El proceso penal en contra del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, está de nuevo en medio de la controversia, ante la persecución judicial iniciada en contra de Francisco González Arredondo, el exfiscal que integró la investigación denominada “Justicia para Chihuahua” o “Expedientes X”.
En la causa penal que se le sigue a González Arredondo se recabaron las declaraciones de quienes fungieron como testigos de cargo contra Duarte Jáquez y otros funcionarios de esa administración.
Los testigos denunciaron haber sido torturados psicológicamente y forzados a declarar contra el exmandatario estatal de extracción priísta, todo esto durante el sexenio del panista Javier Corral.
“Ya se creó toda una atmósfera que propende de manera inequívoca a la futura absolución de César Duarte. Si esto sucede, quedarán en entredicho tanto los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pues ni uno ni otro, teniendo a la mano un expediente tan sólido como el que se sustancia a partir de la denuncia de septiembre de 2014 en la averiguación AP/PGR/ UEAF/001/2014-09 han realizado nada eficaz, a más de ocho años de iniciada la instancia”, señaló el activista social Jaime García Chávez, quien inició la querella contra Duarte.
El exdelegado en Chihuahua de los Programas del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, refirió que hay un conflicto de interés con la actual titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, Myriam Hernández, que pone en entredicho si habrá de ser llevado a juicio César Duarte Jáquez.
“Se destituyó al anterior presidente del TSJ, ha habido acoso a jueces y magistrados (…) y también se destituyó a la anterior fiscal Anticorrupción que tenía su gestión hasta el 2027, en el primero de los casos para instalar a Myriam Hernández, a quien el mismo César Duarte nombró como magistrada y hay versiones que apuntan a que ella testificó en Estados Unidos a favor de César Duarte”
Por su parte, el representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, Óscar Ibáñez, dijo que el proceso penal de Duarte Jáquez y el de Francisco González son totalmente independientes.
Ibáñez también garantizó que está dando continuidad al proceso penal iniciado en contra del mandatario estatal por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
La causa penal contra el exfiscal que investigó a César Duarte
El exfiscal González Arredondo fue detenido el pasado 21 de noviembre en la ciudad de Delicias, Chihuahua, al cumplimentarse una orden de aprehensión por el delito de tortura que presuntamente cometió en contra de al menos una víctima identificada públicamente con la clave JJBT-1/2021, de acuerdo con la formulación de cargos que hizo el Ministerio Público en su contra.
La víctima aseguró haber sido torturada por Francisco González y obligada a convertirse en testigo colaborador para inculpar a altos funcionarios públicos o a políticos rivales del exmandatario chihuahuense Javier Corral Jurado, como César Duarte Jáquez.
En la audiencia donde fue vinculado a proceso el exfiscal, la agente del Ministerio Público a cargo del caso, dio a conocer que Vilma Ramírez Santiago, directora Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), envió un oficio el 7 de diciembre del 2021 a la Fiscalía de Chihuahua para dar a conocer que, el 15 de octubre del mismo año, habían tenido conocimiento de la presunta tortura psicológica ejercida contra cinco exfuncionarios de la administración de Duarte.
La CNDH también le solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua que iniciara una carpeta de investigación, dijo la agente del Ministerio Público, a cargo de formular cargos contra el hoy exfiscal Francisco.
En virtud de ello, la FGE inició el caso único 19/202124935 y se recabaron las declaraciones de cinco personas que dicen haber sido torturadas por González Arredondo, pero solo por una de ellas se inició el proceso penal contra el exfiscal.
Esta presunta víctima -con clave de identificación JJBT1/2021- declaró ante el Ministerio Público de la Fiscalía que trabajó durante los últimos años del sexenio del ahora exgobernador Cesar Duarte Jáquez en el área de Adquisiciones, bajo la dirección de Antonio Enrique Tarín García, quien fue titular de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda.
Tarín fue sentenciado a seis años de cárcel por el desvío de 2 millones 420 mil pesos, aunque meses después obtuvo la libertad condicionado al resguardo domiciliario y el uso de un brazalete.
La presunta víctima JJBT1/2021 refirió que en el verano del 2017 fue citado en la Casa de Gobierno para que hablara en relación a los “Expedientes X” y fue entrevistado durante más de ocho horas sin la posibilidad de tomar agua ni ir al baño y bajo amenazas, porque le decían que otros testigos ya habían declarado que él sabía sobre los desvíos de dinero y malas actuaciones de César Duarte Jáquez y tenía que declarar todo, advirtiéndole que de no hacerlo lo iban a detener.
El Ministerio Público también presentó la declaración de otra presunta víctima del exfiscal González Arredondo, a quien identificó con la clave DEFJ5/2021.
En la causa penal que se le sigue a González Arredondo, los testigos denunciaron haber sido torturados psicológicamente y forzados a declarar contra el exmandatario estatal de extracción priísta, todo esto durante el sexenio de Javier Corral
Ésta manifestó que fue testigo protegido, pero todo el tiempo estuvo amenazado e intimidado por los fiscales comisionados a los “Expedientes X”, Javier López, Claudia Chávez y el ahora acusado.
La representante social en total presentó las versiones de cinco testigos y los resultados de los protocolos de Estambul aplicados a las víctimas para acreditar el delito de tortura y solicitar la vinculación a proceso del exfiscal.
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