La pandemia de COVID-19 va en descenso, pero los estragos a nivel mental y emocional en la población mexicana van hacia el lado contrario, así lo han señalado y pronosticado estudios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Ante esta situación, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, por el que se establece que el Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención médica de estos padecimientos.
En espera de que el documento sea aprobado y publicado en el DOF, la iniciativa también elimina el modelo psiquiátrico asilar y permite que los pacientes tengan derecho a no ser sometidos a medidas de aislamiento, contención coercitiva o cualquier práctica que constituya tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Para la psicóloga Alicia Jiménez, miembro del Movimiento Nacional Ciencia en Obesidad y del Grupo de Estudio en Bioética, las modificaciones no representan un cambio realista ni promisorio, pues para que se observen resultados efectivos deben atenderse otros factores, como el económico, de recursos humanos y de logística.
“El COVID-19 trajo consigo muchas secuelas a nivel cerebral, como la deficiencia cognitiva. Cuando esto ocurre también puede generar problemas psicosociales: estrés, frustración, depresión o bipolaridad”
“Además de los problemas económicos que dejó la pandemia, el Gobierno no es preventivo y se ocupa cuando el problema comienza a desbordarse, porque últimamente han subido los picos de suicidio.
“El problema es que el método que usaron para evaluar las necesidades de salud mental en México fueron muy deficientes. Piensan que con esas iniciativas pueden solucionar el problema, pero creo que va a seguir exactamente igual: queriendo tapar el sol con un dedo”, afirma.
A finales de 2021, la OPS informó que las tasas de ansiedad, depresión y estrés postraumático se dispararon en todo el continente, particularmente en México se documentó que estos padecimientos se incrementaron en casi un tercio de la población.
En el informe “Fortalecimiento de las respuestas de salud mental al COVID-19 en las Américas: análisis y recomendaciones de políticas de salud”, la Organización Panamericana de Salud precisó que el hecho de no priorizar la salud mental antes de la pandemia ha obstaculizado las respuestas adecuadas a las necesidades de salud mental “actualmente altas”.
Emiliano Villavicencio Trejo, jefe de posgrados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, coincide en que la atención de la salud mental en México está descuidada desde antes de la emergencia sanitaria.
“En materia de política social, poco se mira el tema de la salud mental, mientras que el de regulaciones deja mucho que desear”, explica.
A finales de 2021, la OPS informó que las tasas de ansiedad, depresión y estrés postraumático se dispararon en todo el continente
Atención integral a la salud mental
Las reformas impulsadas por la Comisión de Salud, que encabeza el morenista Emmanuel Reyes Carmona, también advierten que la atención a la salud mental deberá brindarse con un enfoque comunitario, de recuperación y con estricto respeto a los derechos humanos.
“En apego a los principios de interculturalidad, interdisciplinariedad, integralidad, intersectorialidad, perspectiva de género y participación social”, de acuerdo con la información difundida el 5 de abril pasado.
Esta propuesta es bien vista por el doctor Emiliano Villavicencio, aunque advierte que para llegar a esta integralidad se requieren más esfuerzos.
“Si leemos la iniciativa de reforma también parte de presupuestos y principios erróneos, algo que rescato es que la propuesta mira hacia una intervención integral, en donde se involucre al sistema familiar y a todos los sistemas sociales a los cuales el paciente pertenece. Eso es algo digno de reconocerse. No obstante, se apuesta demasiado a lo social”, comenta.
De este modo, advierte que si anteriormente había poca regulación en ese sentido y los tratamientos se enfocaban al abordaje individual del trastorno, ahora se propone una intervención que tiene como desventaja la posibilidad de minimizar la necesidad de un tratamiento unitario con acompañamiento.
El hecho de hacer un tratamiento que priorice lo comunitario, podría impactar de manera negativa en el núcleo cercano de las y los pacientes, debido a que podría cargarse la responsabilidad a los demás miembros de la familia.
Así lo indica la doctora Alicia Jiménez al asegurar que algunas de las personas responsables de atender o ayudar a su familia tienen que dejar de lado sus objetivos personales y planes de vida.
“Estas personas que son los cuidadores informales primarios se incapacitan, sobre todo esas familias que conviven con una persona psiquiátrica y están expuestos a que su salud mental se dañe. Es un efecto dominó negativo porque no se sale del círculo vicioso”, manifiesta.
