Al año pierden la vida de manera violenta en el país un promedio de 79 personas de la comunidad LGTB, pero solo el diez por ciento de estos son investigados como crímenes de odio.
Samuel Jair Martínez Cruz, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) e integrante de la organización Letra Ese, indico que entre 2013 y 2018 diversos organismos independientes registraron 473 crímenes de odio en México, de los cuales 261 fueron cometidos contra mujeres trans y Veracruz apareció como la entidad con mayor número de asesinatos.
Indicó que desde hace más de 20 años, Letra Ese realiza el seguimiento a estos casos, y que la media general de edad de las víctimas es de 24 años, y que al menos 22 de ellas sufrieron violencia sexual antes o después de fallecer, mientras que los cuerpos de 60 mostraron marcas de tortura o señales claras de ensañamiento”.
Durante el Primer Coloquio de Derechos Humanos UAM, realizado en la Casa Rafael Galván de la UAM, Martínez Cruz, señaló que solo la ciudad de México y Aguascalientes han reconocido como un agravante el crimen de odio en sus códigos penales, por ello la CIDH recomienda implementar un instrumento nacional sobre su registro, seguimiento a los protocolos y evaluación a su eficacia e impacto.
Además, informó que las mujeres trans son las personas más vulneradas de la sociedad, haciendo parecer que derechos como la adopción homopaternal o el matrimonio igualitario están lejanos a verse realizados.
Por su parte, Ricardo Félix Dos Santos, maestro de la Universidad Federal Fluminense, quien realiza una estancia de doctorado en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), analizó la interseccionalidad de los encuentros en los que participan movimientos indígenas, estudiantiles y la comunidad LGBT en Brasil.
Señaló que, desde 2012 el gobierno de Dilma Rousseff implementó una ley federal que obliga a las instituciones de educación superior a aplicar políticas de acción afirmativa para la inclusión de la población afrodescendiente, indígena y egresada del sistema público de educación básica, resultado de ello para 2017 hubo un incremento de 500 por ciento en el número de estudiantes autodeclarados indígenas homosexuales y una menor brecha entre la diferenciación de educación pública y privada.
Dijo que la conformación de una red de juventud indígena puso en evidencia el protagonismo de las nuevas generaciones en el movimiento indígena nacional, pero no fue hasta la creación de una red de indígenas LGBTQ llamada Tibira –en honor a la primera víctima de homofobia en Brasil– que una iniciativa colectiva de alcance nacional se configuró, en un ambiente de transnacionalización de los géneros globales.
En 2013 año en que se realizó el primer Encuentro de Estudiantes Indígenas se forjó en Brasil un círculo progresista que se ha insertado en institucionales públicas diversas, detonando un viraje en la revitalización de las políticas orientadas a la afirmación de la sexualidad diversa.
A estos encuentros se han sumado jóvenes de todo el mundo, de distintas culturas y disidencias sexuales, que han tratado de reinventar estéticas nuevas desde sus tradiciones, politizando sus historias personales y acotando las experiencias etnopolíticas.
Sin embargo, denunció que muchas de las políticas a favor de este sector de la sociedad han sido fulminadas apabullantemente con el ascenso de la ultraderecha, tras la llegada de Jair Bolsonaro, quien considera que estos grupos han avanzado y ganado privilegios, por lo que poco a poco ha echado para atrás el avance conseguido durante años de organización.
