La opacidad en la rendición de cuentas es, sin duda, el mayor reto que tiene el gobierno para transparentar el ejercicio de los recursos presupuestales que cada año se mandan a estados y municipios.
Sobre todo, para que la sociedad conozca cuántos ingresos obtienen, cuál es su fuente, en qué y cómo se gastan los recursos públicos, y así lograr una mayor eficiencia en el manejo del gasto.
Y es que no obstante los avances logrados por algunos de los estados en esta materia, la calificación promedio para la mayor parte de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal es negativa.
Más aún, muchos estados y municipios en lugar de recaudar ingresos propios y no depender de las participaciones federativas que cada año les asigna la Federación, terminan endeudándose.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), hasta el primer trimestre de este año el saldo de la deuda de los Estados ascendía a 363 mil 422 millones de pesos.
Ello equivale al 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), explica Juan Eduardo Pardinas, director general de esta agrupación civil que mide los parámetros de opacidad en los tres niveles de gobierno.
Sólo de 2001 a 2010, los estados recibieron 392 mil 900 millones de pesos de ingresos excedentes, sin una rendición de cuentas efectiva a la federación, y cada año solicitan aumento en las participaciones federales que se establecen en el presupuesto de egresos.
Los parámetros de transparencia del IMCO revelan que las entidades que mejoraron su transparencia en la rendición de cuentas son Colima, Jalisco y Campeche.
Caso contrario fue el de Oaxaca, Tamaulipas y Chiapas que resultaron los estados menos transparentes.
Y los municipios…
Los municipios tampoco están exentos de estas malas prácticas en el manejo de los recursos públicos.
Culiacán, Chihuahua y Nezahualcóyotl son los menos transparentes del país, de una muestra de 18 municipios. La unión de capacidades institucionales y una población “más exigente” hace pensar que si en estos municipios no hay una sólida transparencia, es difícil que ésta exista en el resto de los municipios del país, destaca.
La propuesta
El proyecto para reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental obliga a que las entidades federativas y municipios transparenten la información presupuestaria y contable.
Con ello se busca conocer de dónde obtienen sus recursos las entidades (recaudación o endeudamiento) y en qué lo gastan.
La iniciativa propone la creación de un “Título Quinto” a la ley para establecer obligaciones y cerrar el paso a las tentaciones de desviar los recursos públicos.
Esta iniciativa enviada por el presidente Felipe Calderón a la Cámara de Senadores para su aprobación en los próximos 30 días naturales, es distinta a la propuesta por Enrique Peña Nieto, que se enfoca básicamente a reformar al Instituto Federal de Acceso a la Información y no tanto a las modificaciones en material de contabilidad gubernamental.