El proceso de sanción contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, a través de la creación de reglas procesales por el Congreso local, fue frenado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, quien ordenó suspender cualquier castigo contra el mandatario.
Tras emitir esta suspensión, el ministro anunció su renuncia dejando en el limbo la broncosanción, pues su ausencia podría perjudicar una posible impugnación del Poder Legislativo de Nuevo León.
Medina Mora concedió la suspensión provisional al gobernador por considerar que los diputados emitieron estas reglas de manera deliberada para establecer una sanción.
“Se admite a trámite la demanda, que hace valer, esto porque, de manera preliminar se advierte que el acto impugnado no es propiamente electoral, ni constituye en estricto sentido el cumplimiento de un fallo, sino el dictado de unas reglas emitidas ex profeso para establecer una sanción a dos servidores públicos, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”, señala el resolutivo de Medina Mora.
Samuel García, quien interpuso la queja, acusó a Medina Mora de dañar a Nuevo León
La suspensión prohíbe al Congreso local ejecutar cualquier sanción derivada del procedimiento aprobado por la Comisión Anticorrupción que dirige el diputado de Movimiento Ciudadano, Bonifacio de la Garza.
¿Ayudan a El Bronco y desamparan a Manuel?
El equipo jurídico de los funcionarios Jaime Rodríguez y Manuel González entregó este recurso legal el 27 de septiembre ante la SCJN y, el lunes, fue radicado al ministro Eduardo Medina Mora. Sin embargo, la suspensión no podría aplicar para el secretario general de Gobierno.
“Se tiene por presentado únicamente al primero de los promoventes, esto es, al titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León”, menciona el documento.
Medina Mora, señala la resolución, dio el fallo a favor de “El Bronco” con fundamento en el artículo 4 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, el artículo 13 de la Constitución explica que ninguna persona puede ser juzgada por leyes privativas ni por tribunales especiales, por lo que las reglas procesales convirtieron al Congreso en un “gran jurado” de 42 diputados.
En entrevista con Reporte Índigo, el abogado Gabriel Guajardo explica que no pueden crear normativas como esta para aplicar un procedimiento contra alguien, por lo que tendrían que aplicar otras vías que si están en las leyes.
“En este caso si no existe un procedimiento como lo dicen los propios diputados en el documento, obviamente ellos no pueden inventar unas leyes de un proceso. Ellos no pueden dirigirse como un ente juzgador, eso le corresponde por ley al Poder Judicial, en este caso el Tribunal Electoral. Éste ya determinó una sanción, por eso existe la figura de la aplicación supletoria u otras leyes auxiliares”, dice el especialista.
Es decir, el Congreso no puede llevar un juicio con un análisis de pruebas, alegatos y citas para determinar una sanción, simplemente tendría que aplicarla.
Juicio político abierto
La única manera en que el Congreso podría actuar como órgano de acusación para castigar a los funcionarios estatales, sería a través de un juicio político, donde existen reglas, sanciones y procedimientos ya establecidos. Pero sería en conjunto con la Fiscalía Anticorrupción.
El acuerdo del procedimiento sumario aprobado por la Comisión Anticorrupción que dirige el diputado de Movimiento Ciudadano, Bonifacio de la Garza, abre la puerta para que se pueda aplicar un juicio político para el gobernador Jaime Rodríguez Calderón El Bronco y el secretario de Gobierno, Manuel González.
Este documento establece que, con independencia, el Congreso podría fincar otro tipo de responsabilidades.
“Atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso y al grado de afectación que tales conductas produzcan a los bienes jurídicos tutelados por el derecho electoral, con independencia de que ello pudiese eventualmente generar otro tipo de responsabilidades”, menciona el documento.
El abogado Gabriel Guajardo explicó que los propios diputados están considerando en este documento un juicio para quitarle el fuero al mandatario estatal e imponerle una responsabilidad penal.
“Ellos mismos dicen: con independencia de que ello pudiese eventualmente generar otro tipo de responsabilidades, los propios diputados, considerando el último párrafo, dicen eso”, comenta el experto.
