Se ‘blinda’ Samuel García contra oposición; tramita amparo en Tamaulipas

La “guerra” entre el gobernador Samuel García y la oposición política en Nuevo León sigue más vigente que nunca; ahora, el mandatario estatal, señalado por ejercer presuntas acciones de acoso en contra de diputados del PAN y el PRI, tramitó una suspensión de amparo para él y 11 de sus familiares, lo que lo “blindaría” de órdenes de aprehensión y audiencias en procesos penales.

De acuerdo con el gobernador, el bloque conformado por el PRIAN buscaría “fabricarle” acusaciones para impedir que participe en las elecciones presidenciales de 2024, motivo por el que decidió protegerse a sí mismo y a su círculo cercano.

Protección ‘extendida’

Además del propio gobernador, el amparo fue concedido a sus padres, Samuel Orlando García Mascorro y Bertha Silvia Sepúlveda, así como a sus hermanos, Silvia, Ana Cecilia y Roberto; la protección se extiende también a su esposa, Mariana Rodríguez, así como a su familia nuclear, conformada por padres y hermanos.

Como en ocasiones anteriores, García acudió a un Juez de Distrito de Tamaulipas alegando que el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León son “controlados” por el PRI y el PAN.

El amparo fue conseguido desde el pasado jueves 14 de septiembre y le permitiría a García tener acceso a todas las posibles carpetas en contra de él y sus 11 “protegidos”.

¿Quién ‘acosa’ a quién?

El amparo tramitado por García trasciende en uno de los momentos más álgidos de su confrontación en contra del PRIAN estatal, con cuyos miembros, tanto alcaldes como legisladores, ha cruzado numerosas acusaciones y golpes mediáticos.

Hace apenas siete días, las dirigencias nacionales del PRI, PAN y hasta del PRD lanzaron un pronunciamiento conjunto en contra del gobernador, acusándolo de ejercer acoso y abuso de autoridad en contra de miembros opositores e, incluso, de sus familias.

Estas medidas de presión se traducirían en cierres de negocios, logrados a través de diversas secretarías del Gobierno estatal, así como en el “corte” de servicios básicos en sus domicilios, tal y como denunció César Garza Villarreal, alcalde priista de Apodaca, quien el lunes reportó la instalación arbitraria de un reductor de agua en casa de su padre, colocado por personal de Agua y Drenaje de Monterrey.

Perla Villarreal y Lorena de la Garza, integrantes de la bancada del PRI en el Congreso, también denunciaron actos de represión en contra de ellas y sus familias, motivo por el que acudieron a interponer una denuncia en contra de García en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en razón de violencia política de género.

Mal ‘momento’ para pelear

A ello deben agregarse las acusaciones de supuestos “sobornos” realizados tanto a alcaldes como a diputados del PRI y el PAN, a quienes se les habrían ofrecido compensaciones económicas a cambio de “brincar” a Movimiento Ciudadano, aumentando la presencia del partido naranja tanto en el Congreso como en el control de municipios en la entidad.

A lo anterior se suman los reclamos opositores por la falta de soluciones para las crisis de agua, movilidad y seguridad en la entidad, han provocado que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo sea casi exclusivamente de confrontación.

El pleito, inédito en la historia reciente de Nuevo León, se da en vísperas de la supuesta incursión de Samuel García en la elección presidencial del próximo año, proceso para el que debe contar con la aprobación del Congreso local.