“Pareciera que quieren trasladar la responsabilidad institucional de garantizar la seguridad pública a los ciudadanos”
La organización Causa Común exigió a las autoridades la revisión de los alcances de la ampliación al derecho de legítima defensa en Nuevo León, aprobada el lunes 29 de mayo pasado. Esa reforma permite a sus ciudadanos lesionar o privar de la vida a intrusos que allenen sus hogares o negocios, sin que sean procesados por el delito de homicidio.
En un comunicado de prensa María Elena Morera, presidenta de la organización, señaló que “pareciera que quieren trasladar la responsabilidad institucional de garantizar la seguridad pública a los ciudadanos”. Asimismo, aseveró que este tipo de reformas podrían generar mayor violencia y mayor proliferación de armas; además, instó a las autoridades locales y federales a revisar este tipo de reformas.
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El concepto de legítima defensa fue ampliado en el artículo 17 del Código Penal del estado, el cual antes de su modificación, estipulaba que el ciudadano que asesinara a un intruso debía comprobar que la persona había cometido daños a la propiedad o que se encontraba armada. Con la reforma, ahora no será necesaria la presentación de pruebas, basta con que el delincuente ingrese al domicilio o comercio.
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El diputado local del PAN, Marcos Mendoza Vázquez, presentó la inciativa desde noviembre de 2016, gracias al respaldo de los demás grupos legislativos, fue posible su aprobación esta semana.
Expertos y organismos como Causa Común o la Organización de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac), han nombrado a este cambio al Código Penal como un permiso para matar y para que los ciudadanos tomen la decisión de armarse para defenderse de la deluncuencia. Consideran también que este tipo de medidas demuestran la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de la ciudadanía neoleonesa.
