La “Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas” se ha mantenido durante todo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sin publicar un solo informe anual de labores, aun cuando el marco legal lo establece como una de sus obligaciones.
El nombre completo de la institución es: “Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos,” y tiene un papel fundamental en el combate de este ilícito, pues, como la misma entidad lo expone, es la instancia “encargada de definir y coordinar la implementación de una Política de Estado en materia de Trata de Personas”.
En el portal oficial de la Comisión Intersecretarial pueden consultarse los informes anuales del periodo comprendido entre el año 2009 y hasta el 2017; sin embargo, los informes subsecuentes cuya publicación debía ser efectuada por el actual Gobierno del presidente López Obrador no están disponibles en el sitio.
La Secretaría de Gobernación, cuyo titular, Adán Augusto López Hernández, funge como presidente de dicha Comisión Intersecretarial, reconoció en una respuesta brindada vía transparencia que no se han concretado los procesos requeridos para cumplir con la publicación de los informes faltantes.
“La Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, si bien ya tiene aprobados los informes 2018, 2019 y 2020, aún no son de conocimiento del Presidente de México ni de las Cámaras de Diputados y Senadores”.
La respuesta de la Secretaría, elaborada en específico por su Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, complementa lo siguiente: “Una vez acusados de recibidos podrán publicarse en la página de la Comisión mencionada, misma que se encuentra en la liga http://www.comisioncontralatrata.segob.gob.mx y la información contenida en él será de dominio público”.
Con respecto a los informes de los años 2021 y 2022, la secretaría expuso el siguiente estatus: “Por lo que respecta al año 2021, se encuentra en proceso de sistematización de la información a fin de que pueda ser elaborado y aprobado por el Pleno de la Comisión Intersecretarial. Finalmente, por lo que es al 2022, el año es vigente por lo cual no ha concluido el ejercicio para comenzar con la elaboración del informe solicitado (Folio 330026222001642)”.
Comisión contra trata de personas opaca
Con el rezago en que ha caído la Comisión Intersecretarial en lo concerniente a la publicación de sus informes anuales, y la opacidad en que mantiene sus actividades y resultados, se está incumpliendo el artículo 93 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
En dicho artículo se establece: “La Comisión Intersecretarial elaborará, con la información que reciba de todas las dependencias participantes de los tres órdenes de gobierno, un informe anual el cual contendrá los resultados obtenidos por el Programa Nacional (en materia de trata de personas). Este informe será remitido al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y las dos Cámaras del Congreso de la Unión y se le dará una amplia difusión en los medios de comunicación en todo el territorio nacional”.
De hecho, entre las funciones que le asigna esa Ley General a la Comisión Intersecretarial, además de “definir y coordinar la implementación de una política de Estado en materia de trata de personas” y otras tareas, figura la de “evaluación, rendición de cuentas y transparencia” (artículo 84).
Esta Comisión Intersecretarial está integrada por los titulares de múltiples dependencias federales, incluyendo, entre otras, a las Secretarías de Seguridad, del Trabajo y Previsión Social, Salud, Relaciones Exteriores y Turismo; así como de los Institutos Nacionales de las Mujeres y de Migración; y algún representante de la Fiscalía General de la República.
El secretario de Gobernación, López Hernández, quien preside esta Comisión, ha recibido cuestionamientos por distraer sus funciones con presuntas giras y actividades de promoción personal, al tratarse de uno de los principales aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.
Impunidad y omisiones
El 10 de agosto de 2022, el Subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, publicó en su portal algunos datos sobre la impunidad en que se mantiene la trata de personas:
“En México, entre 2018 y 2020, la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, registró mil 720 averiguaciones previas en las fiscalías locales y en la fiscalía general, de las cuales solo se han emitido 225 sentencias condenatorias, es decir en apenas el 13% del total”.
También señala que “es preocupante el rezago institucional que se observa para encarar este delito”. Para ejemplificarlo, recurre al Diagnóstico 2021 de la CNDH, donde se señala que: “sólo 14 entidades contaban con una fiscalía especializada en los delitos en materia de trata (…); dos estados no cuentan con una Ley en la materia (Baja California Sur y Campeche) y dos más, mantienen un rezago en su armonización legislativa (Tabasco y Sonora). (…) El 84% no cuenta con un Programa Estatal contra la trata”.
Sin embargo, el subsecretario omite mencionar el rezago del Gobierno federal en la publicación de los informes anuales, y en la expedición del Programa Nacional “2020-2024” para combatir la Trata de Personas, según se advierte en el “Programa Anual de Trabajo 2021” de la Comisión Intersecretarial (PATCI):
“Es menester precisar que la mayoría de las acciones que se tuvieron programadas durante el PATCI 2020 no pudieron ser cumplimentadas debido a que aún no ha sido aprobado y publicado el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”.
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