"Hay un grandísimo riesgo de que si no llegan perfiles similares a los que hoy salen, por lo menos que formaban parte del grupo progresista y garantista, sí va a haber un desequilibrio en la Suprema Corte”,
“No se demerita al Ejecutivo regulando una función; seguirá siendo su función realizar la propuesta. Pero cómo llega a la propuesta es algo que deberíamos conocer porque, hoy como están las cosas, desde que vienen las ternas ya hay una pre definición a favor de quién va a ser el integrante de la Corte. Donde se hace la verdadera designación de los integrantes de la Corte es en el Ejecutivo, no en el Senado"
El próximo martes el Senado nombrará a los sustitutos de Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, quienes permanecieron 20 años en el máximo tribunal
La elección de los dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revivió el debate sobre el proceso político que se sigue para designarlos.
Esta vez, seis candidatos compiten por las dos vacantes que se abrieron luego del retiro de los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, quienes dejaron sus actividades el 30 de noviembre, después de 20 años de permanecer en el máximo tribunal.
Ahora la decisión recae sobre el Senado de la República, que deberá decidir de entre los candidatos propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto a quienes ocuparán un lugar en la Corte.
El proceso, sin embargo, ha sido cuestionado porque no existe ningún criterio para elegir a quienes conforman las ternas.
Algunos senadores han acusado, además, que las ternas son construidas “a modo” para beneficiar a una persona en específico, por lo que los otros dos competidores solo ocupan un espacio sin sentido en la terna.
En los perfiles de los candidatos se observan dos grupos: quienes tienen una carrera judicial y quienes son abogados que han trabajado en labores de Estado.
El desarrollo político de designación
El proceso que se sigue hoy día para realizar la elección de los ministros de la SCJN fue impulsado por el presidente Ernesto Zedillo, quien sugirió al Congreso de la Unión que el Ejecutivo propusiera a un candidato al Senado para que éste ratificara el nombramiento.
Fue el senador priista José Trinidad Lanz Cárdenas quien en esa Legislatura planteó que el Ejecutivo presentara una terna de candidatos para que el Senado eligiera al nuevo ministro de la Corte. Así se ha hecho desde entonces.
Sin embargo, el presidente de la República puede enviar las ternas sin argumentar las razones por las que postula a tal o cual persona.
Sergio Méndez Silva, abogado integrante del Colectivo Justicia Pro Persona, consideró que el procedimiento para la integración de las ternas es opaco, pues solo se dan a conocer los nombres de los elegidos y sus hojas de vida, sin reflexionar sobre las capacidades que se consideran para ser nombrado ministro de la Corte.
“No existe nada que permita saber cómo el Presidente integró la terna y por qué esas candidatas y esos candidatos y no otros. Ni siquiera hay una justificación real de por qué los toman en cuenta a ellos. No se tiene claridad sobre este tema y se necesita regulación para integrar las ternas.
“Los candidatos debieran tener un alto perfil académico, tener un alto nivel de eficiencia, un conocimiento muy profundo de la legislación nacional e internacional. Los ministros tienen que ser personas expertas en derechos humanos, que conozcan las doctrinas actuales, que estén familiarizados con las sentencias de la Corte Interamericana; si no llegan con esa claridad, simplemente su función no va a servir para nada”, comentó Méndez.
Layda Negrete, coordinadora del proyecto de Calidad de la Justicia de la organización México Evalúa, también criticó la discrecionalidad con la que se define a quienes son propuestos en las ternas, pues en ningún momento se trata su idoneidad para formar parte del máximo tribunal.
Para Negrete, también en el Senado se actúa a discreción, donde el proceso de análisis de los perfiles pocas veces incluye a la sociedad civil y se pueden hacer cambios en la forma de auscultación, de un momento a otro.
Iván García Gárate, abogado en la organización Borde Jurídico y en el Observatorio Ciudadano Designaciones, afirmó que es necesaria una reforma a la manera en que se elige a los ministros de la SCJN porque el modelo actual es inoperante para las necesidades del país.
“No es de ahora que estemos diciendo esto; desde el proceso de selección del 2012, hemos dicho que el proceso de selección no es el adecuado (…) El diseño constitucional de la designación de ministros de la Corte favorece, en todo tiempo, al Presidente de la República”, acusó.
En días pasados, diversas organizaciones civiles entregaron al Senado un instrumento para evaluar objetivamente la idoneidad de los candidatos propuestos por el Ejecutivo.
Bajo la campaña “Sin Cuotas ni Cuates” las organizaciones no gubernamentales pidieron que se presentaran perfiles de juristas de avanzada en temas de derechos humanos y no personajes políticos cercanos al poder.
Después de que el Ejecutivo entrega la terna al Senado, éste tiene 30 días para tomar una decisión.
Los nuevos ministros deben ser elegidos por por dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión.
