La Cámara de Diputados aprobó con 446 votos a favor, cero en contra y cero reformas al artículo 140 del Código Penal Federal, para perseguir y sancionar el delito de sabotaje cometido en perjuicio de las empresas productivas del Estado.
Se aplicará de 2 a 20 años de prisión y multa de mil a 50 mil pesos al que dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos y funciones de las empresas productivas del Estado, con el fin de transformar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa.
En el documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, se menciona que, en las últimas fechas, el sector energético se ha visto gravemente amenazado y que la crisis de seguridad que aqueja a México, repercute de igual forma en las empresas productivas del Estado y en su operatividad a causa de los múltiples sabotajes que padecen.
Tal es el caso de Pemex, sus datos demuestran un alto índice de ataques a la red de ductos dado que, entre enero y septiembre de 2019, se registraron ocho mil 700 de ellos, lo que significó un aumento de más del 1.4 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.
El dictamen precisa que de conformidad con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el cambio de naturaleza jurídica de empresas como Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha permitido impulsar las funciones operativas indispensables para participar con éxito en mercados competitivos; lo cual, genera un rápido crecimiento económico, que propicia oportunidades de desarrollo y empleo para los mexicanos.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, señaló que las reformas tienen que ver con ciertos fenómenos dentro de las empresas productivas del Estado, como organismos que durante los últimos años han sufrido constantes afectaciones en sus redes de distribución.
Señaló que de esta forma, se podrá hacer frente a la impunidad que está alrededor de este fenómeno que lacera, ofende al pueblo de México y que, sobre todo, genera daños importantes al erario y al patrimonio de los mexicanos.
Con 446 votos a favor, aprueban sancionar hasta con 20 años de prisión a quien dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos y funciones de las empresas productivas del Estado.
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— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 26, 2020
