El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepulveda, impugnó este viernes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la multa que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) por no haber pagado y reportado los servicios que prestó su esposa Mariana Rodríguez durante la campaña.
De esta manera, el político regiomontano acudió ante la Sala Regional del TEPJF para entregar dos juicios para la Protección de los Derechos Políticos Electorales, uno firmado por su esposa y otro por él.
García Sepulveda también presentó una apelación contra la multa que el INE impuso al partido Movimiento Ciudadano, el cual tampoco reportó los gastos de campaña que presuntamente representó los servicios de la influencer Mariana Rodríguez.
Esta demanda es la lucha por la libertad de expresión, demuestra la lucha por los derechos políticos de todos los ciudadanos y ciudadanas de México, una lucha contra la cosificación.
“El INE le quiere poner precio, le quiere poner signo de pesos, como una cosa, como una empresa, y desconoce que es mi esposa, una ciudadana comprometida con nuestro país”, declaró el político.
El gobernador electo señaló que este juicio es para que se respete la libertad de expresión de su esposa, quien sólo brindó apoyo durante la campaña, pero no cobró por sus servicios, pues lo hizo como parte de sus convicciones políticas.
¿Por qué multó el INE a Samuel García?
El pasado 22 de julio, el INE determinó que las 45 fotografías y mil 300 historias que publicó Mariana Rodríguez en sus redes sociales fueron “aportaciones prohibidas en especie”.
Según la Unidad Fiscalizadora, dichos impactos en redes sociales tuvieron un costo aproximado de 27.8 millones de pesos, que García Sepulveda no pagó ni declaró.
De acuerdo con el cálculo de Instituto, cada fotografía de Mariana Rodríguez tiene un costo estimado de 40 mil pesos, así como 20 mil pesos por historia en Instagram.
Lee también: AMLO mete las manos por Samuel García: ‘¿A quién le conviene descalificar al gobernador?’
El consejero Ciro Murayama explicó que aunque se trate de un matrimonio, Rodríguez ha registrado su nombre y cuentas de redes sociales como una empresa, por lo que el apoyo debió ser pagado y declarado.
Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Cordova, aseguró que el asunto no es de relaciones personales o de libertad de expresión, sino aportaciones indebidas en especie, pues las redes de la influencer tienen carácter empresarial.
También descartó que se esté cosificando a la mujer al ponerle un precio o que se incurra en violencia política de género, pues la propia Mariana Rodríguez ha hecho de sus redes sociales un negocio.