De ser rechazada la terna, el Ejecutivo deberá presentar otra propuesta. Si es refutada una segunda vez, el primer mandatario puede nombrar directamente a quienes sean ministros de la Corte, siempre y cuando hayan estado en la segunda terna.
Se prevé que la elección de los dos nuevos ministros se realice la próxima semana.
Perfiles de los candidatos a la SCJN
Terna 1
> Sara Patricia Orea Ochoa
Maestra en Política Criminal por la ENEP Acatlán. Maestría en Derecho Penal, Constitución y Derechos, por la Universidad de Barcelona y la UNAM. Trabajó en la Coordinación General Jurídica del DDF, la PGJDF y la Dirección General de Control de Procesos; y como Ministerio Público. Actualmente, es magistrada de Justicia para Adolescentes en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Tiene 56 años de edad.
> Norma Lucía Piña Hernández
Doctora en Derecho por la UNAM. Tiene especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo y Derecho Penal. Ha sido secretaria de Estudio y Cuenta en la Primera Sala de la SCJN. Juez Tercero de Distrito en Morelos. Magistrada en el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Hoy ocupa el cargo de Magistrada del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
> Verónica Judith Sánchez Valle
Maestra en Derecho por el ITESM. Se ha desempeñado como Oficial Judicial y Secretaria Ejecutiva del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Michoacán. Ha sido jueza del Décimo Juzgado de Distrito en Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, entre otros cargos.
Actualmente es Magistrada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Tiene 44 años de edad.
Terna 2
> Álvaro Castro Estrada
Doctor en Derecho por la UNAM. En Gobernación fue Director General de Asociaciones Religiosas. Director general de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fue magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Hoy es magistrado de la Décimosegunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Tiene 60 años.
> Alejandro Jaime Gómez Sánchez
Licenciado en Derecho. Fungió como Consejero Jurídico adjunto en el gobierno federal y se desempeñó como Subprocurador Jurídico de la PGJEM; Visitador General y Coordinador de Asesores en la PGR; además se desarrolló como consejero Adjunto de la Legislación y Estudios Normativos en la Presidencia de la República. Actualmente, es procurador general de Justicia del Estado de México. Tiene 45 años de edad.
> Javier Laynez Potisek
Doctor en Derecho Público. Fue Procurador Fiscal de la Federación y Consejero Jurídico adjunto del Ejecutivo Federal. Fue Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR. Estuvo en la Dirección de normatividad de la SEP y fue Director de Legislación y Normatividad de la Secretaria de Programación y Presupuesto. Se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Tiene 56 años de edad.
Críticas por ternas a modo
En la Cámara alta se ha criticado la composición de las ternas que traen ya una clara disposición sobre quién es el elegido para ocupar la vacante en la Corte.
Sucedió así en febrero pasado, cuando Eduardo Medina Mora –actual ministro- fue nominado en la terna junto con otros dos miembros del Poder Judicial que solo sirvieron de comparsa.
Se trató de los magistrados Horacio Hernández Orozco y Felipe Alfredo Fuentes Barrera quienes, desde un inicio, sabían que el elegido sería Medina Mora.
Después de un proceso muy criticado, Medina Mora ocupó el lugar de Sergio Valls Hernández, quien falleció en diciembre del 2014.
Layda Sansores, senadora por el PT, ha insistido que el procedimiento para la elección de ministros debe modificarse para evitar que continúen llegando los favoritos del Ejecutivo en turno.
“Hay que cambiar totalmente este procedimiento que hoy llevamos a cabo y que se presta para (decir) que ya está decidido, cuando llega la terna. No. Ya está decidido. Esto es lotería cantada, es lotería pactada.
“Entonces sentimos que a dos de tres les están viendo la cara o, a conciencia, se prestan para el juego; y a algunos senadores que no estamos en este juego de decisiones, también nos usan para montar esta escenografía. Quisiéramos que el Ejecutivo presentara tres de tres, que tengan todas las posibilidades y que el debate realmente sea a fondo y difícil”, ha insistido Sansores.
Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, también se ha pronunciado por cambiar el esquema de elección de ministros porque, a todas luces, está diseñado para favorecer a una de las tres personas que participan en cada terna.
“Sí, (las ternas) vienen hechas para que haya dos beneficiarios: un beneficiario y una beneficiaria. Sí, claro que sí.
“No se demerita al Ejecutivo regulando una función; seguirá siendo su función realizar la propuesta. Pero cómo llega a la propuesta es algo que deberíamos conocer porque, hoy como están las cosas, desde que vienen las ternas ya hay una pre definición a favor de quién va a ser el integrante de la Corte. Donde se hace la verdadera designación de los integrantes de la Corte es en el Ejecutivo, no en el Senado, como hoy puede quererse decir”, lamentó Barbosa.
Esta vez también hay favoritos.
En el Senado se habla de que los elegidos serán Norma Lucía Piña y Javier Laynez para suceder a Sánchez Cordero y Silva Meza, respectivamente.
