiva sí tiene alcance. Puede recibir información de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno”, describe.

Mientras la iniciativa del presidente permanece en el Congreso, el responsable de la SESNA –elegido de una terna– continúa con el cronograma de trabajo que propuso en su postulación.

Anuncia que en agosto próximo, la Secretaría iniciará una nueva etapa de la Plataforma Digital Nacional, un complejo cibernético de inteligencia anticorrupción en la que las instancias gubernamentales de los tres niveles estarán obligadas a reportar información en datos abiertos.

Por ejemplo, en ese sistema serán publicadas las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos del país. También se darán a conocer perfiles de personas o empresas con mal desempeño en los Gobiernos.

La responsabilidad histórica del combate a la corrupción

Entre 2011 y 2015, México alcanzó niveles críticos en índices de percepción de la corrupción tanto nacionales como del exterior. En un proceso sin precedentes, el Gobierno federal y organizaciones civiles debatieron para agrupar a siete instancias para combatir al flagelo desde un solo entramado. Así nació el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Según el modelo que acordaron, debían ponerse de acuerdo la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura y un Comité de Participación Ciudadana. En 2017 se creó la SESNA para que coordinara a este conjunto de instancias.

Una de las batallas que el titular de la SESNA destaca como ganada es que en el combate a la corrupción se equilibró la responsabilidad que solía atribuirse solo al Poder Ejecutivo.

“Cuando había un índice de percepción de la corrupción siempre volteábamos a ver al presidente. Justo el Sistema Nacional Anticorrupción le quitó ese gran peso al Poder Ejecutivo.

“Ahora hay un Poder Judicial que tiene que entrarle, hay un tribunal que tiene que entrarle, hay un órgano garante de transparencia que también nos tiene que ayudar, hay una Auditoría Superior de la Federación que es fuerte y que también tiene que meterle, y hoy en día las fiscalías generales y la fiscalía anticorrupción también son brazos torales para lograr todo esto”.

El hombre en quien recae la responsabilidad de la estructura anticorrupción en México, recalca que la SESNA recibe información de 7 mil 200 instituciones públicas de todo el país; de modo que concentrar sus labores en la función pública implicaría que el Ejecutivo federal se asumiera, otra vez, como el único culpable y responsable del combate a la corrupción.

Mejorar la percepción del combate a la corrupción, un anhelo vivo

En 2022 México obtuvo una calificación de 31 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional que se integra con la opinión de especialistas en 180 países. La mejor calificación va del cero al 100.

Las cifras oficiales también reflejan que el cáncer está presente: 57.1 por ciento de la población consideró que la corrupción era uno de los problemas más importantes en su entidad federativa en 2021, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Ante ese panorama, el secretario técnico del SNA pone énfasis en que el presidente puede usar “de una muy buena forma” el andamiaje del sistema que ha logrado instalar 28 políticas estatales.

“Que la visión del Ejecutivo federal puedan entenderla otros poderes, otros órganos autónomos y que entre todos puedan tener una solución nacional. Eso es lo importante. Ese es el anhelo”, concluye.