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de la Red por los Derechos de la Infancia en MéxicoEl Congreso de la Unión ya está en falta, pues el 6 de enero venció el plazo constitucional para que esta ley fuera aprobada
Las últimas dos semanas han sido un recordatorio sobre la urgencia de aprobar una ley que castigue las desapariciones, sin embargo, en el Senado la ley para castigar la desaparición forzada y desaparición perpetrada por particulares no está ni siquiera a discusión.
Hechos como el secuestro de personas en comunidades de Guerrero o Veracruz han resucitado el debate sobre la iniciativa, cuya discusión está pendiente en el Congreso de la Unión.
En diciembre pasado, la legislación estaba a punto de ser discutida y aprobada en los últimos días del periodo ordinario.
Sin embargo, el envío de la iniciativa del Ejecutivo el 10 de diciembre la detuvo en el pleno de la Cámara Alta.
Organizaciones civiles han cabildeado con parlamentarios algunos puntos que debiera contener la ley, como el derecho de los ciudadanos a no ser desaparecidos.
También han argumentado que la propuesta presidencial no se ciñe a los estándares internacionales en la materia.
A todo esto se suma que el Congreso de la Unión ya está en falta, pues el 6 de enero venció el plazo constitucional para que esta ley fuera aprobada.
Durante los últimos días han sido cometidos varios delitos de desaparición en Guerrero y Veracruz que han vuelto a poner en la mesa el tema.
En Veracruz, la desaparición de cinco jóvenes a manos de la policía prendió los focos rojos –una vez más- sobre la violencia que se enseñorea en la entidad.
El 11 de enero, cinco jóvenes desaparecieron en el municipio de Tierra Blanca, en un hecho de desaparición forzada.
En un principio se pensó que habían sido “levantados” por un grupo criminal, pero gracias a las cámaras de video instaladas donde se dio el plagio, se pudo saber que fueron extraídos por elementos de la Policía Estatal.
Cuatro agentes fueron consignados por presuntamente haber participado en los hechos; empero, la investigación de la Procuraduría General de la República continúa. Los jóvenes siguen desaparecidos.
En Guerrero, las desapariciones han sido obra de grupos delincuenciales que están en la pugna por el control del territorio, ha afirmado la Fiscalía de la entidad, por lo que entran en el supuesto de la desaparición perpetrada por particulares.
Ha sido el enfrentamiento entre criminales del grupo de “Los Tequileros” y “La Familia Michoacana” lo que ha encendido el clima de violencia en la Tierra Caliente.
El 9 de enero, en la comunidad El Salitre, municipio de Arcelia, Guerrero, fueron secuestradas 21 personas que participaban en una fiesta y que fueron “levantadas” por un comando armado.
Antes de llevarse a estas personas, el comando armado asesinó a dos taxistas que se encontraban en el lugar.
El 15 de enero fueron liberados en una comunidad de la entidad; tuvieron que caminar durante kilómetros para regresar a sus hogares.
El 11 de enero fueron secuestrados cinco maestros de la secundaria técnica 114, ubicada en la comunidad Santana del Águila, en Ajuchitlán, Guerrero.
Entre ellos se encontraba una mujer y Joaquín Real, el director de la escuela secundaria, que fue asesinado por los plagiarios.
Los secuestradores pidieron rescate para su liberación y, aunque las autoridades afirmaron que no se dio rescate alguno, los familiares afirmaron que sí hubo un pago de al menos un millón de pesos.
En medios locales, los familiares de los plagiados se quejaron de que el Gobierno presumía el rescate de estas personas, cuando en realidad fueron liberados por el pago que se hizo a los secuestradores.
Los cuatro maestros fueron liberados el mismo 15 de enero, a unas horas de que se liberara a los 21 secuestrados de Arcelia.
El 19 de enero, en Arcelia se registró un secuestro de una familia –con dos menores de edad- quienes fueron “levantados” por un comando armado.
Iban en la búsqueda de alguien más y, al no encontrarlo, se llevaron a las cuatro personas que fueron liberadas al día siguiente.
En Ajuchitlán fueron secuestrados también dos estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario.
Uno de ellos fue liberado unas horas después; el otro permanecía en cautiverio.
El retraso legislativo
A las pocas semanas de que ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre del 2014, el Congreso de la Unión comenzó los trabajos para construir una ley que castigue estos crímenes.
Aunque el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a finales del 2014 a enviar al Congreso de la Unión una legislación en desaparición forzada, los meses de 2015 pasaron sin tener noticias de la propuesta.
Ante el retraso, senadores de oposición comenzaron a trabajar en un proyecto de ley que atendiera el reclamo ciudadano.
Con organizaciones civiles, los legisladores avanzaron con diferentes propuestas sobre lo que debía contener la ley.
En el avance de los trabajos, se estableció que la ley debía contener un protocolo único nacional para la búsqueda e identificación de víctimas y la homologación de la legislación en los estados.
La acción de la ley abarcaría no solamente el delito de la desaparición, sino también el destino probable que hubieran tenido las víctimas.
Se contemplaba, por ejemplo, la creación de una base de datos única de personas muertas no identificadas, pues en varios estados del país se encontraban cadáveres en fosas comunes que pudieron ser desaparecidas en otros lados.
Ya a punto de entrar a la discusión en el pleno de esta iniciativa, en diciembre pasado, Peña Nieto envió su propuesta, lo que detuvo la aprobación.
En su iniciativa, el Ejecutivo prevé penas de hasta 100 años de prisión para quien cometa este delito, además de que sea imprescriptible.
En el Senado, la iniciativa fue criticada por considerar que la pena de un siglo va en contra del principio de reinserción social; además, porque no se establece el protocolo para búsquedas de emergencia.
Organizaciones civiles también criticaron la propuesta presidencial, por lo que el debate se reactivará en el próximo periodo legislativo, que comienza el 1 de febrero.
Los grupos civiles argumentaron que el Ejecutivo solo se refiere al delito de desaparición forzada a aquel cometido por servidores públicos, dejando de lado a miembros de las Fuerzas Armadas.
A esta reflexión, se sumará un capítulo dedicado a la desaparición de menores de edad.
De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), tres de cada 10 desaparecidos en México son menores de edad.
Además de la legislación que castigue y prevenga los delitos de desaparición, los grupos civiles han pedido al Gobierno federal crear una unidad especial que se dedique a investigar este crimen que se comete contra los menores de 18 años.
Los senadores han anunciado que en las próximas semanas se retomará el debate en foros públicos, ya con las propuestas que han llegado hasta la Cámara Alta.
Encienden el foco
Las últimas dos semanas han sido un recordatorio sobre la urgencia de aprobar una ley que castigue las desapariciones.
El 11 de enero, cinco jóvenes desaparecieron en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, en un hecho de desaparición forzada, cometida por servidores públicos.
El 9 de enero, en Arcelia, Guerrero, fueron secuestradas 21 personas. Antes de llevárselos, el comando armado asesinó a dos taxistas que estaban ahí.
El 11 de enero fueron secuestrados cinco maestros de la secundaria técnica 114, en Ajuchitlán, Guerrero. El director de la escuela fue asesinado.
El 19 de enero, en Arcelia se registró un secuestro; esta vez fue una familia –con dos menores de edad- quienes fueron “levantados” por un comando armado.
