SCJN rechaza amparo de Karime Macías contra extradición
"Infórmese a la quejosa que ante su falta de legitimación se desecha la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción que formula, señaló la Suprema Corte
Indigo StaffLa Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la petición de amparo que promovió Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, contra la orden de aprehensión que existe en su contra, para que se analice su extradición a México desde el Reino Unido.
La Primera Sala consideró que la solicitud de Karime “N” carece de facultades legales para que la Corte revise su demanda. El acuerdo fue emitido el pasado 29 de julio.
“Infórmese a la quejosa que ante su falta de legitimación se desecha la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción que formula, comuníquese la anterior determinación al tribunal colegiado de origen”, señaló la SCJN.
#ULTIMAHORA@SCJN se negó a atrae amparo de Karime Macías, ex esposa de @Javier_Duarte
Un Tribunal Colegiado notificó la decisión a Macías Tubilla, quien está en Reino Unido sujeta a proceso de extradición a México por el desvío 112 millones de pesos del erario de Veracruz pic.twitter.com/VLGWpzlmdv
— ????? ??ú? ???? (@davosv2004) August 18, 2020
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En marzo de este año, el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito admitió a trámite la prueba que ofreció Karime Macías, para comprobar actos de tortura durante el proceso que se le sigue en México.
Macías denunció penalmente a Miguel Ángel Yunes Linares y a Jorge Winckler Ortiz, exfiscal de la entidad.
Karime acusó a Yunes Linares y Winckel Ortiz, de coacción, amenazas y violación a la intimidad y abuso de autoridad.
La expareja de Duarte enfrenta un proceso de extradición en Reino Unido tras pagar una fianza de 150 mil libras esterlinas (alrededor de 3.6 millones de pesos).
El juicio para determinar tal decisión se llevará a cabo en noviembre de este año.
En mayo de 2018, se libró una orden de aprehensión en su contra por el delito equiparable al fraude en agravio del erario, por un desvío de 112 millones de pesos cuando fungió como presidenta del DIF estatal, durante la administración de Javier Duarte, como gobernador de la entidad.
