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Roberto Russildi, secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, aparece como apoderado del fideicomiso con el que Scotiabank Inverlat reclama la propiedad de tierras a los habitantes del Ejido San Nicolás, en el municipio de Escobedo.
En 1936, el entonces presidente Lázaro Cárdenas otorgó la propiedad de las tierras a un grupo de campesinos a través de un decreto presidencial.
El mes pasado, el banco canadiense interpuso una demanda de amparo para presionar a los ejidatarios del Ejido San Nicolás, y que éstos cedan el terreno de 360 hectáreas para un desarrollo inmobiliario.
Los abogados de la banca presentaron este recurso legal utilizando una escritura pública 62 mil 305 del libro 2 mil 050 en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de Nuevo León.
En este documento, en poder de Reporte Indigo, aparece el funcionario como administrador del fideicomiso con el que Scotiabank Inverlat busca quedarse con las tierras.
En la escritura pública del fidecomiso de administración de inmuebles para el desarrollo inmobiliario denominado Nueva Castilla, se señala que se revocan los poderes conferidos a Soila de León Cantú para representar a Scotiabank Inverlat, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Scotiabank Inverlat.
“Se otorga poder en favor de David Guzmán Barbosa, Ernesto Milmo Rangel, Roberto Russildi Montellano, Jesús Alfonso Castañeda Rodríguez, Édgar Gerardo Fernández Muraira, Pablo César Cardoza Guajardo y José Fernando Fuentes Urbieta».
Caber recordar que los campesinos tienen una denuncia ante el Tribunal Unitario Agrario acusando a los apoderados del fideicomiso de despojo ilegal de tierras.
En la demanda también se señala a Infonavit y al Instituto de Vivienda de Nuevo León como accionistas de este fideicomiso.
El conflicto empezó desde el 10 de septiembre del 2014 cuando los representantes legales de los ejidatarios interpusieron la demanda 1063/2014, donde precisa que la banca pretende apropiarse ilegalmente de un terreno que pasó a manos de los ejidatarios por decreto presidencial.
El tráfico de influencias
El Código Penal para el estado de Nuevo León es muy claro.
Pero para Roberto Russildi, secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, pareciera no importarle mucho.
El funcionario está participando en un juicio de amparo promovido por un fideicomiso con el que Scotiabank Inverlat busca quedarse con las tierras del Ejido San Nicolás, que pertenecen a los campesinos.
Los abogados de la banca utilizan el nombre del funcionario estatal ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, como parte de su estrategia legal.
El funcionario estaría cometiendo el delito de tráfico de influencias. Esta falta en sentido estricto consiste en que un sujeto se aprovecha de su relación personal o jerárquica, con un funcionario público o autoridad para lograr una resolución que le beneficie directa o indirectamente a él o a un tercero.
El artículo 219 bis del Código Penal Vigente de Nuevo León establece que ningún servidor público podrá gestionar negocios ajenos a su cargo.
“El servidor público que por su o por interposita persona, promueva o gestione la atención, tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión.
“Y solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto en materia de empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquier persona”, cita el artículo referente al tráfico de influencias.
Esto tendría un castigo de dos a seis años de prisión.
Roberto Russildi, secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, junto con Infonavit y el Instituto de Vivienda de Nuevo León, están en un litigio de amparo para arrebatar las tierras a campesinos del Ejido San Nicolás.
Javer busca terrenos
En la escritura pública de la constitución del fideicomiso presentada por abogados de Scotiabank en el juicio de amparo, aparece la desarrolladora Grupo Javer como una de las empresas interesada en quedarse con los terrenos del Ejido San Nicolás.
El documento señala que la intención de esta asociación sería desarrollar inmuebles en las tierras en disputa, motivo por el cual buscan por la vía legal arrebatar los terrenos a los campesinos de esta comunidad.
Javer es una inmobiliaria mediana especializada en vivienda de interés social, media y residencial en el país.
Su sede está en Monterrey; tiene presencia en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco y Querétaro.
Y uno de sus principales directivos fue Roberto Russildi, ahora secretario de Desarrollo Sustentable del Estado.
El Gobierno independiente, que encabeza Jaime Rodríguez Calderón, negó que Russildi tenga un conflicto de intereses por ser accionista de Javer, debido a que el Estado no tiene la facultad para otorgar permisos en materia de desarrollo habitacional.
Pero esta declaración dista mucho de la realidad.
Y es que el funcionario estatal actualmente está involucrado en un juicio de amparo para despojar de terrenos a un grupo de campesinos del Ejido San Nicolás, con la intención de desarrollar inmuebles en el sector.
El administrador
En la escritura pública del fideicomiso para el desarrollo inmobiliario denominado Nueva Castilla, se señala que se revocan los poderes conferidos a Soila de León Cantú para representar a Scotiabank Inverlat y se otorga poderes a Roberto Russildi como representante del mismo.
