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Pese a la injerencia directa de la Federación con la designación de un comisionado especial, Michoacán no ha podido remontar su condición de estado fallido.
A nueve meses de haberse decretado la Comisión para el Desarrollo y Seguridad del Estado, los órganos locales de gobierno aún no alcanzan la solidez prometida. La gubernatura es la institución con mayor descrédito.
Los poderes públicos, como tal, desaparecieron en el estado desde el pasado 15 de enero, cuando la Federación tomó el control administrativo, financiero y de servicios en toda la entidad. El gobernador sustituto, Salvador Jara, solo atina a observar el desmoronamiento del estado bajo su aspiración de mando.
El efecto Ayotzinapa se siente en esta entidad. Miles de estudiantes, maestros y trabajadores han salido a las calles para engrosar la demanda de justicia para los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y, de paso pedir la destitución de Jara, a quien se le imputa “ineptitud para el desempeño del cargo”.
En las marchas se han planteado mesas de diálogo con el gobernador, al que se le acusa de no tener “oídos para nadie”, a fin de establecer un nuevo contrato colectivo de trabajo con la base trabajadora de la administración pública estatal, pero no ha dado respuesta.
Un total de 52 organizaciones gremiales han tomado las calles de las principales ciudades de Michoacán para patentar su repudio a la administración estatal que no ha podido atender los compromisos económicos más elementales de pago para todos los trabajadores del sistema de gobierno. A los proveedores se les adeudan más de 585 millones de pesos.
La Federación, que tiene el control de las tesorería estatal, hizo una revisión para identificar a los verdaderos empresarios que prestaron servicios al gobierno local en los últimos meses, toda vez que se han encontrado empresas con facturas y documentos cobrables falsos que por años estuvieron, con la complicidad de funcionarios, medrando recursos públicos.
El costo de la factura
Aunque cuestiona la forma, el diputado Reginaldo Sandoval reconoce que con la llegada de Alfredo Castillo a Michoacán se ha podido abatir la presencia del crimen organizado, aun cuando no se ha podido frenar la violencia en la mayor parte de la entidad.
El legislador lamenta que para ello, Michoacán haya tenido que perder su soberanía.
El pago de la factura para terminar con las células del crimen organizado fue la supresión de las funciones del gobierno local.
También el líder de la CNTE en la entidad, Juan José Ortega Madrigal, ha cuestionado abiertamente la independencia del gobernador sustituto, al que considera ejerce su cargo en función de las decisiones del comisionado.
“Queremos soberanía, y soberanía es que Michoacán sea gobernado por Michoacán”, remarca.
En el congreso local todas las fracciones políticas aceptan el rebase del que es objeto el gobernador, pero nadie quiere hablar sobre el tema. Todos sienten la responsabilidad de haber designado a Salvador Jara como gobernador sustituto de Fausto Vallejo. Off de record, una decena de legisladores reconocen que fueron “presionados por Gobernación para designar al sustituto”.
Fuentes cercanas aseguran que en el seno del congreso local se ha comenzado un debate para presentar en los próximos días una propuesta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que se observe la posibilidad de que el comisionado mantenga su permanencia en la entidad, al menos hasta el próximo gobernador, el que resulte de las elecciones de junio 2015.
