SEANL, un sistema de papel

Tras su creación en 2017, el Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León (SEANL) cumple seis años con múltiples fallas, deficiencias y sin presentar resultados significativos en el ámbito del combate a la corrupción.

Un reporte publicado por el Consejo Cívico, en el que se detallan los hallazgos de la sociedad civil que colabora con el SEANL, reveló que el  Comité de Selección se encuentra dominado por intereses partidistas, además de que se prestó a simular la selección de un nuevo fiscal general en 2022.

La publicación, además, destaca la ausencia de un titular y de un comité de participación ciudadana, así como la falta de una política estatal anticorrupción.

El SEANL ha puesto en marcha acciones sin trascendencia para la comunidad o para la lucha anticorrupción, lo que ha derivado que a la fecha no se ha logrado la desarticulación de una sola red de corrupción en el estado.

Hasta ahora, la promesa de un “nuevo” Nuevo León donde la corrupción vería sus últimos días está lejos de cumplirse.

El Consejo Cívico señaló que los resultados o la falta de ellos dejan en claro que la corrupción es una problemática que solo interesa a los políticos cuando están en campaña, pero que pasa a segundo término cuando llegan a ocupar el cargo para el cual fueron electos.

Las promesas sin cumplir

Una de las promesas de campaña de Samuel García fue “acabar con la vieja política” y romper el monopolio bipartidista pues incluyó, dentro de su plan de gobierno, el combate a la corrupción y la impunidad.

“Convertir a Nuevo León en un estado líder en transparencia y rendición de cuentas, donde la eficiencia en la prevención, detección y sanciones para los actos de corrupción, sean la garantía para la prevalencia del estado de derecho”, era uno de los objetivos generales del Plan Estatal de Desarrollo Nuevo León 2022-2027 en su Eje 3, denominado Buen Gobierno.

Y si bien en el discurso hubo un posicionamiento firme en relación con el combate a la corrupción, a dos años de la administración de García, las promesas de campaña aún no se han materializado en sanciones a los actos de corrupción detectados en la gestión del anterior gobernador.

La corrupción no es una problemática aislada en Nuevo León, pues impacta el desarrollo de todos los sectores de la población, en particular en el de las personas en situación de vulnerabilidad.

Se trata de un tema que se reconoce desde la colectividad y que tiene un lugar en las conversaciones diarias de las personas que habitan el estado, pues de acuerdo con la última Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) realizada por el INEGI en 2021, el 61.5 por ciento de la población de 18 años o más respondió que la inseguridad y la delincuencia son problemas que les preocupan, la corrupción era el segundo problema más importante en Nuevo León.

Adicionalmente, la encuesta Así Vamos 2022 arrojó que el 48.6 por ciento de los participantes señalaron al Gobierno como el actor responsable de la corrupción en el estado.

Según este sondeo, los actos de corrupción son una práctica muy frecuente en la entidad, principalmente en las interacciones con policías en un 85.2 por ciento; seguido por partidos políticos con 81.6 por ciento; y con dependencias del gobierno estatal con 69.9 por ciento.

Ante la prevalencia del abuso de poder para beneficio privado, se han creado políticas públicas para prevenir, investigar y sancionar los casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos; sin embargo, no ha mejorado la percepción de esta problemática de acuerdo con los índices antes mencionados.

Combate a la corrupción enfrenta bloqueos institucionales

En marzo de 2020, se creó el Observatorio Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción con el objetivo de “proveer mecanismos de mejora continua y poder cumplir con las metas establecidas en la conformación de todo el Sistema”.

El observatorio logró reunir a más de diez académicos expertos en temas como corrupción, transparencia, rendición de cuentas y gobernanza, quienes de forma voluntaria donaron tiempo, conocimiento y experiencia para crear, hasta el año 2023, cuatro reportes con información detallada acerca del estatus del SEANL.

Gracias al trabajo realizado por el Observatorio se sabe que en el caso de la LXXV Legislatura (2018-2021), la Comisión Anticorrupción realizó un total de 15 sesiones a lo largo en 36 meses, lo que da un promedio de una sesión cada cuatro meses. Tan sólo 53 por ciento de estas sesiones atendieron temas que impactan al SEANL, dejando 42 asuntos sin resolver de la comisión.

La falta de seguimiento a sus pendientes tuvo como consecuencia que el Grupo Ciudadano de Acompañamiento y el Comité de Selección se desintegraran, de igual forma provocó que el Comité de Participación Ciudadana sólo tenga un integrante de cinco.

Según Consejo Cívico, de los años 2022 y 2023 no se han obtenido evidencias de las acciones que se han llevado a cabo para combatir la corrupción.

Esta falta de resultados es parcialmente producto de algunos retos en la operatividad de las dependencias que integran al SEANL, sin que tenga una claridad de cómo superar estos obstáculos.

A ello se suma la falta de voluntad política, pues si bien el SEANL se diseñó como un mecanismo de coordinación entre diferentes dependencias de gobierno, incluyendo a algunas de carácter autónomo, en los hechos no existe una vinculación entre ellas.