"La administración estatal acusa por falsos y sin sustento los argumentos de las dirigencias nacionales de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional sobre un supuesto interés por entorpecer la constitución de la alianza entre estos institutos políticos”
La respuesta no se hizo esperar. El gobierno de Veracruz se deslindó de cualquier intervención o mano negra en la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado que echó atrás la alianza PRD-PAN.
Enrique Cambranis y Juan Vergel, candidatos de estos dos partidos, pretendían presentarse unidos en las elecciones de julio próximo donde se disputarán 212 alcaldías, 30 diputaciones de mayoría relativa y 20 de representación proporcional.
El gobernador de la entidad, Javier Duarte, explicó que “es un tema intrapartidista” que se ha desarrollado en los últimos meses.
Hizo ver que el presidente actual del PRD fue destituido por sus propios compañeros y llegó uno nuevo, que él mismo recurrió ante esas instancias y fue repuesto como presidente de ese partido.
Gerardo Buganza Salmerón, secretario de gobierno de la entidad, respondió a las acusaciones que le hicieron el jueves pasado los dirigentes del PAN y PRD, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, respectivamente, quienes responsabilizaron al PRI y al gobierno de Javier Duarte de evitar la coalición entre ambos partidos.
“El gobierno de Veracruz no tiene ninguna injerencia en el conflicto interno que enfrenta al Partido de la Revolución Democrática y que derivó en la caída de la alianza con Acción Nacional”, dijo.
La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, que es un órgano jurisdiccional independiente del Poder Ejecutivo, aclaró, emitió su resolución el pasado 18 de febrero.
Y fue más allá: “la administración estatal acusa por falsos y sin sustento los argumentos que han expuesto las dirigencias nacionales de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional sobre un supuesto interés por entorpecer la constitución de la alianza entre estos institutos políticos”.
Aseguró que la administración estatal “le apuesta a la legalidad”.
En este proceso electoral, subrayó, las instituciones cumplirán irrestrictamente con lo que marca la ley, y con su responsabilidad “política y legal de garantizar un proceso en paz y tranquilidad”.
Para el Gobierno del Estado, agregó, este proceso significa una oportunidad de avanzar en la consolidación de la democracia y es el espacio ideal para que todos los ciudadanos participen, escuchen y elijan a quienes sean la mejor opción de gobierno en los 212 municipios de Veracruz.
Buganza Salmerón insistió que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa es ajeno a todas estas acusaciones y citó como ejemplo la destitución y restitución que el propio Tribunal Electoral del Estado efectuó con la dirigencia de Juan Vergel Pacheco al frente de dicho instituto político.
“De ninguna manera existirá rompimiento con los partidos políticos, la posición del Gobierno es clara y precisa, nosotros nos deslindamos de cualquier acusación de lo que hoy califican o descalifican como la injerencia del Gobierno”, resumió.
La autoridad electoral argumentó que el Sol Azteca no cumplió con los estatutos. Que no logró alcanzar el 60 por ciento en la reunión de su Comisión Política celebrada el 31 de enero de este año.
