La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha anulado el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el cual se clasificaban como proyectos de seguridad nacional y de interés público las obras prioritarias del Gobierno federal.
Este decreto permitía la reserva de toda la información relacionada con dichas obras, como la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Durante las discusiones del caso presentado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la mayoría del pleno determinó que dicho acuerdo era un acto administrativo y no una norma general, por lo que solo se requerían seis votos para declarar su inconstitucionalidad.
Con excepción de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, así como del ministro Arturo Zaldívar, los otros ocho ministros que integran el pleno de la SCJN se pronunciaron a favor de invalidar este acuerdo, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2021.
#LaCorte declaró inconstitucional el acuerdo del Poder Ejecutivo que declaraba obras y proyectos como de interés público y de seguridad nacional, por transgredir el derecho de acceso a la información, así como las facultades del @INAImexico para su salvaguarda.
— Suprema Corte (@SCJN) May 18, 2023
¿Por qué invalidaron el decreto de AMLO?
En su propuesta de sentencia, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá argumentó que este acuerdo era inconstitucional debido a su amplio y ambiguo alcance, ya que obstaculizaba el acceso a la información por parte de la ciudadanía en relación con las obras del gobierno de México.
Es importante destacar que el ministro Alcántara Carrancá fue uno de los designados para la SCJN tras ser propuesto por AMLO ante el Senado de la República.
“El acuerdo es, en tal grado impreciso respecto a las implicaciones del derecho al acceso a la información pública y transparencia que da un margen demasiado amplio a las autoridades para reservar la información, además de que la declaratoria no se hace respecto de una lista taxativa de proyectos u obras.
“Tal como está formulado el acuerdo analizado pone en entredicho las obligaciones de transparencia que pesan sobre las autoridades que ejercen recursos públicos y que tiene como objetivo permitir un control ciudadano sobre este objetivo”, argumentó el ministro ponente.
