Samuel García continúa impune pese a violaciones a la Ley Electoral

El gobernador Samuel García y su secretario de Gobierno, Javier Navarro, no han sido sancionados por sus reiteradas faltas a la Constitución local y a los estatutos electorales 
Jesús Padilla Jesús Padilla Publicado el
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Mucho ruido y pocas nueces, una frase que puede aplicar de manera casi perfecta a los diputados del Congreso local.

Mientras el gobernador Samuel García enfrenta una serie de acusaciones que han derivado en, por lo menos, una sanción por violar la Ley Electoral federal, además tiene un juicio político en puerta por violar la Constitución de Nuevo León.

A días de concluir la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso local, el ordenamiento a diputados del Congreso local para sancionar a García por delitos electorales ha quedado en declaraciones.

“Estamos viendo la ruta, cuál es el camino y los tiempos de cuando pudiéramos tener una sanción; tenemos que sancionar de una manera ejemplar. porque tenemos un gobernador que recurrentemente viola la Constitución”, aseguró el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente.

Por su parte, la diputada del PRI, Lorena de la Garza, aseguró que con 22 votos de los diputados presentes son suficientes para sancionar al gobernador por delitos electorales.

“Aspiramos a que esta sanción sea ejemplar”, coincidió la legisladora el pasado 5 de agosto.

Sin embargo, levanta muchas suspicacias que no se concrete, cuando la sanción fue ordenada por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación que determinó que el gobernador Samuel García si vulneró la equidad en la elección presidencial.

Incluso, los magistrados determinaron que existe un uso indebido de recursos públicos en una rueda de prensa donde destacó sus acciones de Gobierno y trayectoria.  Este ordenamiento fue dado a conocer por la Sala Superior el pasado 31 de julio.

La sanción puede ser penal, administrativa e incluso llegar hasta la separación del cargo, razón por la cual es importante que se defina si se dictará o no.

El próximo 31 de agosto culmina la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso local donde, en conjunto, los diputados del PAN y PRI cuentan con 27 diputados que podría no solo tener quórum, sino también sancionar al mandatario.

Si este mes no se concreta la sanción contra el mandatario, difícilmente podrán completarse los votos en la próxima legislatura, pues hasta el momento, según, los resultados de la pasada elección, los diputados del PAN y PRI solo podría sumar 21 votos, por lo que requerían un diputado más de otra fuerza política.

El peso de la sanción quedará en la legisladora del Partido del Trabajo, Guadalupe Rodríguez; en la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Claudia Chapa; y los nueve integrantes de Morena, quienes estarán en la próxima legislatura que inicia el 1 de septiembre.

Se salva ‘El Bronco’

En 2023, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación volvió solicitar al Congreso local de esta Septuagésima Sexta Legislatura aplicar una sanción por delitos electorales al exgobernador, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.

Han pasado ocho meses, pero la sanción continúa “congelada” en el Congreso local, un castigo por desvío de recursos humanos en la recaudación de firmas para la candidatura independiente a la Presidencia de México en 2018.

La Sala señaló que las bancadas del PAN y PRI, quienes tienen mayoría para aplicar la sanción al exgobernador, han sido omisas en la sentencia SER-PSC/153/2018. Los entonces diputados de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, Mariela Saldívar y Horacio Tijerina, así como el entonces senador, Samuel García, exigían el cumplimiento de esta sanción al exmandatario estatal.

Hoy la situación es similar, solo que quien debe ser sancionado es García.

Juicio político, letra muerta

En abril de 2021, nació la Ley de Juicio Político en Nuevo León, una herramienta para, supuestamente, sancionar a los funcionarios que violaron la Constitución local, sin embargo, esta ha resultado letra muerta.

La ley contiene 32 artículos y 3 transitorios que establecen sanciones en destitución del servidor público e inhabilitación temporal para desempeñar sus funciones, empleos, cargos o comisiones gubernamentales. Ningún funcionario ha sido sometido a un juicio político de manera real.

Hoy, el gobernador Samuel García tiene un juicio político en su contra, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó procedente que el Congreso local cuente con la facultad de llevar esta herramienta de sanción.

También el secretario de Gobierno, Javier Navarro, cuenta con un proceso de este tipo en su contra, así como en su momento el exgobernador Jaime Rodríguez, también fue enjuiciado.

Sin embargo, se requiere que dos terceras partes de los integrantes del Poder Legislativo, equivalentes a 28 votos, voten a favor de establecer estas sanciones, una cifra con la que, en este momento, no cuentan las bancadas del PAN y PRI, partidos que promovieron el juicio político.

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