Desde hace dos semanas que se reveló el proyecto del ministro Luis María Aguilar que propone declarar “inconvencional” la prisión preventiva oficiosa, es decir, que sea la excepción y no la regla como ocurre actualmente, el Gobierno federal y legisladores de Morena arreciaron la presión en contra del Poder Judicial y comenzaron una fuerte campaña en defensa de este mecanismo jurídico.
La táctica involucra argumentos sobre su importancia y señalamientos de abusos e intenciones cuestionables por parte del Poder Judicial.
El 24 de agosto, por medio de un comunicado suscrito por Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y María Estela Ríos, Consejera jurídica del primer mandatario, el Gobierno federal fijó su postura en favor de la prisión preventiva oficiosa al considerarla crucial para la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal”
Esta postura ha sido mantenida tanto por el presidente López Obrador como por Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, quien un día después planteó que si en cada detención por estos delitos es un juzgador el que resuelve si se queda en prisión o no, puede dar lugar a múltiples casos de corrupción y a un mercadeo de abogados y jueces.
También el 25 de agosto, apenas minutos después de que la Suprema Corte confirmó que el proyecto sobre prisión preventiva oficiosa llegará al Pleno este lunes 5 de septiembre, el secretario López Hernández acudió al recinto del máximo tribunal.
“Esto puede dar lugar a múltiples casos de corrupción, a un mercadeo de abogados y jueces”
A su salida, el funcionario solo dijo que esperaba que los ministros leyeran con atención los argumentos del Gobierno antes de decidir.
Como principal ejemplo, López Obrador ha mencionado en repetidas ocasiones que un juez se negó a vincular a proceso a José Bernabé “N”, alias “La Vaca”, presunto líder del Cártel Independiente de Colima y principal generador de violencia en el estado, pese a que fue detenido en flagrancia y se le decomisaron tanto armas como drogas.
Un argumento constante en estas defensas es que remover el mecanismo de prisión preventiva oficiosa para los delitos catalogados como graves resultaría en un incremento en el peligro que corren tanto las víctimas y denunciantes como los propios miembros del Poder Judicial, elementos de seguridad y demás funcionarios públicos encargados de los casos.
López Obrador también atajó las críticas respecto a que la prisión preventiva oficiosa afecta a los más pobres y los mantienen detenidos sin sentencia.
“Estamos haciendo un trabajo y lo vamos a seguir haciendo para que todo el que injustamente está en la cárcel pueda salir, pero no abrir la puerta de par en par”
‘El Poder de los Poderes’ en confrontación por prisión preventiva oficiosa
La discusión sobre la prisión preventiva oficiosa terminó por avivar la confrontación entre el Poder Judicial y el Gobierno de López Obrador, quien ha arremetido en múltiples ocasiones contra jueces por otorgar amparos contra sus obras insignia o contra los ministros del máximo tribunal por seguir percibiendo salarios más altos que el suyo.
El 31 de agosto, López Obrador acusó que, con la posible anulación de la prisión preventiva oficiosa, “el Poder Judicial, de ser un poder históricamente apéndice del Ejecutivo, porque eso era, se convierte en el poder de los poderes, porque los potentados tienen más control de ese poder, les es más fácil ahí hacer valer sus privilegios”.
Esto pues, a su consideración, con los proyectos de los ministros Luis María Aguilar y Norma Lucía Piña, “la esencia es que se busca impunidad”, llegando a argumentar que la decisión de dictar prisión a un detenido no puede recaer en los jueces porque “sigue siendo el Poder Judicial de tiempo atrás, caracterizado por la corrupción”.
Aunque ese día planteó no dar nombres de jueces que obstaculizan casos, pues consideró sería humillarlos, para el 2 de septiembre el subsecretario Mejía expuso a nueve juzgadores cuyas “resoluciones ponen en peligro la seguridad nacional”, pues han liberado a narcotraficantes, feminicidas, secuestradores y traficantes de armas.
Caso aparte fue el del juez Juan Pablo Gómez Fierro, señalado en múltiples ocasiones por otorgar amparos contra los proyectos de López Obrador y agregado a este listado por sus suspenciones contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Algo que Mejía sacó a colación, sin vincular, con la banda de “montadeudas” desarticulada en la Ciudad de México.
“La decisión que se vaya a tomar el próximo lunes puede definir la situación de seguridad o inseguridad”
Por otro lado, retomó la crítica hecha por el exministro y exprocurador Diego Valadés respecto a que modificar la prisión preventiva oficiosa corresponde al Poder Legislativo, agregando que “se convierten los ministros en legisladores, algo que nunca había sucedido, que el Poder Judicial borrara, nulificara un artículo de la Constitución”.
Tras este comentario, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados se sumó a la cargada advirtiendo en un comunicado que “si la Suprema Corte de Justicia de la Nación se atreviera a desaplicar una parte del Artículo 19 de la Constitución, estaría prácticamente derogando su texto y, con ello, vulnerando la división de poderes”.
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