Salud mental, el reto para el nuevo presidente

La salud mental de los mexicanos es un tema que cualquiera que aspire a dirigir este territorio tiene que tomar en cuenta en su agenda pública. Hasta ahora, lo que se ha hecho no alcanza para reducir las cifras que ponen a México como un país que le otorga poca importancia a este tipo de enfermedades.

Por ejemplo, tres años después, durante el primer año de la pandemia, México se convirtió en el país donde más creció el número de personas con ansiedad y depresión de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ambas enfermedades aumentaron al 50 por ciento y 28 por ciento en los ciudadanos respectivamente.

Además, en México se necesitan 12 mil psiquiatras para hacer frente al problema de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se estima que en el territorio sólo hay 4 mil 600 psiquiatras de los cuales alrededor de mil 400 trabajan en el sector público.  Esto genera que en las entidades, haya un déficit del 90 por ciento de especialistas.

La Secretaría de Salud registró 173 mil 012 casos nuevos de enfermedades y trastornos en materia de salud mental sujeta a vigilancia epidemiológica, en 2022, de los cuales la depresión fue la principal causa de morbilidad en materia de salud mental, con el 76.7 por ciento (132 mil 801 casos); la intoxicación aguda por alcohol, con el 14.3 por ciento (24 mil 766 casos) y la anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios, con el 3 por ciento (5 mil 283 casos).

Asimismo, se registraron 17 mil 422 defunciones por trastornos mentales, de los cuales el 47.3 por ciento (8 mil 237 decesos) fue por suicidios, principalmente en la población de entre 15 y 44 años de edad, en donde se concentró el 71.6 por ciento de los casos.

A pesar de que se generaron reformas a la Ley General de Salud Mental para que comenzara a ocurrir un cambio, el pasado 16 de mayo del 2022, no se presentaron las condiciones administrativas para llevar a cabo las acciones que proponía la reforma.

Dichas reformas pretendían que la​​ salud mental y la prevención de las adicciones tuvieran un carácter prioritario dentro de las políticas de salud,  y privilegiaran la atención comunitaria,  intercultural y con perspectiva de género. Además, hacen énfasis en eliminar prejuicios hacia quienes acuden a recibir este tipo de atenciones.

Sin embargo, de acuerdo con las auditorías de ese mismo año realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, no se dieron las condiciones para que así fuera.

Esta auditoría fue realizada a la Secretaría de Salud y a los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) y se enfocó en analizar el diseño de los programas respectivos a la atención de la salud mental, en cómo se coordinaban las entidades del territorio mexicano para el mismo fin, y en cómo se ejerció el presupuesto, entre otros.

Entre los hospitales adscritos a los SAP se encuentran el Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, el Centro Comunitario de Salud Mental Zacatenco, el Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc y el Centro Comunitario de Salud Mental Iztapalapa, todos éstos ubicados en la Ciudad de México.

Entre los resultados que más resaltan en dicha revisión, se encuentra que la Secretaría de Salud no tenía un diagnóstico actualizado de cuáles eran las condiciones de salud mental de la población, pues estaban trabajando con información del 2013.

Además, la Secretaría de Salud no emitió las disposiciones reglamentarias que le permitieran proveer, en la esfera administrativa, lo previsto en las reformas del 16 de mayo de 2022. Esto quiere decir que no hubo reglas de cómo, en términos administrativos, se llevarían a cabo dichas reformas.

En cuanto a la coordinación con las entidades federativas, respecto a los convenios celebrados para la asignación de subsidios, en el programa presupuestario y de Prevención y Control de Enfermedades, no se incluyeron los criterios para identificar con precisión a la población objetivo de los programas presupuestales, ni para, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa, en materia de salud mental.

Además, la Secretaría de Salud no evidenció que, en el marco de la coordinación con las entidades federativas, el seguimiento ni evaluó las metas de cada estado.

Abasto de medicamentos

En cuanto al abasto de medicamentos,  los SAP no establecieron un procedimiento para identificar cuáles medicamentos necesitan las unidades médicas para el tratamiento de los pacientes con trastornos mentales.

Para esto, los SAP realizaron tres tipos de procedimientos: convenio de colaboración INSABI, procesos de contratación y compras directas, para la adquisición de 595 claves de medicamentos con 144 mil 728 piezas.

Lo anterior representó el 95.2 por ciento de las 625 claves solicitadas por las unidades médicas adscritas a los SAP y el 24.6 por ciento de las 588 mil 218 piezas de medicamentos demandadas.

A la suma de irregularidades en torno a los medicamentos, los SAP no acreditaron la evidencia sobre el número de claves y piezas de medicamentos entregadas a sus unidades médicas en 2022, y no se explicaron las consecuencias, en la atención de los pacientes, de que no se haya surtido el total de claves y piezas de medicamentos que se solicitaron.

Ejercicio del presupuesto y consecuencias

La Secretaría de Salud y los SAP reportaron, en la Cuenta Pública 2022, y sustentaron el ejercicio de mil 239 millones 569 mil 500 pesos en la atención a la salud mental.

