SUSCRÍBETE
Más del 60 por ciento de la población ocupada declaró no tener acceso a alguna institución de salud. Foto: Especial

Salud, ¿para todos?, la crisis que agudizó la pandemia

La falta de recursos públicos para garantizar el acceso a la salud universal no es una problemática nueva en México, sin embargo, con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se agudizó, dejando a más de la mitad de la población en el país con servicios de baja calidad o sin ellos

En México, a lo largo de los últimos seis años, se han presentado diversas situaciones sociales, económicas y políticas que han afectado el derecho a la salud de los mexicanos.

Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 5 de mayo de 2023 el término de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, las secuelas que ha dejado la pandemia han afectado a las economías a nivel internacional y el bienestar de las personas se ha visto comprometido, particularmente, de aquellas en condición de vulnerabilidad.

Uno de los ejemplos más claros es que en el año 2021, alrededor de 61 por ciento de las personas ocupadas en México declararon no tener acceso a las instituciones de salud, porcentaje que aumentó a 62.1 por ciento para el primer trimestre de 2023, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“Estos datos reflejan las disparidades en el acceso a la seguridad social y a la salud en México y advierten  un sistema segmentado y desigual para las personas asalariadas, lo que genera desafíos en la garantía del derecho a la salud, por lo que la carencia de seguridad social ha registrado los mayores porcentajes de población desde la primera medición de la pobreza en 2008”.

Ante este panorama, el Coneval publicó el estudio titulado “Consideraciones para el proceso presupuestario 2024”, en el cual emite una serie de recomendaciones para atender las principales necesidades del país.

“Reformar el Reglamento de la Ley General de Salud respecto al Sistema Nacional de Salud y resolver los retos operativos y financieros de la transición, con el propósito de definir los mecanismos de coordinación de la Secretaría de Salud, el IMSS-Bienestar y las entidades federativas para garantizar el acceso universal a los servicios de salud, particularmente, de las personas sin seguridad social”, es una de las situaciones a las que se les debe poner especial atención el próximo año, dice el Coneval.

De igual manera, el Coneval dice que “es indispensable reforzar el diseño normativo de los programas de salud, con el fin de evitar incertidumbres en el acceso, ambigüedades en la operación o aspectos que refuercen la desigualdad en la atención”.

Al respecto, el diputado del PAN e integrante de la Comisión de Salud, Éctor Jaime Barba, dice que desde hace años el sistema de salud ha enfrentado múltiples desaciertos.

“Las bajas coberturas en vacunación infantil, la no aplicación del tamiz metabólico ampliado para detectar y tratar oportunamente enfermedades congénitas, el desabasto de medicamentos esenciales como los oncológicos, la alta prevalencia de obesidad infantil y adolescente, la ausencia de políticas de prevención y promoción de la salud para la población en general y las amenazas de cancelación de las normas oficiales mexicanas para la atención de estos grupos etarios son claros indicadores de que no se está priorizando la salud de nuestros niños y jóvenes y se está poniendo en grave riesgo su desarrollo humano para el futuro”.

Por debajo del promedio

De acuerdo con el estudio del Centro de Análisis e Investigación Fundar titulado “Desigualdad en el acceso a la salud: Un análisis presupuestario”, el gasto público en salud en México se encuentra muy por debajo del gasto promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de las recomendaciones internacionales, que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), debería de ser del 6 por ciento del Producto Interno Bruto.

En 2019, los países de la OCDE destinaron en promedio el 6.6 por ciento a este rubro, mientras que el gasto público en salud por parte del gobierno mexicano representó solo el 2.7 por ciento del PIB.

Esto implica un gasto per cápita de 555 dólares, lo que coloca al país muy por debajo del promedio de la OCDE que es de 3 mil 40.55 dólares.

“De seguir el presupuesto en estos bajos niveles, se corre el peligro de vender una “ilusión de universalidad” sin que haya cambios reales en el acceso a la salud para la población abierta. Justo por esto es de suma importancia ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención, pues en estas acciones se encuentra una de las curas para las trampas de pobreza en las cuales se encuentran inmersas las familias”, alerta Fundar.

El camino a seguir

Para garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos de manera igualitaria, se requieren, varias acciones, sin embargo, hay dos que son fundamentales.

La primera, incrementar el presupuesto para el sector salud para disminuir la brecha respecto a los estándares internacionales. Esto implicaría un incremento de al menos 3 puntos porcentuales del PIB.

Y la segunda, aumentar los recursos para el programa IMSS- BIENESTAR que se dedica a brindar servicios de salud a la población abierta.

Síguenos en Google News para estar al día
Te puede interesar