En total, 24 centros de apuestas fueron cerrados el año pasado en Nuevo León por falta de permisos, en acciones de la SAT, Secretaría de Gobernación y autoridades municipales
El endurecimiento de las reglas contra casinos se ha relajado.
Y es que jueces federales han concedido amparos a empresas de centros de apuestas, con lo que obtienen un resquicio legal y pueden iniciar operaciones.
Además, autoridades municipales inexplicablemente han tenido que dar marcha atrás a la clausura contra centros de apuestas.
Por lo pronto, el casino Miravalle reinició operaciones, luego de que la operadora Urban Publicity decidió reinstalar a sus trabajadores afiliados a la CROC, central obrera que se apoderó de las instalaciones.
Esto porque se fueron a huelga, estrategia laboral que obligó al Municipio de Monterrey a retirar los sellos de clausura. El casino está ubicado sobre la avenida Calzada San Pedro en territorio regio.
A esto se suma que el Municipio de Escobedo abrió la puerta para que el casino Yak de Sendero tumbe por la vía legal la clausura impuesta hace dos años por la administración del alcalde César Cavazos.
Los jurídicos del Municipio no impugnaron la suspensión de amparo que el Poder Judicial de la Federación le otorgó a la empresa española Codere, que opera este centro de apuestas.
Los magistrados confirmaron la suspensión otorgada a Codere por la violación del derecho de audiencia en el caso del casino Yak de Escobedo.
El 25 de abril del 2014, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado otorgó la suspensión de amparo en el expediente 783/2013 a la empresa Codere.
Operación limpieza
El año pasado, la Secretaría de Gobernación, los Municipios, el SAT y la Marina arrancaron una cacería contra los casinos en Nuevo León.
En total, 24 centros de apuestas fueron cerrados por falta de permisos municipales y federales.
En la lista está La Fortuna, cerrado en diciembre del 2013 por el SAT y la Marina, por supuesto lavado de dinero, vinculado a prestanombres del juez Luis Armando Jerezano Treviño, quien es investigado por la Judicatura y la DEA.
La embestida dejó casi “limpio” a Nuevo León de centros de apuestas, pero parece que los casineros no se dan por vencidos y poco a poco buscan resquicios legales para reabrir los negocios de apuestas.
Y con el regreso de la magistrada Juana María Treviño Torres, a la presidencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el panorama luce alentador para los casineros.
Treviño Torres, junto con la magistrada Aurora Gámez Cantú, estuvieron en el ojo del huracán por ofrecer protección a casineros y desarrolladores.
El exalcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, y el exedil de Monterrey, Fernando Larrazabal, señalaron a ambas abogadas de favorecer a los centros de apuestas y consorcios desarrolladores.
“Esa mujer (Treviño Torres) es una corrupta, yo la hice recular a la señora, cuando me quiso meter un casino yo le dije que primero me metía a la cárcel”, dijo públicamente el exalcalde de San Pedro.
También Larrazabal señaló a esa magistrada de ordenar la reapertura del casino Royale.
Días después del ataque por “Los Zetas” a este centro de apuestas, en donde fallecieron 51 personas en un incendio, el exedil culpó a la magistrada y sostuvo que no habrían ocurrido las muertes si no hubieran ordenado la apertura del casino.
En el municipio de Guadalupe, el casino Riviera reinició operaciones el pasado 23 de mayo del 2013, luego de que la PGR devolvió el inmueble a Central Gaming, operadora de este casino.
La casa de juegos se ubica en las avenidas México y Pablo Livas, al interior de la Plaza Carrusel.
No obstante, el Municipio de Guadalupe lo clausuró de nueva cuenta.
Pero la insistencia de los casineros continúo con la reapertura del “Queen´s”, centro de apuestas operado por la firma Protón Entertainment México, SA de CV.
Los dueños habrían alegado contar con amparo, pero el Municipio lo clausuró por falta de permisos municipales, en una acción casi inmediata.
