Salud mental: sin presupuesto pese a crisis de suicidios en Coahuila

A diferencia del recurso destinado para promover su imagen, el gobierno de Coahuila no destinó dinero específico para reducir los niveles de suicidios en la entidad, los cuales,  durante el sexenio de Miguel Riquelme, se mantuvieron en los primeros lugares del país, terminando en un 2023 desalentador.

Contrario a lo anterior, la Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional que estuvo a cargo de Fernando Simón Gutiérrez Pérez, erogó 2 mil 215 millones 574 mil 641 pesos durante el 2018 y el 2022, de acuerdo con el portal de Transparencia, lo que representa doce veces lo necesario para atender las carencias de los centros de salud.

El 9 de abril de 2019 fue publicada en el Periódico Oficial la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Coahuila de Zaragoza como una de las medidas para contrarrestar el aumento en las cifras de suicidios.

La ley propone capacitar al personal, elaborar protocolos, establecer convenios de colaboración con instituciones públicas y llevar un registro actualizado y confiable de los índices de suicidio en la entidad, pero en ninguno de los 18 artículos se propone destinar recursos para combatir el problema.

Lo mismo sucedió con el Programa Estatal de Salud 2017-2023 de Coahuila, publicado a inicios de la administración del gobernador Riquelme, pues en ninguno de sus apartados se habla de la entrega de recursos en particular.

De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, los seis centros de Salud sectorizados de la Secretaría de Salud de Coahuila, cuentan con tan sólo 13 psiquiatras; 3 paidopsiquiatras y 28 psicólogos clínicos para atender a más 3 millones de habitantes.

La Organización Mundial de la Salud recomienda 10 psiquiatras por cada 100 mil  habitantes, Coahuila tiene 0.03 por cada 100 mil.

Los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado revelan que en el 2020 se contabilizaron 283 suicidios.

El 2021, la misma fiscalía reportó que la cifra disminuyó ligeramente a 281 suicidios en el año, manteniendo los 8.6 por cada cien mil habitantes.

Durante el 2022, el registró de la fiscalía se elevó a los 303 casos, aumentando el promedio a 9.1 por cada cien mil habitantes.

Este panorama demuestra que del 2017 al 2022 la tasa por cada 100 mil habitantes pasó de 5.2  a 9.1 en sólo seis años.

De acuerdo con el documento publicado por el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo titulado “Análisis del Suicidio en Saltillo 2018-2021”, Coahuila ocupó el quinto lugar como la entidad federativa con mayor tasa de suicidios en el país.

La cifra más alarmante se encuentra en Saltillo, capital del estado, pues de acuerdo con los datos del sexenio en curso, tiene una tasa de 10.3 suicidios por cada 100 mil habitantes, mayor a la media mundial (9.3) y muy por encima de la media nacional (6.2).

“Yo diría que estamos estancados en todos los niveles de gobierno. Hay Decretos para integrar instituciones como psiquiatría y adicciones pero sin mayor recurso y sin mayor presupuesto […]

“La mayoría son medidas preventivas. Pero la rehabilitación en el caso de las adicciones, por ejemplo, es uno de los grandes problemas que se tienen en el tema de la Salud Mental”, explica Mario Alberto José de los Santos, psiquiatra y exdirector del Centro de Salud Mental de Saltillo.

Apatía y desinterés

A pesar de la elevada tasa de suicidios, las prioridades presupuestales no demostraron un interés en el problema.

Una de las Instituciones públicas dedicadas a administrar cuatros centros de atenciones especiales en el estado (geriatría, pediatría y psiquiatría) es el Instituto de Servicios de Salud y Rehabilitación y Educación especial e Integral (ISSREEI).

Entre los cuatro centros de salud que tiene a su cargo dicho ente público, se encuentra el Centro de Salud Mental de Saltillo (CESAME) y el Psiquiátrico de Parras.

Esta institución recibe un porcentaje de recursos por parte del Gobierno estatal y la otra gran parte es generado a través del cobro de consultas e internamientos.

La comparecencia ante el Congreso

El próximo mes de noviembre se llevará a cabo la última comparecencia del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ante el Congreso de Coahuila.

Los pocos diputados de oposición pedirán explicaciones sobre por qué no fueron contemplados en sus presupuestos recursos para la Salud Mental.

La diputada local Natalia Virgil, del Partido Acción Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Finanzas, dice que en la próxima comparecencia del gobernador Miguel Ángel Riquelme habrá que preguntarle los motivos del poco recurso destinado para esta problemática.

“Que diga las razones por las cuales no se destinó dinero a un problema tan fuerte que tenemos en el Estado como es la Salud Mental”.

Para la legisladora, la situación más grave se encuentra en la falta de espacios para atenderse.

