La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la aprobación del plan B de la reforma electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Fue el ministro Alberto Pérez Dayán quien admitió el trámite contra las reformas a las leyes generales de Comunicación Social (LGCS) y de Responsabilidades Administrativas, consideradas como la primera parte del plan B de la reforma electoral.
En este recurso, el organismo electoral argumentó una posible violación a sus facultades legales.
“Producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional, esto es, que el Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, se estableció en el acuerdo de admisión a trámite del ministro Pérez Dayán.
La SCJN también admitió a trámite la controversia que, por las mismas reformas, interpuso el municipio de Chihuahua, Chihuahua.
En este caso, se resolvió no otorgar la suspensión que el ayuntamiento solicitó, para invalidar las reformas hasta que se resuelva de manera definitiva.
Previamente, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que declaren la inconstitucionalidad del plan B del presidente de la República.
“Les pedimos a los ministros que declaren esta ley inconstitucional, que no se destruya, que no se desmembre al Instituto Nacional Electoral y que no se le permita a la secretaría de Relaciones Exteriores, ahora resulta, ser quien organiza y lleva el proceso de votación de los migrantes en el extranjero”, afirmó.
INE no se toca
El Senado, conformado en su mayoría por Morena aprobó esta reforma el pasado 22 de febrero con 72 votos a favor y 50 en contra.
El documento es conocido como plan B, una versión menos drástica de una propuesta de reforma constitucional que no alcanzó los votos suficientes el pasado año.
Sin embargo, la aprobación del llamado plan B causó el desconecto de un sector de la población y el pasado domingo en el Zócalo de la Ciudad de México se reunieron miles de personas para manifestarse en contra de la reforma electoral de AMLO.
El plan B introduce varios cambios, pero los más controvertidos son la reducción del presupuesto del INE, despido de trabajadores y cerrar varias de sus oficinas locales.
Cabe señalar que solo falta la firma del presidente AMLO para que entre en vigor.
