Las instituciones de las 32 entidades federativas se han visto mermadas a lo largo de la última década en el país, revela el Índice de Desarrollo Democrático de México 2010-2020.
De acuerdo con el documento, el promedio del conjunto de indicadores que determinan la dimensión de la democracia de las instituciones, ha oscilado entre los 3,100 y los 5,800 puntos, siendo el mejor lapso el obtenido entre los años 2010 y 2013.
Por su parte, el valor promedio más bajo fue el del año 2020, donde salieron a relucir problemáticas muy serias en materia de percepción de la corrupción y de libertad de prensa.
“El rango de la media de percepción de la corrupción está entre los 2,900 y los 7,300 puntos. El mejor valor fue el de 2018 y el más bajo el de 2020, que también fue el peor de la serie.
“Mientras que “el promedio de libertad de prensa ha fluctuado entre los 3,600 y los 7,700 puntos. El valor más alto fue el de 2017 y el más bajo el de 2020, que es donde se observa el mayor descenso de la variable”.
Respecto a estos resultados, Jorge Arias, director de PoliLat y Autor principal del IDD-Mex, comenta que es necesario consolidar la participación ciudadana, transformar el sistema de justicia, construir una cultura política que reconozca el derecho de todas las personas a la libertad de expresión, asamblea, asociación, revertir el avance del crimen organizado y el clima de violencia institucional, política y social; evitar la polarización y la división artificial de los mexicanos, asegurar la equidad de género y de oportunidades, así como acelerar la inclusión social, económica y política de los sectores excluidos.
“Específicamente en cuestiones institucionales necesitamos adaptar con agilidad los procesos a los desafíos de los nuevos tiempos, eliminar todo tipo de amenazas contra la función periodística, avanzar en el combate a la corrupción, prevenir el riesgo de movimientos de desestabilización, desarrollar mejores prácticas democráticas más que nuevos modelos institucionales, lograr que las instituciones básicas funcionen, se respete su autonomía y se controlen adecuadamente, favorecer el diálogo y la tolerancia”.
Es necesario consolidar la participación ciudadana, transformar el sistema de justicia y construir una cultura política que reconozca el derecho de todas las personas a la libertad de expresión