Sin embargo, el voto del PAN será decisivo, pues los senadores de ese partido apoyan a Álvaro Castro.
La predeterminación en las ternas es visible, argumentan los senadores, por el perfil cuestionado de algunos de sus integrantes.
Los perfiles cuestionados
La integración de las dos ternas fue dada a conocer desde el 13 de noviembre. Horas después de que se conociera a los candidatos, comenzaron a circular cuestionamientos hacia algunos de ellos.
La primer crítica fue lanzada contra Verónica Judith Sánchez Valle de quien, se dijo, ha sido investigada por la Procuraduría General de la República.
Esto ocurrió a raíz de que, en el 2011, se presentó una queja en su contra ante el Consejo de la Judicatura Federal porque liberó a Osvaldo Sauceda Guerra, un sujeto buscado por Estados Unidos con fines de extradición, por lavado de dinero.
La jueza liberó a Sauceda el mismo día que fue internado en el Reclusorio Oriente porque en el expediente, el nombre del presunto delincuente aparecía con los apellidos invertidos -Osvaldo Guerra Sauceda-.
La PGR comenzó una investigación e incluso solicitó una orden de aprehensión en contra de Sánchez Valle por delitos en contra de la administración de justicia; sin embargo, el juez a donde fue turnado el caso, negó la orden de aprehensión.
La ficha de Osvaldo Sauceda Guerra aún se encuentra en el sitio de la DEA como uno de los fugitivos de la justicia de Estados Unidos.
En la terna conformada por mujeres también fue cuestionado el perfil de Sara Patricia Orea, quien al formar parte del Poder Judicial del Distrito Federal, tendría poca experiencia en temas federales, aunque su especialidad es la justicia para menores.
La segunda crítica fuerte ocurrió hacia Alejandro Jaime Gómez Sánchez, actual procurador general de Justicia del Estado de México, por su actuación frente a esa dependencia.
El caso de Tlatlaya, donde se acusó a la Procuraduría mexiquense de alterar la escena del supuesto enfrentamiento, fue el cuestionamiento más grave que se le hizo al funcionario.
Esto, aunado a la acusación que se ha hecho del retraso en la actuación de la autoridad del gobierno mexiquense para emitir la alerta de género por los feminicidios que se han registrado en la entidad.
La controversia fue tal, que incluso el propio Gómez Sánchez se defendió durante su comparecencia ante miembros del Senado, acusando al Ejército de haber modificado la escena de los hechos en Tlatlaya… lo que profundizó aún más los cuestionamientos hacia él.
En su encuentro con senadores de la Comisión de Justicia, sin embargo, Gómez Sánchez fue reconocido como uno de los candidatos que mejor argumentaba jurídicamente sus respuestas; aunque quienes lo aplaudieron, lamentaron que otras circunstancias descalificaran su posible designación.
Los equilibrios de la Corte
La llegada de los dos nuevos ministros a la SCJN marcará el rumbo que el máximo tribunal ha tenido en los últimos años.
Existe un núcleo progresista identificado en la Corte, conformado por los ministros José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena –y entraban aquí la ministra Olga Sánchez Cordero y el ministro Juan Silva Meza-.
Este grupo de ministros son los que han encabezado algunas de las decisiones más audaces del máximo tribunal. Son considerados el ala progresista de la Corte.
Por otra parte, se considera que los ministros Margarita Luna Ramos, Luis María Aguilar Morales –actual presidente de la Corte-, Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Fernando Franco González, Alberto Pérez Dayán y Eduardo Medina Mora forman la parte conservadora del tribunal.
Para muchos lo conservador estriba en el manejo técnico y la interpretación de las leyes.
De ellos, quien ha sido señalado por seguir una tendencia abiertamente conservadora es Eduardo Medina Mora, a quien se ubica como el más conservador de todos.
La Primera Sala, conformada por los ministros Cossío, Zaldívar, Gutiérrez Ortiz Mena, Pardo Rebolledo, y donde se encontraba Sánchez Cordero, se ha caracterizado por ser la más liberal.
La Segunda Sala, donde participan los ministros Luna, Pardo, Franco, Pérez Dayan, y donde estaba Silva Meza, ha tenido fallos más conservadores.
El equilibrio de fuerzas en la Corte exige, entonces, que sean electos dos ministros liberales a fin de no impulsar al máximo tribunal a una era de conservadurismo.
“Hay un grandísimo riesgo de que si no llegan perfiles similares a los que hoy salen, por lo menos que formaban parte del grupo progresista y garantista, sí va a haber un desequilibrio en la Suprema Corte”, afirmó el jurista Sergio Méndez.
La responsabilidad de los senadores, sostuvo, es seleccionar a dos personas que equilibren las decisiones que tomará el máximo tribunal, en tiempos que se requerirá de tomar decisiones audaces en materia legal en el país.