Se posicionan grupos ‘pro familia’ a favor de terapias de conversión en Nuevo León

Activistas señalan que prohibir las terapias de conversión supone un ataque directo a la libertad de expresión y de culto
Ricardo Alanís Carreón Ricardo Alanís Carreón Publicado el
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Luego de que el Congreso del Estado aprobara reformas al Código Penal para sancionar hasta con cinco años de cárcel las terapias de conversión, el Instituto Nacional de Consultoría Familiar (INCF) manifestó su rechazo a las modificaciones al considerar que atentan contra el desarrollo de la personalidad.

Luz María Ortiz Quintos, presidenta de la asociación, señaló mediante un comunicado que las reformas constituyen una imposición y violentan las libertades de expresión y religiosa, ya que se impiden que se hable públicamente del tema.

“Respecto a la reforma al artículo 204 del Código Penal para Nuevo León, en la que se sanciona con cárcel la práctica de las mal llamadas terapias de conversión, declaramos que no aceptamos esta persecución que atenta contra el libre desarrollo de la personalidad y rechazamos la imposición de esta agenda ideológica de parte de grupos minoritarios”, puede leerse en el comunicado.

Señalan que la iniciativa se aprobó ‘al vapor’

Ortiz Quinteros señaló que la reforma atenta contra quienes por decisión propia deciden someterse a este tipo de tratamientos, negándoles el derecho a la salud física y emocional.

“Con esta aprobación se está violentando la libertad de expresión y la libertad religiosa al impedir que se hable públicamente sobre el tema; se impide el acceso de los neoloneses al derecho a la salud física y emocional, así como el acceso al conocimiento de alternativas probadas que ayudan a quienes voluntariamente las piden”, cita el comunicado.

La iniciativa fue presentada por la bancada de Movimiento Ciudadano con el fin de penalizar las terapias de conversión, también conocidas como ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género).

Con el voto de 40 diputados, la reforma fue aprobada el pasado 21 de diciembre estableciendo penas de entre 2 y 5 años para quien obligue o engañe a un adulto para acudir a una de estos procedimientos, mismos que han sido desacreditados y catalogados como violentos y discriminatorios por la Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, de acuerdo con algunos activistas, la iniciativa fue hecha ‘al vapor’ y no se consultaron expertos adecuados, situación que requirió de modificaciones para tener un documento más conveniente.

El INCF señala que la reforma no toma en cuenta la situación que tienen algunos adultos en cuanto a madurez o salud psíquica, por las que requieren el apoyo de sus padres aún después de la mayoría de edad.

 

Ven ‘ideología de género’ en reforma

De acuerdo con Ortiz Quintos, esta reforma es parte del ‘paquete ideológico’ que se planea promover desde la educación preescolar y que incluiría, entre otras cosas, promover el aborto y a ideología de género.

Además, aseguró que los legisladores que los 40 legisladores que aprobaron la reforma tomaron fuentes ‘ideologizadas’ como referencia, por lo que su voto no sería neutral.

“Debido a que no se definió puntualmente en qué consisten las terapias de conversión, los diputados tomaron como referencia prejuicios e ideas sobre el tema, y consultaron fuentes ideologizadas por lo que no se puede considerar una reforma bien sustentada”.

La activista aseguró que los ciudadanos identificados como ‘Pro Familia‘ ya no serán utilizados por grupos políticos y recordó que, si bien la tarea de los legisladores es temporal, sus decisiones tienen el potencial de hacer daño a largo plazo.

“Los ciudadanos Pro Vida y Pro Familia ya no seguiremos a líderes a modo de grupos políticos y tampoco seremos utilizados para la lucha de poder entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo; recuerden que la función pública que desempeñan es temporal y el bien o mal que plasmen en las leyes, beneficia o afecta a sus propios hijos”, concluye el texto.

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