El gobernador Samuel García y Javier Navarro Velasco, secretario de Gobierno de Nuevo León, podrían convertirse en los primeros funcionarios estatales en enfrentar un juicio político, después de que no se publicaran un total de 65 iniciativas de Ley en el Periódico Oficial del estado.
Entre ellas se encuentran iniciativas que no han entrado en vigor debido a la falta de publicación oficial, lo que afecta a la ciudadanía y daña los intereses públicos fundamentales.
Algunos de estos ordenamientos son la Ley de Coordinación Hacendaria y la Ley de Desaparecidos. En la primera se establece la entrega de recursos a tiempo, tanto de las participaciones federales como de las estatales, ley cuya falta de publicación provocó que los municipios suspendieran el pago de nómina y servicios públicos, después de que el Gobierno estatal retuviera la transferencia de estos recursos.
“Lo que hoy están sufriendo los alcaldes por un tema de chantajismo de parte del Ejecutivo le va a costar la cabeza al secretario de Gobierno y a la encargada del Periódico Oficial. Aquí le vamos a hacer un juicio político al secretario de Gobierno y lo vamos a destituir del cargo.
“Se ha roto el diálogo y les ponemos como requisito número uno: depositar a los alcaldes y como requisito número dos: quitarle todos los embargos que les han sido notificados”, advirtió el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, el diputado Carlos de la Fuente.
Por su parte, diputados federales del PAN y PRI anunciaron el comienzo de un juicio político contra Samuel García, debido a la retención de las participaciones federales y estatales a los municipios.
La Ley de Juicio Político del estado de Nuevo León establece que este procedimiento se realizará cuando los actos u omisiones de los servidores públicos dañen gravemente los intereses públicos fundamentales.
“Cualquier acción u omisión intencional que origine una infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del Estado o a las leyes estatales, cuando cause perjuicios graves al Estado, a uno o varios de sus municipios o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”, dice el artículo 9 fracción VII, que habla al respecto.
El no divulgar las leyes turnadas para su publicación por el Poder Legislativo causó un perjuicio en los municipios, especialmente la omisión con la Ley de Coordinación Hacendaria.
La Ley local de Juicio Político menciona que los servidores públicos que se señalan en el artículo 202 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León pueden ser sujetos a este proceso. También están incluidos los secretarios del Gobierno estatal.
El legislador panista informó que el equipo jurídico del Congreso local se encuentra revisando qué otro artículo se le puede aplicar, en un juicio político, a Javier Navarro.
Las sanciones emanadas de un juicio político se aplican en un plazo no mayor a seis meses a partir de iniciado el procedimiento y consisten en la destitución del servidor e inhabilitación temporal para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. O sólo inhabilitación si es que la persona sujeta a juicio ya hubiere concluido su cargo.
Verónica libra juicio político que se aplicará a Samuel García y Navarro
Pese a lo sucedido, el proceso de juicio político no sería aplicado a la titular del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, Verónica Dávila Moya, debido a que su cargo estatal no está contemplado en la Ley de Juicio Político.
En caso de que los legisladores del Congreso local consideren que Dávila debe recibir una sanción por no publicar las 65 iniciativas en el Periódico Oficial, tendrían que buscar las disposiciones al respecto en la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos.
Dávila Moya ha sido señalada por su omisión en la edición, impresión y publicación de estos decretos aprobados por el Poder Legislativo, algunos de las cuales fueron avalados desde el pasado periodo ordinario.
La no publicación de la Ley de Coordinación Hacendaria ha ocasionado que el Gobierno estatal retenga los recursos de las participaciones federales y estatales.
Para evitar que se continúen reteniendo los recursos, el legislador Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN, adelantó que presentarán una reforma constitucional para que si el tesorero de la entidad no entrega los recursos a los municipios, a finales de mes, sea sancionado o destituido.
“Vamos a pedir que este lunes se turne con carácter de urgente para iniciar un juicio político contra el secretario general de Gobierno de este estado y a la titular del periódico oficial, para destruirlos a esta brevedad. Los vamos a destituir”, aseguró el panista.
Esta semana se sabrá si este anuncio de un juicio político contra el secretario de Gobierno, Javier Navarro, solo fue un amague o se convierte en realidad.
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