Diputados de la oposición en el Congreso de Nuevo León fueron denunciados penalmente por el Gobierno del estado ante la Fiscalía General de la República (FGR) al considerar que violaron la suspensión definitiva de amparo que la autoridad otorgó para detener el proceso para elegir al próximo Fiscal General.
De acuerdo con un documento que fue remitido por la administración de Samuel García, la denuncia figura por la modificación que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y sin partido hicieron a la Constitución de Nuevo León para quitar la facultad al Gobernador de intervenir en el nombramiento del Fiscal.
Este cambio se llevó a cabo en la sesión de pleno del pasado 19 de diciembre en donde los diputados reformaron en fast track el artículo 159 de la Constitución local para eliminar al mandatario estatal el derecho al veto dentro del proceso.
Además, se mencionó que los legisladores ignoraron la suspensión definitiva que otorgó el Juzgado Primero en Materia Administrativa en la que se les prohíbe celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias que tuvieran relación con la elección del Fiscal.
La denuncia fue presentada ante la FGR por el Gobierno estatal, así como también por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, que en representación acudió Eduardo Gaona, coordinador de la bancada, así como también del diputado Roberto Farías.
La denuncia fue presentada contra 14 diputados del Partido Acción Nacional, 13 del Partido Revolucionario Institucional y Jessica Martínez, sin partido.
Diputados podrían pisar la cárcel
Tras la denuncia interpuesta contra los diputados de PRI, PAN y sin partido, los legisladores podrían enfrentar cargos por el presunto delito de abuso de autoridad el cual se podría sancionar hasta con pisar la cárcel.
Los legisladores en el ámbito local tienen fuero, y para iniciar un proceso penal primero tendrían que ser desaforados por la propia Cámara legislativa.
Aún así, el pleito político entre el Ejecutivo y el Legislativo tomó otro nivel con esta denuncia que ahora los diputados tendrán que enfrentar y en caso de comprobarse que incurrieron en un delito podrían enfrentar acusaciones por juicio por abuso de autoridad y prisión e inhabilitación.
