La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el banderazo oficial a su primer periodo de sesiones del año 2020. Una etapa en donde los ministros deberán definir temas de la agenda nacional que quedaron pendientes, tales como la resolución del recurso interpuesto por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, en su proceso de sanción; la polémica en torno a la extensión de mandato en Baja California y las reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de la Cuarta Transformación.
Este lunes, con la integración oficial de Margarita Ríos-Fajart al Poder Judicial, la SCJN está por fin lista para continuar sus trabajos, apegándose a una ruta discursiva en donde la defensa de la autonomía y la lucha para la erradicación de la corrupción al interior del organismo serán prioritarios.
Arturo Zaldívar, ministro presidente del Máximo Tribunal, destacó durante el acto inaugural celebrado este jueves que la ruta de independencia a la que los integrantes del Poder Judicial hacen referencia no se encuentra en el sentido una resolución, sino en los argumentos y razones que les dan sustento.
“Las resoluciones que dicte la Suprema Corte podrán ser opinables y discutibles, y podrán no gustar a todos, pero nuestras argumentaciones sostendrán la legitimidad de que estamos cumpliendo nuestra obligación de respetar la Constitución y de proteger los derechos de las personas y como único parámetro de nuestra actuación y de nuestras decisiones, nuestra independencia está asegurada, lo mismo que nuestra autonomía”, afirmó.
En este acto, también se detalló que 2020 es un año en donde la SCJN celebra el 25 aniversario de su integración como Tribunal Constitucional del Estado Mexicano; un cuarto de siglo en donde se ha destacado como un organismo relevante para la vida democrática, la defensa y el desarrollo de los derechos humanos de los mexicanos.
En el primer año de su instauración, el régimen de la 4T registró cuatro movimientos mayores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Sin embargo, el reto no es sencillo y los cuestionamientos que caen sobre los ministros y su auténtica independencia del Ejecutivo no dejan de llegar.
En el primer año de su instauración, el régimen de la 4T registró cuatro movimientos mayores en la SCJN: el primero de ellos, la designación del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el 20 de diciembre del 2018; la toma de protesta del titular del Máximo Tribunal, Arturo Zaldívar , el 2 de enero de 2019; la designación de Yasmín Esquivel Mossa, el pasado 21 de marzo del mismo año y la reciente elección de Margarita Ríos-Fajart, quien fue ratificada por el Senado de la República el 6 de diciembre. Esta última, en sustitución de Eduardo Medina Mora.
En el tintero
Durante el arranque del primer periodo de sesiones de este año, el ministro presidente mencionó algunos de los temas que la SCJN buscará desahogar de forma prioritaria. Siendo las acciones de inconstitucionalidad sobre objeciones de conciencia, la llamada “Ley Bonilla” en Baja California y diversas controversias constitucionales, entre las que destacan el proceso que busca la sanción y probable destitución contra el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.
En total, se detalló que fueron 167 expedientes recibidos durante el segundo periodo de sesiones del 2019, de los cuales se remitieron 158 a la Subsecretaría General de Acuerdos de la SCJN y 9 a la Sección de Trámites de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad.
167
Sobre los temas más polémicos que se mantienen sobre el escritorio de los ministros federales, el doctor en derecho constitucional y ciencias penales, José Óscar Valdez Ramírez señala que algunos de ellos son de evidente resolución, mientras que otros son consecuencia de los movimientos políticos registrados durante el 2019.
“En el caso de la Ley Bonilla, me parece que es un proyecto que está completamente muerto. Hay que recordar que se le pidió una opinión al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y estos emitieron un documento en donde la declaran inconstitucional. Políticamente no hay nada que hacer y jurídicamente (el periodo de gobierno) se va a quedar dos años nada más”, comenta en entrevista para Reporte Índigo.
Sobre el proceso emprendido contra el “Bronco”, el también especialista en derecho fiscal apunta que la resolución va sobre la línea ideológica de la separación del exministro Eduardo Medina Mora, luego de una investigación a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
“Medina Mora fue muy cuestionado desde su entrada. Recordemos que, de entre las cosas que hizo, fue apoyar al Bronco y apoyar una jurisprudencia en beneficio de todos sus allegados. Entonces lo que vamos a ver (posiblemente) es una destitución para el gobernador, misma que servirá de mensaje para todos los demás”, considera.
El reto no es sencillo para la SCJN, pues los cuestionamientos sobre la autenticidad de su independencia no dejan de llegar
SCJN Hacia la emancipación
De todos los asuntos que añadirán tensión durante 2020 al trabajo de la Suprema Corte, la cercanía del órgano autónomo con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es uno que mantiene inquietos a los especialistas del país.
Desde la óptica del doctor Valdez Ramírez, lo que preocupa a los juristas durante este segundo año de funciones es que la 4T “ya gravita” de forma importante en la órbita de la SCJN. Un fenómeno que no es nuevo pero que se dio de forma muy abrupta con la nueva administración.
“Tenemos que ser parciales en una cosa importante: la Suprema Corte siempre ha apoyado al presidente en turno. Eso que no nos quede la menor duda. La SCJN nunca ha ido en contra de un presidente de México, por muchos intereses que estén involucrado.
“Recordemos que antes, los presidentes ponían uno o dos ministros; o tres durante todo el sexenio. Pero aquí llevamos tres tan sólo en el primer año de gobierno, además del presidente de la Corte, que es un aliado del presidente”, afirma.
Para el especialista, la única vía para separar auténticamente al Poder Judicial del Ejecutivo, es la conformación de un nuevo cuerpo legal; una nueva Constitución en donde se haga una distinción y entonces sí, los jueces, magistrados y ministros sean electos por la propia SCJN y no a través de una terna presidencial.
Por lo que hemos pugnado los ciudadanos, que es una Corte completamente independiente, no se ha dado (…) una en donde no se tenga injerencia del presidente
“El problema que tenemos es una Constitución de 1917 todavía vigente con un margen de operación impresionante para el presidente de México. Estamos hablando de que a los 136 artículos de la Constitución se le adicionaron 977 reformas. Es una barbaridad. Necesitamos un nuevo cuerpo legal en donde queden completamente separados los ministros de la Corte, el Senado y el presidente de la República”.
