Miembros de organizaciones ciudadanas dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas se manifestaron hoy frente a la oficina de representación del Gobierno de Jalisco en la Ciudad de México, para exigir un tratamiento adecuado para las centenas de cuerpos que están almacenados en un par de contenedores refrigerantes en aquella entidad federativa.
También exigieron una investigación que determine con claridad el origen de todos esos cuerpos; sin embargo, debido a que sus demandas no fueron atendidas por la oficina de representación jalisciense, procedieron incluso a bloquear la Avenida Campos Elíseos donde están ubicadas esas instalaciones.
En la investigación oficial del caso se señala que en total son 444 cadáveres los que se encuentran bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), de estos, 122 están en la cámara de refrigeración de la institución, mientras que otros 273 están en el tráiler que estuvo deambulando por Guadalajara, y los 49 restantes en un segundo contenedor también refrigerante.
Hoy también hubo una manifestación a las afueras del IJCF para exigir que se garantice el trato correcto y conforme a las leyes para todos los cuerpos no reclamados que están en resguardo de esa institución.
Por su parte, Roberto López Lara, quien encabeza la Secretaría General del Gobierno de Jalisco, se reunió hoy con el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Sergio Jaime Rochín del Rincón, para exponerle a este “los antecedentes del caso (del tráiler con cientos de cuerpos) y el estatus del resguardo de las personas fallecidas no reclamadas en el IJCF”.
El IJCF está sectorizado a la dependencia que encabeza López Lara, por lo que fue este quien le informó al comisionado sobre “las acciones que el Gobierno del Estado está implementando tras las omisiones que se registraron en el resguardo de cuerpos por parte de Ciencias Forenses y así, se garantice en su totalidad el trato digno a las personas fallecidas”, comunicó la dependencia.
Al comisionado Rochín del Rincón se le hizo saber de la creación de una Comisión de Inhumación, que tendría participación de servidores públicos y asociaciones civiles, para vigilar de cerca el proceso que se sigue para la disposición de los restos humanos en posesión de las autoridades.
