La sanción directa al gobernador, Jaime Rodríguez El Bronco, y al secretario de Gobierno, Manuel González, estipulada en el dictamen de reglas procesales, puede ser refutada mediante una defensa legal.
En el documento existen inconsistencias jurídicas, lo que abre la puerta para que un amparo directo derrumbe este acuerdo procesal y un juez de distrito revoque la sanción final.
Si Rodríguez y González acuden ante un Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación de Nuevo León en busca de revocar estas reglas procesales, el recurso que interpongan tiene muchas posibilidades de transitar a su favor, de acuerdo con especialistas.
Jorge Salazar, abogado consultor en temas electorales, considera que estas reglas procesales podrían ser impugnadas a través de un amparo directo, por fallas jurídicas en la redacción del documento.
“De hecho, el propio acuerdo dice que no cabe ninguna impugnación, y conforme al derecho de amparo, cualquier acto de autoridad que diga que no procede un recurso en contra, entonces procede el juicio de amparo. Si el abogado de Jaime y Manuel decide impugnar, se puede ir al amparo contra el acuerdo del Congreso, los diputados lo saben y hay razones constitucionales”, dice en entrevista con Reporte Índigo.
El abogado asegura que en el acuerdo de reglas procesales debieron especificar como sanción directa la amonestación, el apercibimiento y la multa; mientras que como castigo ejemplar la destitución o inhabilitación.
Incluyeron la destitución e inhabilitación como sanción directa del Congreso, eso no se puede. Creo que se debió prever como sanción directa la amonestación, el apercibimiento y la multa. Si van a destituir o inhabilitar, se tiene que iniciar el juicio político
Las reglas procesales aprobadas por el Congreso no pueden enlistar la destitución e inhabilitación, pues sólo son para casos que requieren juicio político o juicio de procedencia.
“Sigo insistiendo en que para que se pueda promover el juicio de procedencia y para que pueda proceder que se declara la inhabilitación o destitución de un gobernador o secretario de despacho, debe ser de manera dual. O sea, tiene que estar el legislativo o el judicial pidiendo eso, no puede estar sólo el legislativo decidiendo el tema”, expresa.
Según las reglas procesales aprobadas por los legisladores, el Congreso sería como un tribunal especial con leyes privativas, pues en el acuerdo se establece que habría una etapa de pruebas y alegatos como si fuera juzgador.
Pero el artículo 13 de la Constitución explica que ninguna persona puede ser juzgada por leyes privativas ni por tribunales especiales.
Por su parte, el abogado Gabriel Guajardo sostiene que además el Congreso está violando la garantía de seguridad jurídica, porque a nadie se le debe aplicar justicia con base en procedimientos que no están establecidos en los códigos.
En este acuerdo que dictaminaron los diputados, procedimientos y métodos no los pueden hacer, ellos no pueden dirigirse como una autoridad juzgadora, porque no lo son. Si te vas a un amparo, vas con un juez de distrito y dices me están violentando mi seguridad jurídica porque el Congreso está yéndose como una autoridad juzgadora y valoradora de pruebas y documentos, pero esto le corresponde por ley al Poder Judicial
‘El Bronco’ guarda silencio
El gobernador Jaime Rodríguez y el secretario de gobierno Manuel González han dicho que no discutirán públicamente su estrategia de defensa y esperarán la notificación oficial para tomar decisiones.
“El Bronco” interpuso una queja contra los magistrados. El Juzgado Segundo de Distrito y el Primer Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa, rechazaron dos amparos a González.
Sin embargo, tras un evento en palacio estatal el mandatario reclamó que el procedimiento está fuera de la ley y están sometidos a dos procesos distintos por la misma acusación.
“He decidido no decir mi estrategia. Están metidos en una complicación. Ningún poder puede ejercer nada fuera de la ley, el procedimiento está fuera de la ley. Es increíble que el tribunal no haya mandado ese tema a otra autoridad, que debió de haber sido la Fiscalía Anticorrupción”, señaló.
Finalmente, pidió que el tema no se politice y que con ello los diputados violen la ley.
“Que no se politice el tema, no cometí ninguna irregularidad, no he violado la ley y espero que ellos no violen la ley”, afirmó.