De ese monto ejercido, el 92.1 por ciento correspondió al programa Atención a la Salud, para atender la demanda de servicios especializados y el 7.9 por ciento fue destinado al Programa Presupuestal de Prevención y Control de Enfermedades para las actividades de coordinación de la Secretaría de Salud con las entidades federativas.

En 2022, los resultados de la atención a la salud mental en los Servicios de Atención Psiquiátrica y la Secretaría de Salud mostraron que los SAP otorgaron 298 mil 750 consultas y 3 mil 225 servicios hospitalarios, y adquirieron 595 claves de medicamentos con 144 mil 728 piezas, que representan el 95.2 por ciento de las 625 claves solicitadas por las unidades médicas adscritas a los SAP.

Un año con irregularidades

Durante el 2021 se realizó una auditoría a los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) para verificar que los recursos asignados se hayan ejercido y registrado conforme a los montos aprobados a inicio del año.

En general, se determinó un monto por 13 millones 385 mil 144.73 pesos, en el transcurso de la revisión, de los cuales, después de la intervención del ASF quedaron pendientes de aclarar 13 millones 140 mil 939.67 pesos, de acuerdo con esta auditoría.

Entre los resultados que reportó el órgano auditor, se encuentra que “El Manual de Organización Específico de los Servicios de Atención Psiquiátrica” que tiene como objetivo Proporcionar información de la organización y funcionamiento de los SAP también se encuentra desactualizado, pues considera áreas que no están autorizadas en su estructura orgánica.

Asimismo, no cuenta con procedimientos claros  para el funcionamiento de los temas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y los asociados a la administración de los recursos financieros y humanos. Esto quiere decir que al momento de comprar o arrendar no se sigue un procedimiento claro para las licitaciones.

Los hospitales de los SAP, en el anteproyecto del presupuesto para el ejercicio 2021, no consideraron ocho partidas presupuestales de ocho unidades médicas. Y durante el mismo periodo, se encontraron deficiencias en los procedimientos  de 11 contratos.

Además, en un pedido de compra no se acreditó la necesidad de la adquisición de bienes y contratación de servicios de las unidades administrativas.

De ocho contratos y un pedido se determinaron deficiencias significativas en el proceso de la investigación de mercado para su adjudicación; de otros ocho contratos, no se acreditó que se realizó la investigación de mercado.

De seis contratos no se proporcionó evidencia de la documentación legal del proveedor; y de tres contratos y un pedido no se proporcionaron los oficios de notificación de adjudicación al proveedor ni se contó con la documentación legal y administrativa que debió presentar el proveedor para la firma de los contratos.

Asimismo, de dos contratos no se acreditó que se efectuó la solicitud de autorización al Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud (SS), o en su caso, a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), para no participar en la consolidación de la adquisición de los bienes adquiridos (cubre bocas), y proceder a efectuar la adjudicación directa.

Del cumplimiento de obligaciones por parte de los proveedores y prestadores de servicios, así como de la evidencia de la entrega de bienes y servicios contratados, también se determinaron observaciones.

De cinco contratos no se acreditó que el proveedor cumplió con las normas oficiales indicadas en el anexo técnico de los contratos formalizados; de 14 contratos y de un convenio modificatorio no se contó con la órdenes de suministro a los proveedores y prestadores de servicios, y de 12 de esos contratos y un pedido tampoco se acreditó que se elaboraron las actas de entrega recepción de los bienes amparados con 57 facturas.

Además, de 24 contratos no se acreditó que se emitió el documento correspondiente manifestando la constancia de aceptación de los bienes, o bien, la conformidad de satisfacción de la prestación del servicio. Esto quiere decir, que los trabajos entregados por los proveedores no cumplieron con lo estipulado en los contratos.

De los pagos de la prestación de servicio de dietas (comedor), en tres contratos y un convenio modificatorio se determinó que, de tres meses, la cantidad de dietas pagadas excedió 16 mil 789 dietas a la cantidad máxima contratada sin que se justificara dicha situación.

Una gran distancia

Antes de la reforma realizada el 16 de mayo del 2022, existió otra publicada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en la que también se establecía como prioritario el tema de la salud mental en el país.

Dicha reforma fue publicada el 15 de enero de 2013, y reformó cinco artículos —del 72 al 77—, en materia de salud mental, mismos que también fueron reformados durante los cambios de 2022.

La Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo durante el 2020 una revisión de los resultados de las reformas, que a diferencia de la que ocurrió el 2022, ésta revisó el funcionamiento de las modificaciones de la ley durante siete años.

En el dictamen de la ASF correspondiente al periodo 2013-2020, la Auditoría concluyó que la Secretaría de Salud no tenía un diagnóstico sobre la situación de la salud mental en el país, ni en qué medida los servicios de salud mental contribuyeron a que los pacientes experimenten un buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales.

Es decir, que desde hace diez años, no existe en México un diagnóstico en el cual se pueda saber si lo que se hace en materia de salud mental tiene un impacto real.

Asimismo, la carencia de este diagnóstico provocó que las actividades de prestación de servicios, difusión, capacitación, formación e investigación no estuvieran vinculadas con las principales causas de morbilidad y mortalidad asociada a problemas y condiciones de salud mental.