Durante septiembre del 2022, Virgil propuso un punto de Acuerdo para realizar una auditoría al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral (ISSREEI) por la falta de claridad en el uso de los recursos públicos debido a que presentaron más de 107 millones de pesos en subejercicios.

Dicho punto de acuerdo fue rechazado por la mayoría priista del poder legislativo estatal y nunca fue dictaminado por la comisión correspondiente.

“En el congreso hemos propuesto infinidad de puntos de acuerdo y se han rechazado. Incluso hasta el mismo bloque priista ha propuesto y desconocemos por qué no se le asigna presupuesto o se generan políticas públicas para atenderlo”, comenta.

Respecto al dinero destinado para la imagen del gobernador Miguel Ángel Riquelme, la diputada, asegura que le parece grave que se le haya dado ese privilegio a nivel presupuestal.

Otras iniciativas

En lo que va del 2023, los diputados locales han realizado varias peticiones a la Secretaría de Salud y a los municipios para involucrarse en el tema de la Salud Mental.

Entre estas iniciativas se encuentra las propuestas por la diputada Yolanda Elizondo Maltos, quien en abril y mayo propuso garantizar el acceso a la Salud Mental y pidió resultados a la Secretaría de Salud en torno a las actividades que ha realizado para disminuir la incidencia, propuestas que que fueron negadas por la mayoría priista.

Las propuestas demuestran una intención de los diputados de involucrar a los municipios en la problemática más allá de pedir resultados, aumentar presupuesto o construir centros de salud.

Otro político de la misma legislatura, Álvaro Moreira, propuso que los municipios actualicen los estudios y análisis de suicidios como problemas de salud pública con el fin de contar con elementos e información confiable para ejecutar políticas públicas oportunas y precisas para la prevención.

Dicha propuesta, según el documento, tiene la finalidad de fortalecer las campañas en contra del suicidio, ya que son muchos los factores que pueden incidir en la realización de estas conductas, por lo que las acciones que se implementen deben ser adecuadas en cada región.

En el mismo tenor, la diputada Laura Francisca Aguilar Tabares, de Morena, envió un exhorto a los 38 municipios de Coahuila para realizar ferias de Salud Mental con el fin de diagnosticar a las personas de las regiones.

En las más de 16 iniciativas dentro del Poder Legislativo local relacionadas con la Salud Mental, hasta el pasado mes de junio, en ninguna se pide aumentar el presupuesto para los centros de Salud Mental o construir más clínicas.

Compras en el olvido

El gobierno de Miguel Ángel Riquelme en Coahuila deja un hoyo negro en el gasto público con recursos federalizados, zanjado sobre todo en 2021.

El sector Salud es uno de los grandes causantes del boquete sobre el cual, la administración que concluirá en diciembre debe brindar explicaciones.

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral y el Programa de Atención a la Salud tuvieron observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por las compras del ejercicio fiscal de ese año.

Las anomalías en el ejercicio de los tres programas ascendieron a más de 939 millones de pesos.

De acuerdo con lo publicado por el gobierno de Riquelme Solís en Compranet –donde deben aparecer las compras públicas con dinero de la Federación de las entidades–, los gastos correspondientes a salud suman 152 millones 498 mil 166 pesos en tanto que ese año se gastaron mil 377 millones 112 mil 23 pesos.

En 2021 la pandemia de COVID-19 estaba en pleno apogeo, pero Coahuila se enfrentaba a otro flagelo: el suicidio.

A pesar de esto, ninguna compra pública para la salud mental aparece en los gastos del Gobierno de Coahuila de ese año, no obstante la vigencia de la Ley de Prevención del Suicidio publicada en el Periódico Oficial del estado en 2019.

Las adquisiciones se concentraron en vestuarios y uniformes, sets para bombas de infusión, reactivos y productos químicos, material de oficina, ropa hospitalaria y material de laboratorio. También hubo arrendamiento de torres de laparoscopia y endoscopia, así como equipos de terapia de alto flujo.

La mayor contratación hecha por el Gobierno de Coahuila en 2021 fue por 34 millones 482 mil 377 pesos para suministro de gases medicinales para los hospitales y unidades médicas.

Se le otorgó a la empresa Tamizaje Plus, pero las razones de la asignación quedaron en la opacidad.

El Gobierno utilizó la figura de “Otras contrataciones” que no está estipulada en la Ley de Adquisiciones y permite reservarse los criterios para otorgar contratos a determinadas empresas.

En promedio, por contrato, el gobierno coahuilense gastó en salud 4 millones 236 mil 60 pesos. Es decir, del total erogado en compras públicas, el 11 por ciento fue para ese sector donde la ASF señaló un agujero negro.