El gobernador Samuel García viola la naturaleza de la contribución del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en Nuevo León.
El mandatario propuso reformas a los artículos 154 Bis y 158 Bis de la Ley de Hacienda del Estado como parte del Ejercicio Fiscal 2022.
“Se deben considerar, incluidas en el objeto de este impuesto, todas las erogaciones que se realicen por los conceptos que se asimilan a los ingresos por salarios conforme a lo previsto en el artículo 94 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”, dice la reforma al artículo 154 Bis.
A su vez, las modificaciones fueron aprobadas por las y los diputados del Congreso local.
“El pago del impuesto deberá efectuarse a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel al que corresponda dicho pago”, refiere el artículo 158 Bis.
Expertos fiscales revelan que estas reformas no tienen sustento legal para que sean aplicables los conceptos considerados en el artículo 94 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta (ISR).
Las modificaciones aplican para personas físicas con actividad empresarial o independientes, entre otras. Por citar un ejemplo, en 2021 por un salario de 10 mil pesos se le cargaba al contribuyente tres por ciento de la base tributaria, lo que arrojaba un pago de 300 pesos del ISN.
Ahora, en 2022 se amplió la base tributaria para empleados de asimilados y honorarios y el pago será de 600 pesos más. Es decir, 900 en total considerando la base tributaria.
“Las reformas aprobadas establecen ampliar la base del impuesto estatal sobre nóminas a conceptos que, por naturaleza no lo son, en especial a profesionistas independientes que opten por recibir ingresos como asimilados a salarios. Así como retiro de socios de sociedades civiles”, sostiene el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL).
La organización de profesionistas contables señala que el ISN grava las remuneraciones al trabajo personal subordinado, pero con las reformas se hace extensiva a conceptos que no cumplen con esta condición.
Las empresas podrían ampararse al respecto. Aunque, hasta el momento no se ha cuantificado cuántas van a recurrir a este recurso legal.
Miles de profesionales podrían ampararse
La Ley del Impuesto Sobre la Renta, que es un ordenamiento federal, señala en su artículo 94 una serie de conceptos que son susceptibles de ser considerados como asimilados a salarios.
Algunos consisten en facilitar la gestión relacionada con el cumplimiento fiscal, tras asimilarse al salario, sin que jurídicamente sea considerado como una remuneración al trabajo personal subordinado.
“El estado de Nuevo León aprobó estas reformas al ampliar la base de todos los conceptos a que se refiere dicha ley y artículo, para que sean objeto de un impuesto de tres por ciento estatal. Esto provoca de lleno una contradicción o violación a la naturaleza legal del objeto del impuesto”, refuta el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León.
Esta agrupación reúne a mil 600 profesionales que solicitan que se dé marcha atrás a las reformas.
“Para así evitar una violación a principios tributarios que provocan una serie de amparos entre los diferentes contribuyentes”, dice el Instituto.
El alcance de las reformas de Samuel García
Las reformas a la Ley de Hacienda del Estado aplicarán como un nuevo impuesto por remuneraciones y prestaciones del servicio público, anticipos a miembros de sociedades, asociaciones civiles y cooperativas, así como ingresos en opción otorgada por el empleador para adquirir acciones o títulos de valor.
Los pagos van dirigidos a utilidades de las organizaciones civiles que pueden percibir los socios, quienes no son subordinados, por lo que sería como si se estuviera aplicando a las utilidades o los dividendos de una sociedad anónima.
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) que pagan estas sociedades por conceptos de retiros es de 35 por ciento a nivel federal.
En cuanto a las personas físicas con actividades empresariales o independientes, se utiliza la opción de asimilados a salarios. Para efectos del ISR federal se utiliza para simplificar la carga administrativa, pero eso no quiere decir que exista una relación laboral entre prestador y pagador.
La política fiscal del gobernador Samuel García afectará a los profesionistas y organizaciones civiles. Para este año comenzará a reflejarse en el pago de este impuesto.
