Es importante esperar a conocer el acuerdo que se prevé sea publicado en el Diario Oficial de la Federación para conocer también el nuevo rol que tendrá la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en aspectos de justicia, afirma Keyla Vargas, coordinadora de Proyectos de Casede.
“Lo que observo es que todo el brazo operativo civil que constituyó en su momento la Guardia Nacional parece que será absorbido totalmente a nivel federal por la Secretaría de la Defensa Nacional para que las labores de procuración de justicia se refuercen con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
“Es un cambio muy notable, muy drástico en la estrategia, sobre todo porque al final este cuerpo o la institución civil donde nace todo el proyecto de la Guardia Nacional no era la Sedena, y ahora que se meta o que empiece a sugerir el Presidente en su idea de que adquiera mayores capacidades o, por lo menos un perfil de acción diferente hacia el tema de procuración de justicia, es algo que no se había mencionado”, explica Keyla Vargas
El presidente López Obrador comentó que la SSPC se involucrará en asuntos relacionados con justicia e incluso cambiará el nombre de la dependencia
“Yo le voy a pedir a Rosa Icela que ella se haga cargo de esto. Y sí estoy pensando en que sea la Secretaría de Seguridad Pública y Justicia, porque ha estado apoyándome y han trabajado, pero quiero algo especial, me han estado ayudando en Gobernación, pero voy a pedirle a Rosa Icela Rodríguez que, aparte de su tarea de coordinar lo de seguridad, vea estos casos de justicia”, expuso el mandatario en la conferencia mañanera.
“Tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar”, dijo AMLO al anunciar que la Guardia Nacional pasará a estar a cargo de la SEDENA por un decreto presidencial https://t.co/Xry1J7dwlu pic.twitter.com/SKf6JsiLd7
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) August 8, 2022
Un cambio de este tipo es inédito en la SSPC cuyo rol se deberá definir, ya que sin la Guardia Nacional tampoco queda claro si formará un nuevo grupo.
Es necesario además revisar el decreto para evaluar si cumple con los lineamientos de la Constitución.
“En cuanto a la cuestión legal de qué tanto puede o no vulnerar los procedimientos legales que existen para realizar este tipo de acciones, habrá que ver justamente en qué sentido va el acuerdo. Como sucede cuando se recurre a este tipo de medidas, el acuerdo solamente se toma y no se discute en ningún espacio. Habrá que ver si el contenido no tiene algún elemento que sea inconstitucional porque, si fuera en ese sentido, comenzarían a caer amparos y una serie de reacciones que creo que son las que el Presidente está buscando evitar al no llevarlo al Congreso para que se discuta”, explica.
La especialista asegura que los amparos podrían provenir incluso de los mismos integrantes de la Guardia Nacional.
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